Ante esta pertinaz situación, los obispos, sabedores de que el derecho nacional e internacional les respalda, al menos de entrada, están dispuestos a judicializar el tema
(José M. Vidal).- Los obispos están hartos de las buenas palabras del Gobierno del PP sobre la clase de Religión. Pero consideran que nunca se plasman en hechos. De ahí que aprovechasen la reunión de cortesía que mantuvieron hoy con el nuevo ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, para trazar una línea roja y exigirle que cumpla los compromisos adquiridos en esta materia.
La delegación episcopal estuvo formada por el secretario y portavoz de la Conferencia episcopal, José María Gil Tamayo, y por el presidente de la comisión de Enseñanza, el obispo de Segovia, César Franco. Sus «inquietudes» las escucharon el ministro Íñigo Méndez de Vigo y el secretario de Estado de Educación, Marcial Marín.
Tras el encuentro, en efecto, la escueta nota de prensa del ministerio reza así: «El ministro de Educación, Cultura y Deporte ha escuchado las inquietudes que le han trasladado Monseñor Gil Tamayo y Monseñor Franco y se ha comprometido con ellos a seguir trabajando juntos en lo que queda de legislatura».
Pero la verdad es que las «inquietudes» de la Iglesia en este campo son serias, profundas y vienen de antiguo, porque, como reconocen los prelados españoles, la clase de Religión está al socaire de «la alternancia política».
La tesis de la Iglesia católica es clara y contundente: El Gobierno, con la nueva ley de Educación, incumple los Acuerdos Iglesia-Estado y no respeta el marco constitucional vigente. Primero, porque no reconoce el «carácter fundamental» de la asignatura, como se postula en el ‘concordato’, una ley de rango internacional. Y segundo, no respeta el derecho constitucional de los padres a elegir la educación moral y religiosa que quieran para sus hijos.
Los obispos, indignados, le dicen al Gobierno que una de dos: O respeta los Acuerdos y, por lo tanto, la asignatura de Religión en la escuela pública tiene que tener rango de fundamental y contar con una alternativa, o que denuncie lo firmado en el año 1979 con la Santa Sede.
Y le pusieron al ministro dos ejemplos concretos de este incumplimiento: Con la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), la asignatura de Religión ha quedado reducida en horas y, además, no es de oferta obligatoria en Bachillerato.
De ahí que la Iglesia católica esté no sólo indignada, sino también decepcionada. En efecto, cuando el PP planteó una nueva ley educativa, la Iglesia vio una oportunidad de oro para que, por fin, pudiese otorgarse a la asignatura el estatus que le corresponde. Pero la puesta en marcha de la ley está conduciendo a la clase de Religión a un estatus de «maría».
Ante esta pertinaz situación, los obispos, sabedores de que el derecho nacional e internacional les respalda, al menos de entrada, están dispuestos a judicializar el tema. Y para que se vea que no van de farol, ya lo han empezado a hacer algunas diócesis. Y con éxito.
La de Mallorca, por ejemplo, consiguió que el Tribunal superior de Justicia de Baleares obligase a la administración a ofrecer obligatoriamente la clase en bachillerato. Y lo mismo hizo el arzobispado de Oviedo o los obispos andaluces. Y el ejemplo puede cundir e incluso verse impulsado por la propia Conferencia episcopal a todo el Estado.
Con todas estas ‘presiones’, los obispos tratan de salvaguardar una asignatura que, a su juicio, «ayuda a descubrir la dimensión religiosa que forma parte de la persona desde la infancia» y, con ella, los puestos de los profesores de Religión, nombrados por ellos, pero pagados por el Estado.
Y para que nadie pueda tachar a la Iglesia católica de buscar privilegios, los prelados dejan siempre muy claro que lo mismo que reclaman para el catolicismo lo piden para todas las demás confesiones religiosas de «notorio arraigo», es decir musulmanes, judíos y protestantes.
