Desde el Atlántico

Carlos Ruiz

¿Sobran las Diputaciones Provinciales?

Una de las obsesiones del nacionalismo gallego es la pretensión de suprimir las Diputaciones Provinciales. Hay que decir, en rigor, que es una obsesión importada desde el nacionalismo catalán. Hasta ahora, quien defendía esta propuesta era mayormente el BNG, pero parece que el PSOE-PSdG ha decidido incorporar esta pretensión en su loca carrera por ser más nacionalista gallego que el BNG. El ministro José Blanco acaba de preguntarse “¿Tiene sentido que en una Administración tan descentralizada que sigan existiendo las diputaciones provinciales?” Resulta que, tras la pregunta de Blanco, algunos dirigentes socialistas , como Abel Caballero, se han atrevido a decir que habría que suprimir las diputaciones ¡por Real-Decreto! Afortunadamente, otros con más sensatez, como Fernández Moreda, insisten en la importancia de las Diputaciones mientras haya Ayuntamientos con escasos recursos. Pero, ¿realmente sobran las Diputaciones Provinciales?

Si hay algo que la ruina económica de España pone de manifiesto es que hay que recortar gastos. Pero hay que saber qué gastos deben recortarse primero. La “ofensiva” contra las Diputaciones creo que es, la la vez: “ideológica” (en el peor sentido del término), “anti-social”; económicamente insuficiente, e inconstitucional.

1. Ideológica
La ofensiva contra las Diputaciones esconde una motivación ideológica que no es otra que suprimir todas aquellas instancias que puedan relativizar lo que para los nacionalistas es un “absoluto”, su pretendida nación gallega.

2. Anti-social
Pero, en segundo lugar, es una ofensiva “anti-social”. ¿Por qué? Porque la esencia de las Diputaciones Provinciales es la redistribución. O sea, que a través de las Diputaciones, se transfieren bienes y servicios desde los municipios más ricos a los más pobres. Por otro lado, el porcentaje de gasto de personal en el gasto total de las Diputaciones es muy inferior al de otras administraciones públicas y ronda entre el 35% de la de Orense al 16% de la de Pontevedra. Llama la atención que la “izquierda” solicite la supresión de esta institución social por excelencia. ¿Qué sería de los municipios pobres si no hubiera Diputaciones? Pues el mayor de los olvidos porque nadie puede esperar que un gobierno autonómico vaya a dedicar inversiones a los municipios pobres si están poco poblados y la inversión tiene poca rentabilidad electoral. De ahí la importancia social de las Diputaciones.

3. Económicamente insuficiente
La supresión de las Diputaciones es, en tercer lugar, económicamente insuficiente en comparación con otras fuentes de gasto público. Hagamos un cálculo: las cuatro diputaciones gallegas suman un presupuesto de 520 millones de euros, mientras que el presupuesto de la Xunta es de 11.700 millones. Hagamos otro cálculo: la TVG tiene un presupuesto de 145 millones, arrastra una deuda de 50 millones y apenas da empleo a mil personas: ¿por qué no se pide entonces la supresión de la TVG y no de las Diputaciones?

4. Inconstitucional
Finalmente, es notorio que la supresión de las Diputaciones es inconstitucional. El artículo 141.2 de la Constitución es muy claro al decir que “el gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo”. Por tanto, la supresión de las Diputaciones exige una reforma constitucional. Y la pregunta, entonces, surge por sí sola: si de reforma constitucional se trata, ¿por qué no reformar la Constitución para disminuir el gasto público racionalizando as competencias y órganos autonómicos?

NOTA
[Este texto reproduce el artículo publicado en la edición de Galicia del ABC el día 11 de junio del presente año]

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Autor

Carlos Ruiz Miguel

Catedrático de Derecho Constitucional Director del Centro de Estudios sobre el Sahara Occidental Universidad de Santiago de Compostela

Carlos Ruiz Miguel

Catedrático de Derecho Constitucional
Director del Centro de Estudios sobre el Sahara Occidental
Universidad de Santiago de Compostela

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