Los familiares del dictador dispondrán de quince días para presentar alegaciones y decidir dónde trasladar sus restos
(Jesús Bastante).- La Iglesia católica «acatará el mandato legal» para la exhumación de Franco «una vez sea firme y ejecutivo». Esta ha sido la reacción del Arzobispado de Madrid tras la aprobación, por parte del Gobierno, del real decreto ley que permitirá el traslado de los restos del dictador.
Con la decisión, se sanciona el entramado legal que permitirá la exhumación de Franco, con una reforma de la Ley de Memoria Histórica que habrá de ser convalidada por el Congreso, en este caso como proyecto de ley, para permitir el mayor consenso por parte de todos los grupos parlamentarios. Este miércoles, el Gobierno aprobará el acuerdo para la incoación del procedimiento de exhumación y, desde ese instante, los familiares del dictador dispondrán de quince días para presentar alegaciones y decidir dónde trasladar sus restos. De no pronunciarse será el Gobierno quien tome esta última decisión.
Tal y como adelantó Religión Digital, la diócesis dirigida por Osoro no puso ninguna objeción a la exhumación de Franco, si bien siempre ha solicitado, durante las conversaciones mantenidas con responsables gubernamentales, que se contara con la familia de Franco. Así lo admite el comunicado, en el que subraya que la diócesis ha «insistido en que un eventual traslado de los restos mortales de D. Francisco Franco Bahamonde se debería hacer con el mayor consenso posible, particularmente entre el Gobierno y la familia del difunto».
«Como Iglesia no nos compete valorar la conveniencia ni la urgencia de la modificación legal; sí mostrar nuestra efectiva disposición para acoger en terreno sagrado los restos mortales de un bautizado», prosigue la nota, que también subraya «la oportunidad de un acuerdo» entre el Gobierno, el resto de partidos y la familia del dictador. Eso sí: «sin perjuicio de lo anterior, la Iglesia acatará el mandato legal una vez sea firme y ejecutivo».
La nota concluye afirmando que «la Iglesia católica en Madrid quiere preservar su independencia política, fomentando el espíritu de concordia entre todos los españoles y cultivando la oración para el logro de una convivencia en paz, justicia y libertad».
El comunicado de Osoro se produce después de que, en su intervención, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, omitiera intencionadamente cualquier vinculación de la Iglesia en la toma de decisiones, sabedora de que la institución no pondrá objeción alguna a la exhumación del dictador, como adelantó RD.
Tras varias preguntas sobre el particular, Calvo aseguró que «el Gobierno dispone de instrumentos, en el marco de los acuerdos con la Iglesia católica, para proceder en estricta legalidad a la exhumación de los restos». Tal y como se había acordado con el cardenal Osoro, la Iglesia no quiere ser protagonista de una cuestión que, entienden, sólo atañe a Gobierno y familia.
El decreto aprobado por el Consejo de Ministros, además, establece que el Valle de los Caídos «será un lugar de respeto a las víctimas de ambos bandos y un lugar de paz, que no es posible estando los restos del dictador en el mismo lugar», añadió Calvo.
La noticia ha sido bien acogida entre los mediadores de la negociación Iglesia-Gobierno. Así, desde Cristianos Socialistas se saludaba cómo «la tarea de tender puentes avanza e impulsa un diálogo muy necesario». El propio Carlos García de Andoin, en declaraciones a la Sexta, subrayaba «el paso que da la Iglesia católica, que inicialmente se mostró reticente incluso a participar», refiriéndose al cambio producido respecto a 2011, cuando Rouco Varela impuso la salida de Fernando Sebastián de la comisión de expertos para encontrar una salida al Valle y a los restos de Franco. Ahora, la actitud de Osoro ha sido radicalmente distinta.
Por su parte, desde la Abadía del Valle de los Caídos se continúa el silencio autoimpuesto el pasado 8 de agosto, después de que RD publicara que el prior Santiago Cantera admitía por primera vez ante los monjes que no podría negarse a una orden sancionada por el Jefe de Estado para devolver los restos que le fueron entregados en 1975 por la misma autoridad. Sobre esto, la vicepresidenta Calvo se limitó a reconocer que «me consta, a través de la abadía, de los benedictinos, que hay una posición de la familia. Nada más, es lo único que nos consta».
Desde la Conferencia Episcopal no se quiso emitir opinión alguna, aduciendo que se trata de una cuestión que compete a la diócesis de Madrid.
Éste es el comunicado del Arzobispado de Madrid
Precisiones tras la aprobación del real decreto ley que modifica la Ley de Memoria Histórica
El Gobierno ha aprobado este viernes, 24 de agosto, un real decreto ley por el que modifica la Ley de Memoria Histórica. El Arzobispado de Madrid quiere hace las siguientes precisiones:
– Desde el primer momento, hemos insistido en que un eventual traslado de los restos mortales de D. Francisco Franco Bahamonde se debería hacer con el mayor consenso posible, particularmente entre el Gobierno y la familia del difunto.
– Como Iglesia no nos compete valorar la conveniencia ni la urgencia de la modificación legal; sí mostrar nuestra efectiva disposición para acoger en terreno sagrado los restos mortales de un bautizado. También volvemos a invocar la oportunidad de un acuerdo entre el Gobierno, las distintas opciones políticas y la familia del finado. Sin perjuicio de lo anterior, la Iglesia acatará el mandato legal una vez sea firme y ejecutivo.
– La Iglesia católica en Madrid quiere preservar su independencia política, fomentando el espíritu de concordia entre todos los españoles y cultivando la oración para el logro de una convivencia en paz, justicia y libertad.
