¿SON las autonomías mini-Estados? El ex presidente Aznar (el gobernante con el que España alcanzó su mayor prosperidad en los tiempos recientes) ha planteado el problema. Y, como siempre que habla, muchos se han lanzado contra él. Pero ¿se ha equivocado? Me temo que no, y pretendo argumentarlo.
El «nacionalismo» sostiene que «cada nación debe tener su propio Estado». Este dato esencial trata de ocultarse hoy día. Pero hay que tenerlo muy presente para comprender la crisis del Estado autonómico. Desde que la Constitución de 1978 permitió la creación de Comunidades Autónomas, tanto el Estatuto catalán de 1979, como la obra de los gobiernos nacionalistas creados al amparo del mismo, y el nuevo Estatuto de 2006 se explican desde la obsesión del nacionalismo catalán por crear un «Estado» catalán para la supuesta «nación» catalana.
El catalanismo ha creado casi todos los órganos propios de un Estado, para que en el momento de una eventual separación, ya exista la estructura político-administrativa que haga posible esa independencia. Si el Estado de la Nación Española tiene un Tribunal de Cuentas, el «mini-Estado» de la «nación» catalana también. Y lo mismo ocurre con otros órganos: Consejo de Estado, Defensor del Pueblo, Tribunal de Defensa de la Competencia, Consejo Económico y Social, Agencia de Protección de Datos Personales… y hasta el Tribunal Constitucional remedado como «Consejo de Garantías Estatutarias» (copiando, por cierto, el nombre del Tribunal Constitucional de la Segunda República Española: «Tribunal de Garantías Constitucionales»). Esta actividad «para-estatal» del nacionalismo catalanista se ha tratado de extender a todos los campos propios de un Estado: relaciones internacionales, administración de justicia, policía, educación, sanidad, etc.
El problema es que las demás regiones españolas tienen a su vez otra obsesión, que es la de ser como la catalana. Y eso hace que traten de copiar su «mini-Estado». Esta obsesión es especialmente grave en el nacionalismo gallego que considera al catalán su «faro». Es un hecho que el Estatuto de Galicia de 1981 y la obra de los gobiernos regionales creados al amparo del mismo han tratado de copiar los órganos (Consejo de Cuentas, Defensor del Pueblo, Consejo Económico y Social, Tribunal Gallego de Defensa de la Competencia, …) y la legislación que creaba la autonomía catalana, muy en particular, la legislación lingüística. El proceso imitativo se pretendía continuar con un nuevo Estatuto de Galicia en la senda del catalán.
Los hechos son los hechos. Y me temo que las palabras de Aznar no están alejadas de los mismos.
NOTAS:
1º. Este artículo se publicó originariamente en el diario ABC, edición de Galicia, el día 5 de febrero de 2011.
2º. En el texto escrito en papel hay un lapsus al haber escrito «Tribunal de Garantías Estatutarias» en lugar de «Consejo de Garantías Estatutarias».
