El Resumen y las Conclusiones a las que llega el estudio «La falacia de los impuestos bajos en España» (Estudio comparado de la fiscalidad) dirigido por Ángel Martín Oro en el Instituto Juan de Mariana son los siguienes:
RESUMEN
El estudio comparado de fiscalidad del Instituto Juan de Mariana, ‘La falacia de los impuestos bajos en España’, desmonta los argumentos empleados por el Gobierno para justificar nuevas subidas impositivas. El pasado 15 de agosto, el ministro José Blanco aseguró que los impuestos españoles son “muy bajos” y que hay que buscar fórmulas para “homologarlos” a la media europea. Las fórmulas serían claras: más subidas impositivas.
Sin embargo, una de las principales conclusiones que se desprende del citado informe es que el Ejecutivo crea un manto de confusión en la opinión pública al emplear el índice de presión fiscal como sinónimo de fiscalidad baja, ocultando que los tipos de gravamen soportados por los españoles son tan altos, si no mayores, que los de los países con mayor presión fiscal.
De hecho, si se tiene en cuenta la baja recaudación derivada del paro y de la baja productividad, los contribuyentes españoles realizan un esfuerzo desproporcionado para los servicios y prestaciones que reciben.
Entre las principales conclusiones del informe, se destaca que:
1. La presión fiscal no es un indicador válido para afirmar que el nivel impositivo es alto o bajo
2. Los impuestos en España no son bajos, sino similares o incluso más altos que la media europea
CONCLUSIONES:
A lo largo de este trabajo, hemos dado pruebas de que el argumento según el cual los españoles pagan pocos impuestos no es cierto. La realidad está más cerca de la afirmación opuesta: los españoles sufren comparativamente una imposición más dura que los ciudadanos de países de nuestro entorno.
Los españoles se ven obligados a realizar un esfuerzo fiscal superior a la media de los ciudadanos de la Unión Europea y por encima, por ejemplo, de los alemanes, daneses, británicos, noruegos o suecos.
Los que intentan justificar nuevas subidas impositivas se fijan en la presión fiscal, que en nuestro país está por debajo de la media. Sin embargo, es necesario hacer una reflexión más profunda del verdadero alcance de este dato para el trágico caso de España.
Una presión fiscal inferior al promedio de los países europeos no significa que los españoles tengan impuestos reducidos. La bajada de la presión fiscal en los últimos ejercicios se debe a la caída de la actividad económica (que se ha notado especialmente en la bajada de recaudación por IVA y por Impuesto de Sociedades) y al aumento del desempleo. Haciendo uso del dato de la presión fiscal, los defensores de nuevas subidas impositivas provocan confusión al mezclar recaudación fiscal baja (debida al elevado paro y la escasa productividad) con una inexistente baja imposición.
El principal argumento del Gobierno muestra su verdadera naturaleza si se aplica en el ámbito nacional. Equivaldría a defender que hay que subir los impuestos en regiones como Andalucía o Extremadura porque, debido al elevado desempleo y la menor productividad, allí la presión fiscal es inferior a otras zonas de España.
Lo único que lograría esta homogeneización de las zonas más pobres con las zonas más prósperas es dificultar las posibilidades de desarrollo de las regiones más deprimidas. La misma lógica cabe aplicarse a España si se implementa esta doctrina con respecto a los países más desarrollados de Europa o la OCDE.
Además, diversos indicadores como la carga fiscal sobre los salarios o sobre las pequeñas y medianas empresas –incluyendo los costes administrativos derivados del pago de impuestos– muestran que la tesis del Gobierno de que los españoles pagan pocos impuestos es insostenible. Esta conclusión queda reforzada cuando se analizan de forma desagregada las principales características de las figuras impositivas más importantes.
Todos estos factores contribuyen a que los españoles paguen, para niveles homogéneos de renta, más impuestos directos que la media de los países europeos (aun siendo cierto que los impuestos indirectos son algo más moderados). Así, en el gravamen sobre el capital, se llega a aportar el 50% de los beneficios empresariales distribuidos (sumando Impuesto de Sociedades y tributación de las rentas del capital). En la imposición al trabajo, se soportan unas contribuciones sociales que se sitúan más de 11 puntos por encima de la media de la OCDE (23,3%), y unos tipos marginales prácticamente idénticos, e incluso superiores en algunos tramos, a países más ricos, como Alemania o Francia.
Lo que necesita España no son impuestos más altos sino más empleo y más productividad que proporcionen alivio a la recaudación, y así volver cuanto antes al equilibrio presupuestario que no debió abandonarse. Es más, tendría gran impacto para que el país saliera a flote que se redujera la losa impositiva que lastra a empresas y familias en la medida de lo posible.
El Gobierno haría bien en llevar a cabo una reforma laboral que flexibilice este mercado y permita la generación de empleo. Resulta inaudito culpar a quienes ya están soportando una carga fiscal extenuante de no hacer el suficiente esfuerzo simplemente porque el Gobierno se enroca en una legislación que produce una tasa de paro que duplica a la del resto de países de la OCDE o en una política energética que vuelve menos productiva a nuestra economía.
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