Desde el Exilio

Miguel Font Rosell

¿Unir o separar?

 

Aproximadamente a mitad del siglo XIX, Europa era un hervidero de pequeños países, un continente en el que los enfrentamientos, desencuentros y conflictos regionales eran una constante, con multitud de fronteras, monedas y organizaciones gubernamentales de lo más variopinto, pero en 1861 se produce el nacimiento de Italia y diez años después el de Alemania, países que junto a Inglaterra, Francia, Rusia y Austria-Hungría habrían de convertirse en los protagonistas de los futuros años de desarrollo de lo que hoy forma la Europa actual, al tiempo que al otro lado del océano estallaba la guerra de secesión americana resuelta finalmente evitando tal secesión y consolidando con ello los Estados Unidos de América.
Tras dos guerras mundiales en la primera mitad del siglo XX, germinadas ambas en el corazón de la vieja Europa, en la que finalmente las dos mayores potencias, Alemania y Rusia, acabaron enfrentándose en las personas de los dos dictadores mas sanguinarios de la historia, Hitler y Stalin, con las ayudas para el vencedor en Inglaterra y Estados Unidos principalmente, un nuevo mapa dio como resultado la construcción de un telón de acero con los teóricos vencedores occidentales a un lado y el canalla soviético al otro, quien con el paso del tiempo habría de romperse y fragmentarse de nuevo en otra colección de nuevos países a los que amalgamar en lo que llamamos la Unión Europea.
Hoy la Unión Europea, ya con 28 países asociados y con gran parte de los problemas económicos tradicionales a medio resolver, va trampeando su existencia de colaboración entre países, con múltiples problemas a resolver pero habiendo ahuyentado la idea de la confrontación bélica entre sus países parte, un logro que solo puede conseguir la unión, la colaboración mutua, la coordinación internacional y una voluntad de actuar en equipo, aun soslayando siempre en lo posible todos los escollos que aquellos a quienes no les interesa la colaboración para la defensa de sus particulares intereses van dejando en el camino. Hemos suprimido fronteras, uniformado moneda y legislado buena parte de lo que rige nuestra convivencia, de común acuerdo, aunque con ciertas dificultades, sobre todo para quienes, como en el caso de España han fragmentado sus países y repartido competencias en pequeñas regiones a costa de sacrificar la fortaleza del Estado y su soberanía.
Hace unos años, con un grupo de gerentes de asociaciones empresariales de la provincia y a través de la Cámara de Comercio de Vigo, visitamos Bruselas, a los efectos de conocer las distintas instituciones europeas y su funcionamiento. Confieso que fueron varias las sorpresas, como el conocer la jungla de bufetes de influencia (lobbies), que los distintos sectores de la economía utilizan para “facilitar información” a los distintos diputados europeos en su toma de decisiones, así como las distintas “embajadas”, mas o menos disfrazadas de lagarterana con que cuentan nuestras autonomías en la capital belga, o que quien realmente decide cuando se va a tratar un asunto es el comité de interpretes, dada la enorme dificultad de coordinar tantos idiomas en las distintos comités de trabajo, pero lo que me dejó con peor cuerpo fueron las manifestaciones de un diputado europeo cuando nos explicó la presencia de España en los distintos comités internos de proposición de nueva legislación para las cámaras.
El diputado nos explicó claramente que mientras Alemania había solucionado su problema interno de competencias de los distintos Estados federales (lander), mediante la coordinación previa interior, o la cesión de competencias al Estado central, España era el único país que había traspasado la mayor parte de las competencias estatales a sus autonomías, generando con ello un importante conflicto de decisión con su consecuente perdida de soberanía, puesto que no podía ejercer el voto en aquellas materias en las que sus competencias habían sido cedidas a sus autonomías, quienes al no coordinarse para ello, debían admitir el resultado de la votación de todos los países, excluyendo el voto de España, quien no podía pronunciarse en la mayor parte de las materias a legislar. La consecuencia es que en la Europa de los 28, todos tienen voto para todo menos España, que no lo tiene para casi nada gracias al “Estado de las “Autonomías”.
En mis largos años de vida profesional dedicado al urbanismo, habiendo pasado de una ley del suelo estatal a 17 autonómicas, aun me pregunto cada día que necesidad tiene cada autonomía de legislar en materia de urbanismo, pues no existe “hecho diferencial” alguno de importancia para legislar de forma particular, diferente y autonómica en esa materia, cuando con una sola ley y pequeñas excepciones o particularidades a observar, en relación con las mínimas diferencias a considerar, sería suficiente y no tendríamos que complicar hasta la ridiculez todo el panorama urbanístico nacional en que cada autonomía se empeña en establecer pequeñas particularidades, para poder sentirse así diferente y por ello digno de consideración aparte.
Al parecer y según distintas manifestaciones, lo mismo ocurre con la práctica totalidad de materias en las que toda legislación en España se multiplica por 17, sin que por ello nada funcione mejor, sino todo lo contrario, hasta el punto que cuando la Unión Europea va abriendo fronteras a una legislación común, España las cierra en su propio territorio.
En estos momentos ocurre una de las múltiples barbaridades que ello comporta, cual es el incendio del vertedero de neumáticos de Seseña.
En 2003, una empresa llamada Disfilt solicita al ayuntamiento de Seseña, en la provincia de Toledo, de la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha, una licencia de actividad para el reciclaje de neumáticos. Poco a poco el lugar se va convirtiendo en un vertedero sin que se inicie actividad de reciclaje alguna, de manera que pasados 7 años, en 2010, el ayuntamiento deniega la actividad cuando la extensión del vertedero ocupa ya incluso terrenos del ayuntamiento limítrofe, concretamente de Valdemoro, situado en la Comunidad Autónoma de Madrid. El asunto llega incluso a los tribunales, quienes ante el abandono por parte de la empresa y el paradero desconocido de sus “responsables”, llega a declarar el contenido como anónimo poco más o menos, no sin que antes tanto el ayuntamiento de Seseña, como la Comunidad de Madrid y la Castilla la Mancha se hubieran apuntado a pretender su rentabilidad vía multa a los “culpables”, en las cantidades de 150.000 €, 90.000 € y 300.000 € respectivamente, aunque ninguno de ellos diera solución al problema y consintiese pasivamente el crecimiento del mismo. Hoy su extensión es ya cercana a los 120.000 m2, con una cantidad que supera los 5 millones de neumáticos.
El incendio es monumental, los gases tóxicos un escándalo y las administraciones empiezan ya a pasarse el muerto unas a otras, cuando entre otras advertencias, ya Ciudadanos alertó, en su día a la Comunidad de Madrid sobre los peligros anunciados por el Ministerio de Medio Ambiente sobre el particular, un Ministerio impotente, a la espera de la reacción de las dos Comunidades Autónomas, sobre quien tienen cedidas las competencias, aun cuando no solo no exista coordinación alguna al respecto, sino que como siempre la acción transcurre por la vía de la confrontación y de aquello de echar balones fuera ya que nunca pasa nada, y cuando pasa, la justicia, si actúa, lo hace al cabo de un par de lustros, cuando ya todo se ha enmarañado de tal forma, los responsables ya no están en la administración, y la “culpa” acaba perdida en una nebulosa de mutuas acusaciones, de olvidos y de tergiversaciones, que finalmente se pierde todo el asunto en un vago recuerdo.
Las Comunidades Autónomas, al parecer sirven para estar mas cerca del ciudadano (esa es la batalla que nos cuentan), como si con ello todo fuera mas sencillo, como si al ciudadano, en su misma ciudad, le importase mucho que tras una ventanilla ponga administración Autonómica, o administración del Estado (el caso de Hacienda es clarísimo), mientras lo único importante es la pronta respuesta a los problemas, algo que sin la menor duda funciona mejor cuando del Estado se trata en caso de que estén implicadas varias autonomías y se precise de una coordinación siempre inexistente.
Que las autonomías le han venido bien a España, solo lo piensan quienes se han valido de ello, han ocupado puestos de trabajo, políticos o económicos, o quienes nunca han tenido que resolver nada en lugar alguno que no sea su propia Comunidad.
Lo grave es que aquí nunca rectificamos, por muy equivocados que estemos, y seguiremos manteniendo ese anacronismo disfrazado de progreso, que solo sirve para mantener vividores y para dar mas poder, si cabe, a las oligarquías de los partidos políticos y a gran cantidad de prensa que vive de la administración, encargada entre otros menesteres de magnificar un sistema que cada día nos hace mas “diferentes”, menos soberanos, mas vulnerables y menos seguros.
Al final, ¿a que nos lleva tanta autonomía periférica?. Cataluña se quiere ir, Euskadi también, en Andalucía y Valencia la corrupción es ya algo endémico y al resto la autonomía, en lineas generales, les trae absolutamente sin cuidado.
No se trata de ser radicalmente centralistas (a Francia no le va tan mal por ello), pero si de transferir únicamente lo verdaderamente imprescindible (no se me ocurre nada trascendente) para lo cual nos podríamos ahorrar verdaderas fortunas en el presupuesto nacional, rematar con superávit, devolver deuda y ofrecer mejores servicios con ello al personal.
No caerá esa breva.

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Miguel Font Rosell

Licenciado en derecho, arquitecto técnico, marino mercante, agente de la propiedad inmobiliaria.

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