Desde el Atlántico

Carlos Ruiz

Caso Pokemon (II): presunción de inocencia, entre el derecho y la política

En el anterior artículo comentaba los problemas que se pueden suscitar cuando los jueces detienen a concejales. Ahora quisiera tratar de otro de los puntos debatidos cuando se producen detenciones de políticos que es el del alcance de la «presunción de inocencia».

I. LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA: UN ESTATUTO ESPECIAL DEL ACUSADO DURANTE EL PROCESO PENAL
La «presunción de inocencia» es una institución jurídica que contiene un estatuto especial del acusado (en sentido amplio, acusado, imputado, procesado) mientras dure el proceso penal (o sancionatorio) abierto contra él.
Esto ya nos revela que la «presunción de inocencia» es algo diferente a lo que se suele considerar vulgarmente.
Una persona protegida por la «presunción de inocencia» no es «igual» que el resto de los ciudadanos… por la sencilla razón de que el común de los ciudadanos no tiene que afrontar un proceso penal.
Con la «presunción de inocencia» lo que se pretende es articular una situación paradójica. La paradoja estriba en que:
– por un lado, un órgano del poder judicial (el juez instructor) considera que no está claro que un determinado individuo sea inocente….
– y, por otro lado, otro órgano distinto de ese mismo poder judicial (el tribunal juzgador y sentenciador) debe decidir si ese individuo es inocente o culpable sin tener prejuicios debido al hecho de que el juez instructor haya considerado previamente que no esté claro que el sujeto sea inocente.
En definitiva, la diferencia fundamental entre un ciudadano normal y un imputado/procesado es que sobre este último hay un poder público (el juez instructor) que cree que el «imputado/procesado» puede ser culpable… cosa que no se opina de un ciudadano normal.

II. LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y LOS CARGOS PÚBLICOS DESDE EL DERECHO
La ley española no determina que la acusación, imputación o procesamiento de un cargo político lleve consigo la obligación de que dimita.
Por tanto, legalmente, no hay obligación de dimitir por ser acusado, imputado o procesado.
Dicho esto, hay que decir que, en caso de condena penal los concejales no tienen obligación de dimitir salvo que el delito conlleve la pena de inhabilitación. Algo que no ocurre con otros cargos políticos (por ejemplo, del Defensor del Pueblo) en los que se dispone la obligación de dimitir si son condenados por sentencia firme por haber cometido un delito doloso (de forma intencionada). Ocurre que, como es sabido, hasta que se tiene una sentencia firme de condena suelen pasar más años que los que corresponden al cargo…. por lo que la cláusula en la práctica no sirve para mucho.
La pregunta entonces es: ¿sería posible introducir una cláusula en la ley (la ley orgánica de régimen electoral general sería el lugar idóneo) mediante la que el concejal imputado o procesado fuera SUSPENDIDO de su cargo?
Una objeción sería el hecho de que sólo puede destituir a un cargo político quien lo nombra. Si al concejal lo eligió el cuerpo electoral… entonces sólo el cuerpo electoral podría destituirlo.
Pero frente a esa objeción cabe alegar que si un tribunal condena por sentencia firme a un concejal a una pena de prisión, no se puede evitar la ejecución de la pena de prisión por el hecho de que el concejal no haya concluido su mandato. Ciertamente, si esa pena de prisión no conlleva pena de inhabilitación para cargo público… sería teóricamente posible que el concejal, incluso estando en la cárcel, siga siendo concejal…. pero es claro que se daría una situación absurda y en esos casos el concejal suele dimitir, aunque no se vea obligado legalmente a hacerlo.
En consecuencia, sigue en pie la cuestión: ¿podría un juez SUSPENDER a un concejal de su cargo por haberlo imputado/procesado?
En mi opinión, sería posible. Si se admite en la ley que un juez prive de su cargo a un concejal cuando lo condena a la pena de inhabilitación para cargo público… también se podría admitir en la ley que el juez prive temporalmente (suspenda) de su cargo al concejal cuando se halla en esa situación temporal que es el proceso penal.
El problema, no menor, sería el de por cuanto tiempo quedaría «suspendido» de su cargo el concejal. ¿Todo el tiempo que dure el proceso? Sería cuestionable porque a veces la instrucción de un caso se puede alargar más años de los que puede durar el mandato con lo cual la medida sería desproporcionada. ¿Sería entonces mejor una suspensión por un plazo fijo determinado? Esto a su vez suscitaría nuevas preguntas: ¿por cuanto tiempo sería esa suspensión? ¿sería o no prorrogable? ¿cuantas veces sería prorrogable?
Demasiadas preguntas. Demasiados problemas.

III. LA LLAMADA «PRESUNCIÓN DE INOCENCIA» DESDE LA POLÍTICA
Como ya he dicho, fuera de un proceso penal o sancionatorio NO SE PUEDE HABLAR DE «PRESUNCIÓN DE INOCENCIA».
Por tanto, cuando nos movemos en el terreno de las relaciones políticas no tiene sentido hablar de «presunción de inocencia».
En el terreno de las puras relaciones políticas un cargo imputado/procesado no tiene por qué dimitir. El problema se plantea cuando el partido al que pertenece o por el que ha sido elegido le solicita la dimisión y el cargo lo rechaza.
En esos casos, lo único que se puede decir es que si el cargo en cuestión no dimite el partido le puede «suspender» o expulsar de la militancia, de tal suerte que el partido se desligue de esa persona.
¿Se puede ir más allá? Lo veo dudoso.

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Autor

Carlos Ruiz Miguel

Catedrático de Derecho Constitucional Director del Centro de Estudios sobre el Sahara Occidental Universidad de Santiago de Compostela

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Carlos Ruiz Miguel

Catedrático de Derecho Constitucional
Director del Centro de Estudios sobre el Sahara Occidental
Universidad de Santiago de Compostela

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