Puede haber ley sin democracia (dictadura) y democracia sin ley (anarquía), pero en un Estado de Derecho impera la ley por encima de cualquier otra consideración. Como todo en la vida, ni existen las democracias ni las leyes perfectas, pero aunque existan claras diferencias, es precisa su convivencia.
En puridad, la democracia es el ejercicio del poder por parte del pueblo, sin intermediarios, un poder que, en la práctica ha de ser materializado a través de un gobierno que se encarga exclusivamente de ejecutar las decisiones que ese pueblo adopte, de un parlamento que articule las leyes para poder llevar a la práctica estas decisiones y de un poder judicial que vele por que se cumpla la legalidad.
Las llamadas “democracias” en las que ese poder no depende del pueblo, sino de representantes “elegidos” por ese pueblo, son democracias indirectas o delegadas, más o menos perfeccionadas en función de la participación más o menos directa de ese pueblo en la designación de tales representantes. Cuando esos representantes no los propone el pueblo, sino que este se limita a elegir, !cada cuatro años!, entre listas cerradas y blindadas elegidas por partidos políticos, en las que además no predomina la elección de los mejores, sino de los más fieles a las cúpulas de los partidos, en los que además la participación popular es mínima, la democracia se convierte en algo puramente semántico, sin demasiado contenido, una auténtica caricatura o un insulto, si se quiere, al verdadero concepto de la democracia, un concepto que, como tal, no cambia con el tiempo, por mucho que pretendamos engañarnos. O el poder depende directamente del pueblo, o no se trata de democracia en el auténtico sentido de la palabra, de ahí que en España la democracia, al menos aplicada a la política, se encuentre a años luz de ser aplicada correctamente.
Pero, ¿como ha de conocer al gobierno la voluntad popular?. Existen, entre otras, dos formas esenciales de hacerlo, convirtiendo los programas electorales en programas vinculantes, con el deber de apartar del poder a quien las incumpla, pues en nada debe diferenciarse a un contrato firmado entre la parte que da la confianza (votante) y la que la ofrece, sin incumplimientos, sin engaños, o sometiendo las decisiones a la voluntad popular por medio de consultas populares o referéndums al efecto, al igual que se hace en los cantones suizos, o en gran parte del Estado americano de California, lugares en los que la democracia está muy próxima a convertirse en una auténtica realidad, tal es así que se considera la consulta popular el paradigma de la democracia, de forma vinculante si hablamos de democracias en puridad, o simplemente consultivos si de democracias delegadas se trata.
En cuanto a la ley, esta es inamovible mientras esté en vigor y por supuesto de obligado cumplimiento, aunque modificable siempre en sintonía con la voluntad popular, quien debe exigir el cambio de la ley cuando lo regulado se aleje de la conveniencia generalizada de ese pueblo al que aplicarla. Para ello, los gobiernos han de estar alerta sobre las peticiones populares de reforma de las leyes por inadecuación de las existentes a las circunstancias cambiantes de los tiempos y de las realidades imperantes, eso es lo que diferencia a una ley en democracia, de las leyes impuestas por los dictadores o por las oligarquías. Entre otras consideraciones, las diferencias, al menos teóricas, entre conservadores y progresistas está precisamente ahí, en cerrarse o dificultar cualquier modificación o en proponerlas en sintonía con el sentir de la sociedad.
Nuestra máxima ley es nuestra Constitución, confeccionada hace ya 40 años por un grupo de políticos representantes de los distintos partidos de entonces, sin contar con la voluntad popular en su confección y sometida a referéndum nacional sin más opciones que el si, o el no, a su totalidad. En estos 40 años la realidad socioeconómica del país ha variado de forma espectacular, cambiando valores, necesidades, querencias, etc. sin que la Constitución se haya adecuado lo más mínimo a tales cambios, en una actitud puramente conservadora, gobernasen unos u otros, consiguiendo que hoy en día en su lectura se encuentren cantidad de contradicciones, incumplimientos de hecho y necesidades inexcusables que nos faciliten una convivencia cada vez más deteriorada.
Aplicado lo dicho al llamado problema catalán, he de señalar que en cuanto a la ley, no cabe la menor duda que el referéndum solo lo contempla nuestra Constitución si es el Estado quien lo lleva a término, pues esa posibilidad de ser aplicado en las autonomías o en los ayuntamientos, es una facultad no traspasada a tales entidades en estos 40 años, generalmente porque a ningún político local o autonómico le ha interesado que sea el pueblo quien decida (¿donde están los políticos demócratas?), cuando puede hacerlo él directamente, de ahí que nadie haya pedido la modificación de la Constitución para poder solicitar tal transferencia.
Se les ha permitido a las autonomías que impartan la historia, geografía e idiomas que les venga en gana y como les venga en gana, produciendo auténticos esperpentos, que organicen su educación, su sanidad, su cultura, su convivencia, su discriminación entre ciudadanos de distintas autonomías etc., pero que no puedan preguntarle nada al pueblo al que en definitiva gobiernan, sobre cual es su sentir (!).
Cierto que las consultas populares las carga el diablo, pero solo si no se le da al pueblo la información que necesita para tomar decisiones, si se le mantiene en una ignorancia programada. Sería lógico pensar que si el gobierno fuera el de los mejores en cada rama del saber, la pretendida aristocracia clásica, la decisión correspondiera a tal gobierno, pero si la democracia pretende igualarnos a todos y cualquiera puede formar parte de un gobierno, en caso de disponer de la misma información y con la transparencia debida, ¿porque una consulta popular ha de dar resultados equivocados si todos disponemos de la máxima información?
Volviendo al caso catalán, el gobierno autonómico no ha parado de contar mentiras y novelas a su pueblo, al tiempo que el gobierno de la nación no da la menor información sobre pros y contras de tal posibilidad, hasta el punto en el que el catalán medio acaba por creer a quienes les “informan”, en contra de quienes, sin argumentos que contrarresten los propios, simplemente les amenazan con la aplicación de la ley, sin más consideraciones. En esas condiciones, la gente ya no quiere saber, quiere simplemente creer, creer en quien le halaga y despreciar a quien le amenaza.
Así las cosas, el pretendido referéndum es ilegal y por tanto anulable aplicando además un artículo redactado al efecto en nuestra Constitución, el vergonzante 155 cuando se pretende aplicar por defender la no celebración del acto máximo de una democracia, una consulta popular, algo que aunque aquí nos transmitan lo contrario, nadie entiende en Europa, aunque esta siga callada por temor a un resultado que, de nuevo (Brexit), perjudique sus intereses.
Se trata de un problema político de primer orden, de un enfrentamiento entre ley y democracia que nunca debió llegar tan lejos, que habrá de resolverse a través de la ley, pero dejando de nuevo una muesca más en nuestra maltrecha y utópica democracia. La solución la tuvo hace ya tiempo Rajoy y de la mano de la Constitución (empiezo a estar harto de repetirlo), convocando un referéndum nacional con una pregunta en positivo (buscando un SI) tan simple como: ¿Quiere que su autonomía siga perteneciendo al Estado español?. Como todo referéndum exige información, una campaña de dos meses desmontando falacias e informando de verdad sobre las consecuencias de todo tipo que separarse de España tendría para cualquier autonomía, contando con ello con todos los europeos que algo tuvieran que decir y en definitiva convenciéndonos a todos, daría como resultado un Si masivo e incluso con amplia mayoría tanto en Cataluña como en el País Vasco (no son tontos), pues aunque no a través del referéndum que sus políticos hubiesen querido, dispondrían de consulta popular que posteriormente no podrían ignorar. Como los resultados se pueden extrapolar y la consulta no sería vinculante al encontrarnos con una democracia delegada, cada autonomía conocería su grado de integración en España y conseguir una unidad real sería mucho más fácil de lograr, simplemente con aplicar ciertas medidas tendentes a ello y a lo expuesto en campaña.
La actitud cobarde, ultraconservadora y enfermiza, a no dar información al ciudadano, con quien no cuenta en lo más mínimo, por parte de Don Tancredo, “plasma” y plasta Rajoy, hoy nos tiene entregados a enfrentamientos y descalificaciones entre todos y a una solución que solo parece abocada a la aplicación del artículo 155 de la Constitución: “Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.”
Así las cosas y en el supuesto de que el gobierno catalán quiera llevar adelante su pretendido referéndum, a cerca de 10 días de celebrarse, aun nadie sabe que actitud va a tomar Rajoy en aplicación del último párrafo del citado 155, párrafo que parece a la medida de su ambigüedad: “podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.” ¿Que significa eso para un personaje que no se moja nunca?. Depende…
Algo si debe quedar claro el 2 de octubre, pase lo que pase: Es imperativo un amplio debate nacional sobre la necesidad de modificar nuestra Constitución, un debate en el que quepamos todos, donde el poder central recupere atribuciones que nunca debió perder, pero donde también contemple realidades ajenas a las que imperaban en España hace 40 años. Nos costará, pero en nada podremos avanzar con mentes que piensan que los problemas los arregla… el tiempo.