Desde el Atlántico

Carlos Ruiz

TC portugués: suprimir la extra de Navidad a los funcionarios, inconstitucional

Una de las medidas que ha adoptado el Gobierno para disminuir los gastos ha sido la de suprimir la paga de Navidad a los empleados públicos (funcionarios y contratados laborales de la Administración). Conviene apuntar que la medida no es original sino que está (o ha sido) inspirada en el exterior. Uno de los lugares en los que se ha aplicado es Portugal. Pues bien, el Tribunal Constitucional portugués, en una sentencia de 5 de julio de 2012 ha declarado INCONSTITUCIONAL esa medida por violar el principio de «igualdad en el reparto de las cargas públicas». Sin embargo, el tribunal portugués también ha establecido que la medida sólo tenga efectos a partir de 2013.

I. LA IMPORTANTE SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PORTUGUÉS
En el Estado portugués, antes que en el Estado español, se aprobaron medidas para cumplir con el «rescate» (el «Programa de Asistencia Económica y Financiera», PAEF). En la Ley de Presupuestos para 2012, aprobada el año pasado, se aprobó la eliminación de la paga de Navidad para los empleados y cargos públicos.
Dicha decisión fue recurrida por un grupo de diputados de la Asamblea Nacional portuguesa por considerar, entre otros motivos, que la supresión de la paga de Navidad suprime el principio de igualdad y el de proporcionalidad.
El Tribunal Constitucional, en una sentencia de 5 de julio de 2012, aprobada por ocho votos a favor y tres en contra, ha dado la razón a los recurrentes y ha declarado que la supresión de la paga extra a los empleados públicos, durante los próximos tres años, sumada a la previa congelación de los salarios de los empleados públicos, contrasta con con el hecho de que los ciudadanos del sector privado no asumen del mismo modo las cargas públicas, habiendo entre ambos grupos una enorme diferencia que implica una grave quiebra del principio constitucional de reparto equitativo de las cargas públicas.
Por su interés, reproduzco los pasajes más importantes de esta sentencia (la traducción es mía):

Estas medidas tendrán una duración de tres años (2012 a 2014), lo que determinará la producción de efectos cumulativos y continuados de los sacrificios a lo largo de este período, a lo que se añade la congelación de los salarios y pensiones del sector público, verificado en los años de 2010, 2011 e 2012, y cuyo mantenimiento en los años siguientes se encuentra previsto en los memorandos que componen el PAEF, lo que, conjugado con el fenómeno de la inflación, resulta en una reducción real de esos salarios y pensiones equivalente a las tasas de inflación verificadas en todos esos años.
Ahora bien, ninguna de las imposiciones de sacrificios descritas tiene equivalente para la generalidad de los demás ciudadanos que obtienen rendimientos provenientes de otras fuentes, independientemente de sus montantes.
La diferencia de tratamiento es de tal modo acentuada y significativa que las razones de eficacia de la medida adoptada en la prosecución del objetivo de la reducción del déficit público para los valores apuntados en los memorandos de entendimiento no tienen valor suficiente para justificar la dimensión de tal diferencia, tanto más que podría configurarse el recurso a soluciones alternativas para la diminución del déficit, bien por el lado del gasto (v.g., las medidas que constan en los referidos memorandos de entendimiento), bien por el lado de los ingresos (v.g. a través de medidas de carácter más extenso y efecto equivalente a la reducción de rendimientos). Las referidas soluciones, pudiendo revelarse suficientemente eficientes desde el punto de vista de la realización del interés público, permitirían un alivio de la situación de aquellos otros contribuyentes que obtengan remuneraciones o prestaciones sociales pagas por presupuestos públicas.
De ahí que sea evidente que el diferente tratamiento impuesto a quien obtenga remuneraciones y pensiones por fondos públicos sobrepasa los límites de la prohibición del exceso en términos de igualdad proporcional.
A pesar de reconocerse que estamos en una gravísima situación económico-financiera, en que el cumplimiento de las metas del déficit público establecidas en los referidos memorandos de entendimiento es importante para garantizar el mantenimiento de la financiación del Estado, tales objetivos deben ser alcanzados a través de medidas de disminución de gastos y/o de aumento de ingresos que no se traduzcan en un reparto de sacrificios excesivamente diferenciado.
A mayor abundancia, cuanto mayor sea el grado de sacrificio impuesto a los ciudadanos para la satisfacción de los intereses públicos, mayores son las exigencias de equidad y justicia en el reparto de esos sacrificios.
La referida situación y las necesidades de eficacia de las medidas adoptadas para hacerle frente, no pueden servir de fundamento para dispensar al legislador de la sujeción a los derechos fundamentales y a los principios que estructuran el Estado de Derecho, en especial a criterios como el principio de igualdad proporcional. La Constitución no puede ciertamente quedar ajena a la realidad económica y financiera y en especial a la verificación de una situación que se pueda considerar como de grave dificultad. Pero la Constitución posee una específica autonomia normativa que impide que los objetivos económicos o finan­ceiros prevalezcan, sin cualesquiera limites, sobre criterios como el de la igualdad, que la Constitución defiende y debe hacer cumplir.
De este modo se concluye que las normas que prevén la medida de suspensión del pago de la retribución extraordinaria de Navidad o cualesquiera otras pagas extraordinarias, ya sea para personas que obtengan remuneraciones salariales de entidades públicas, ya sea para personas que obtengan pensiones de invalidez o jubilación a través del sistema público de seguridad social, durante los años de 2012 a 2014, violan el principio de igualdad, en la dimensión de la igualdad en el reparto de las cargas públicas, consagrado en el articulo 13.º de la Constitución.

Conviene advertir, no obstante, que utilizando la facultad que le concede el artículo 282.4 de la Constitución portuguesa, el Tribunal ha restringido los efectos de esta sentencia para que no se apliquen para este año 2012, de suerte que, pese a declararse inconstitucional la medida, se mantendrán sus efectos este año y sólo a partir del año 2013, la declaración de inconstitucionalidad operará plenos efectos anulatorios. Esta restricción de los efectos anulatorios de la sentencia ha contado con la oposición de tres magistrados del Tribunal (Catarina Sarmento e Castro, Carlos Pamplona de Oliveira, J. Cunha Barbosa).

II. EL CASO EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA
El caso español es muy parecido, pero ligeramente diferente del portugués.

La Constitución portuguesa dice:

Artículo 13
Princípio de igualdad
1. Todos los ciudadanos tienen la misma dignidad social y son iguales ante la ley.
2. Nadie puede ser privilegiado, beneficiado, perjudicado, privado de cualquier derecho o exento de cualquier deber en razón de ascendencia, sexo, raza, lengua, territorio de origen, religión, convicciones políticas o ideológicas, instrucción, situación económica, condición social o orientación sexual.

La Constitución española, por su parte, afirma:

Articulo 14
Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Artículo 31
1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio

El contenido de ambos textos, siendo diferente es equiparable.
¿Cabría un recurso de inconstitucionalidad contra las medidas del Gobierno Rajoy suprimiendo la paga extraordinaria de Navidad a los funcionarios públicos?
Entra dentro de lo razonable.
Cuestión distinta es que el razonamiento del TC español vaya a ser igual que el del TC portugués.
En lo que, me temo, nos vamos a diferenciar de nuestros hermanos portugueses es en la celeridad con la que el TC resolvería este asunto si se formula el oportuno recurso de inconstitucionalidad… Y es que el Tribunal Constitucional español hace no muchas semanas acaba de resolver un recurso de inconstitucionalidad presentado… hace 13 años.

NOTA
Hoy, 23 de julio, en el diario jurídico «La Ley» (Nº 7907, 23 Jul. 2012) se publica un texto firmado por Mercenario VILLALBA LAVA, Doctor Europeo en Derecho, titulado «Comentario a la STC portugués 353/2012 de 5 de julio, que declara inconstitucional, la supresión de las pagas extraordinarias de vacaciones y navidad de los empleados públicos y jubilados durante los años 2012, 2013 y 2014».

El autor del artículo no cita en su trabajo este blog que ha dado en España, que yo sepa, la primicia absoluta de la noticia y un comentario, aunque mínimo, sobre dicha sentencia.

Autor

Carlos Ruiz Miguel

Catedrático de Derecho Constitucional Director del Centro de Estudios sobre el Sahara Occidental Universidad de Santiago de Compostela

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Carlos Ruiz Miguel

Catedrático de Derecho Constitucional
Director del Centro de Estudios sobre el Sahara Occidental
Universidad de Santiago de Compostela

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