De nuevo, la negligencia de muchos, la irresponsabilidad de todos y el escaqueo universal, serán los protagonistas habituales de un nuevo culebrón en los tribunales, a la hora de repartir responsabilidades, indemnizaciones, culpabilidades y rentabilidades políticas, a costa de cerca de 500 víctimas de un sarao veraniego.

De momento, lo habitual: nadie tiene la culpa o la tiene el otro, ya que la autocrítica y la responsabilidad, en nuestra vergonzosa clase política, brillan por su ausencia en tales avatares.

Con lo que de momento sabemos, y sabremos mucho más, los protagonistas, por ahora son siete, a saber: las víctimas, los conocedores de la situación, la empresa organizadora, la Zona Franca, la empresa constructora que ejecutó la plataforma, la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento de Vigo. 

Las víctimas no parecen demasiado culpables de nada, aunque ya alguno ha insinuado que si no hubieran saltado…

Al poco de producirse la catástrofe, nos enteramos por declaraciones de entrevistados, que al parecer la situación de ruina inminente de la plataforma era conocida desde hace mucho tiempo por usuarios de la zona, por los propios marineros del Náutico y quizá incluso por el propio personal del puerto, sin que nadie, o casi nadie, que se sepa, hubiera dado cuenta de ello a quien corresponda.

La empresa organizadora podría tener cierta responsabilidad en cuestión de vulneración de aforos, si estos hubieran sido fijados por zonas, ya que es evidente que sobre tierra firma pudieran haber ocurrido otros destrozos, pero no el hundimiento producido.

La Zona Franca, al parecer fue la redactora del proyecto de la plataforma hundida, proyecto que habrá que poner en entredicho al igual que la dirección de obra, pues aunque la plataforma en cuestión hubiese sido diseñada únicamente como paseo con una sobrecarga baja, es evidente que el estado de deterioro, con solo cerca de 40 años de existencia, denota una falta absoluta de profesionalidad, que bien pudiera ser achacable a los autores del proyecto, a los directores de obra o a la empresa constructora, pero a los directores de la obra y a los de su ejecución material, parece incuestionable, pues entre otras cuestiones, en ambientes marinos, tanto el hormigón como los recubrimientos de las armaduras deben ser otros que los no afectados por tales agresivos ambientes. En este sentido hoy se asegura que la plataforma fue calculada para una sobrecarga de 1.000 kg/m2, lo cual y con todas las reservas, pongo muy en entredicho, sin conocer el proyecto.

La empresa constructora, también parece evidente que ejecutó la obra negligentemente, con independencia de que el proyecto fuese concebido solo para bajas cargas, o no, pues el hecho de que los recubrimientos de las armaduras del hormigón hubiesen saltado desde hace ya mucho tiempo, que dicha armadura colgara del forjado y en un estado de oxidación lamentable, de haberse acometido la obra con responsabilidad no hubiese sucedido, ya que el hormigón armado aun en una situación de proximidad a un ambiente marino, de estar bien ejecutado no tiene porque llegar a tal estado de deterioro.

La Autoridad Portuaria es la dueña de la plataforma y por tanto, en el caso de no existir un convenio que indique lo contrario, como es el caso, la responsable primera de mantener la propiedad en perfectas condiciones de mantenimiento y seguridad. La lógica del convenio, debería asignar al ayuntamiento el mantenimiento y conservación del pavimento, sobre todo cuando ha de ser de uso público, dejando al Puerto la infraestructura, aunque conociendo ya las determinaciones de tal convenio y que este, en cuanto a lo que nos ocupa, únicamente especifica que es el ayuntamiento quien se hará cargo del mantenimiento de la plataforma, habrá que suponer que se refiere a toda la plataforma y no solamente a la parte superior, la que pisan los ciudadanos, y ello en base a que si el redactor del convenio hubiera querido que así fuese, así lo hubiese redactado, ya que de pretender que solo se tratase del pavimento así se hubiese especificado, algo que no solo no hace, sino que cita textualmente que la actuación del ayuntamiento ha de ser para “todo”. 

De todas formas, el Puerto, como propietario de la plataforma, ha de saber inexcusablemente la carga que puede soportar su instalación y que esta, sin lugar a dudas, no fue confeccionada para una aglomeración de jóvenes que además del peso propio suelen saltar al unísono, como ocurre ya en tantos conciertos, lo que agrava considerablemente la cuestión. También, y aunque no fuese su competencia la autorización de la ocupación, como conocedora de la celebración del evento en sus propiedad, debería haber avisado al ayuntamiento del riesgo de utilizar la plataforma para otros usos que no sean los de paseo.

Finalmente el Ayuntamiento parece el principal responsable, pues se trata de quien autoriza la ocupación, siendo perfecto conocedor de los aforos que esas celebraciones traen consigo, del peso y sobrepeso que los conciertos provocan, y de que tiene como misión, con anterioridad a dar la autorización, de proceder a una inspección del recinto, inspección que simplemente con observar la parte baja de la plataforma, separada del mar varios metros y a la vista simplemente con agacharse o verla desde los pantalanes, como al parecer hacen los usuarios del náutico y el personal de marinería, ya se hubiese puesto de manifiesto su estado de ruina inminente. ¿Donde están esos informes, necesarios para poder autorizar el evento?. ¿Habrá que convencer acaso a algún pardillo para que haga un informe más o menos ambiguo, a toro pasado, que pueda exonerar al alcalde de su responsabilidad?

Analizado el asunto desde la perspectiva de 40 años de técnico de la construcción, hay que descartar absolutamente protagonismo alguno al pavimento de madera, ya que aunque en un estado bastante lamentable de conservación, al parecer debido a la ya tradicional irresponsabilidad municipal cuando no se trata de una obra nueva que coseche rentabilidad en las urnas, nada aporta a la falta de apoyo o al colapso de la estructura. Se ha hablado también del posible colapso de algún pilote, algo que no habría que desechar pero que no parece muy probable, entre otras cosas porque el estado del forjado, su escasa entidad, su falta de soporte para la carga sometida y su rotura cortante en las entregas, hacen del forjado en cuestión el posiblemente único responsable de la caída.

Pasando al aspecto político, hay que manifestar que hoy en día, tanto Ayuntamiento, como Zona Franca, como Autoridad Portuaria, dependen del PSOE, aunque este último organismo está regido por un militante del PP, ya que tradicionalmente es la Xunta quien propone el cargo al gobierno de la nación y actualmente aun sigue la misma Autoridad que lo llevaba antes del cambio de gobierno.

Veamos, no obstante, el origen de todo este embrollo: Corría el año 1992, concretamente el 2 de noviembre, en el que Ayuntamiento de Vigo, cuyo alcalde era a la sazón Carlos González Príncipe (PSOE), siendo presidente de la Zona Franca, Francisco López Peña (PSOE), presidenta del Puerto, Elena Espinosa (PSOE) y Director General de Puertos del Estado, Fernando Palao (PSOE), firman un convenio en el ámbito de la actuación “abrir Vigo al mar”, en el que Zona Franca se compromete a ejecutar el proyecto, el Puerto a pagarlo y supervisarlo y el Ayuntamiento al “mantenimiento de TODA la actuación en perfecto estado de conservación (apartado VI del convenio)”. En aquel momento, Abel Caballero era diputado por la provincia de Pontevedra y, como tal, perfectamente conocedor del mencionado convenio, que tuvo además una importante repercusión mediática.

Como al parecer la discusión en la actualidad versa sobre quien tenía la responsabilidad del mantenimiento de la plataforma en cuestión y concretamente de la estructura de hormigón armado de soporte del pavimento, la lectura del apartado VI del convenio nos lo deja absolutamente claro, al manifestar que el ayuntamiento es el responsable del mantenimiento de TODA la actuación, en perfecto estado de conservación, no únicamente del pavimento, lo que no se expresa en ningún apartado del convenio, sino de TODA la plataforma, y en el término “toda” se entiende también la estructura de soporte que finalmente, tras 26 años de abandono por parte del ayuntamiento, acabó colapsando, dándose la circunstancia que ni siquiera el pavimento fué mantenido por el ayuntamiento, lo que debería haber tenido lugar si el propio ayuntamiento se sintiera únicamente responsable del pavimento, como argumenta su alcalde, quien como único argumento se dedica a mostrar planos en los que figura que la zona se trata de un área reservada al puerto, lo cual no tiene nada que ver con quien ha de conservarla, en función de un convenio de plena vigencia.  

De momento no tengo todavía noticias de quien era la empresa constructora que lo construyó, pero si es evidente que Abel Caballero, responsable de la Autoridad Portuaria desde septiembre de 2005 hasta junio de 2007 (periodo en el que tampoco llevó a cabo mantenimiento alguno, si como dice ahora opinaba que era el Puerto quien debía mantener la estructura) y alcalde de Vigo desde entonces hasta ahora, no solo fue el máximo responsable del puerto durante 2 años, cuando al parecer, y por manifestaciones de usuarios, la plataforma en cuestión ya se manifestaba dañada en su casi totalidad, sino que desde hace 11 años viene autorizando la celebración que nos ocupa, hasta su total colapso, sin que hasta ahora, se haya inspeccionado el estado de tal elemento de uso público, al parecer de total conocimiento por parte de los usuarios del náutico, o bien conociéndolo (esperemos que no sea así) hizo caso omiso al peligro que ello habría de suponer, en aras de no suspender un evento que siempre ha pretendido rentabilizar políticamente (desde el primer momento ha sostenido que todos los informes eran positivos. ¿Donde están esos informes?). 

De hecho, este personaje tiene sobre sus espaldas el ser el autor de la autovía que ha causado más muertes y accidentes en España desde su construcción hasta hoy, algo de lo que nunca se ha arrepentido, ni reconocido su error, llegando incluso a culpar, en un alarde de hipocresía muy propio de su persona, al gobierno central, de que Vigo disponga de tales accesos. 

Otro tanto ha hecho con la grada de rio del estadio municipal de Balaidos, que durante años ha dejado que se arruinara sin llevar a cabo obra alguna de mantenimiento, para luego, cuando la ruina era inminente y ya caían las chapas de cubierta, ponerse las medallas de remodelar un estadio que para nada necesitaba tal remodelación, de haber llevado a cabo el mantenimiento adecuado en cada momento, aunque ello diera menos votos a la hora de recoger los frutos de una política de pueblo con presupuesto de ciudad, de mentir permanentemente, de culpar siempre de todo a los demás, de no invertir absolutamente nada en el mantenimiento de obra alguna de autoría ajena a la suya, y de llevar al huerto a un pueblo al que ha enfrentado a todo y a todos y al que se convence con cuatro chucherías y demagógicas exaltaciones de rancio localismo, todo ello desde la ayuda incondicional de unos medios que siempre han respondido a sus propios intereses de supervivencia, a ocultar cualquier argumento en su contra, a magnificar sus ocurrencias y a no dar cancha a adversario alguno por encima de su deber de imparcialidad y de mantener informado verazmente al pueblo al que se dirigen. ¿Se puede entender que todavía hoy no hayan publicado ni el convenio, ni la parte del convenio que adjudica “toda” la conservación y mantenimiento de la plataforma al ayuntamiento, y por tanto de responsabilidad plena del alcalde?

Hoy, tanto el Presidente de la Autoridad Portuaria como el alcalde de Vigo echan balones fuera y ninguno se siente responsable de nada.

Iniciada la via judicial, que con toda seguridad habrán de emprender algunos o la mayoría de los afectados, quizá los siete protagonistas mencionados aumenten considerablemente, ya que los máximos “responsables” enunciados, culparán evidentemente a sus técnicos, a algunos funcionarios, saldrán a relucir ciertas corruptelas, adjudicaciones fraudulentas, financiación de partidos, etc., y me temo que al final el culpable de todo acabará siendo cualquier “pringao» al que colgarle el muerto (afortunadamente no ha habido muertos, que se sepa), pero dadas las circunstancias bien pudiera haberlos.

Es evidente que según vayan pasando los días, se sepan más cosas, tanto las aquí enunciadas como otras de nuevo cuño, la carga de culpabilidad sobre la mayor parte de los agentes enunciados se irá haciendo mayor, en paralelo a la caradura, la irresponsabilidad y la falta de entrañas de buena parte del personal implicado.

A mi particularmente me escandaliza el pensar que vivimos en un país en el que ante esta catástrofe, existan multitud de ciudadanos conocedores del estado lamentable de la plataforma y que ninguno, o casi ninguno, manifestara por escrito su preocupación por el riesgo eminente que conocían, así como que ese conocimiento no llevara a conclusiones de evitación de riesgos. En este sentido, he de decir que en un club náutico al que pertenezco, ocurrió una situación similar y procedí a notificar por escrito al club el estado de ruina de un muelle, sin resultado alguno a la primera carta, lo mismo ocurrió con la segunda, y al amenazar en la tercera con dar conocimiento sobre el particular en el juzgado de guardia, rápidamente se llevaron a cabo las obras de construcción de un nuevo muelle, hoy perfectamente rematado y en perfecto estado de conservación. 

Desgraciadamente, no somos un país en el que lo público sea lo que implique mayor respeto y consideración por encima de intereses privados, bien economices o de poder, dándose el caso de que hoy tenemos una vicepresidenta del gobierno (PSOE) que manifestó en su día, que el dinero público no era de nadie, en lugar de aceptar que es de todos, y que todos debemos tener la conciencia de cuidarlo, de su importancia y de velar por su mejor aprovechamiento. Si absolutamente increíble resulta el que personajes de estas cataduras puedan ostentar cargo alguno, lo que ya clama al cielo es que uno sea Presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias y la otra (ambos cargos, a dedo) Vicepresidenta del Gobierno de la nación.

De momento, y a mi entender, con los datos actuales, alcalde de Vigo sobre todo, presidente de la Autoridad Portuaria y posibles técnicos implicados, los primeros responsables. Habrá que ver, por otra parte, la responsabilidad de autores del proyecto, directores de obra y empresa constructora, así como de los presidentes de la Zona Franca y del Puerto cuando fue construida la plataforma, sin descartar aquellos ciudadanos que ahora manifiestan su conocimiento sobre el estado ruinoso de la plataforma, sabiendo que se iba a llevar a cabo el evento en cuestión, y sin que hubieran denunciado nada al respecto.

De momento, ni un solo culpable,… aunque casi todos lo parezcan.