La reciente sentencia del Tribunal Constitucional, emitida a instancias de las Cortes de Aragón, anula hasta cinco disposiciones de la ley de Evaluación Ambiental aprobada por el PP a finales de 2013.

“La resolución del Tribunal Constitucional es la prueba de que las enmiendas que introdujo de tapadillo el PP en la tramitación de la ley de Evaluación Ambiental para garantizar por ley y de por vida el trasvase no fueron más que una componenda para favorecer a los regantes murcianos, con el consentimiento del Gobierno de María Dolores de Cospedal. Es un chollo para ellos porque, en el fondo, supone convertir la cabecera del Tajo en un almacén de agua para sus intereses”, han señalado fuentes de la oposición al gobierno de CLM. Según dichas fuentes “el PP prescindió total y absolutamente del procedimiento legal establecido para aprobar las nuevas reglas y el régimen económico de explotación del trasvase Tajo-Segura”.

Como se dice en tualbacete.com “El tribunal toma esta decisión porque la normativa fue aprobada sin el informe preceptivo de la comunidad autónoma de Aragón, aunque deja en suspenso la nulidad durante un año para que en este periodo se modifiquen los preceptos declarados nulos ‘una vez observado el procedimiento del informe previo’ de la comunidad aragonesa”. Y cita este digital que “Aragón defiende su territorio, Cospedal vende Castilla-La Mancha. Por eso, ha llamado la atención sobre la diferente forma de actuar de las comunidades de Aragón y Castilla-La Mancha, pese a que ambas están gobernados por el PP”. “Mientras que Aragón interpuso un recurso para defender los intereses de su comunidad, aunque solo había 10 pueblos de su territorio afectados, por el contrario, Cospedal no dudó en vender a Castilla-La Mancha y a los pueblos ribereños”.

Y agrega que “El dislate cometido para entregar las llaves del río Tajo a las regiones de Levante es tal que la normativa no solo se llevó adelante sin consenso con otras fuerzas políticas, sino que tampoco se tuvo en cuenta la opinión de todos los territorios afectados. Ni siquiera de los que están gobernados por el propio PP, como la comunidad de Aragón”. “La sentencia establece claramente que las comunidades autónomas deberán emitir un informe preceptivo, aunque no sea vinculante, sobre cualquier proyecto de obra hidráulica o transferencia de aguas –como un trasvase entre cuencas– que afecte a su territorio, sin que sea admisible una gestión fragmentada de las aguas pertenecientes a una misma cuenca hidrográfica que permita considerar que los aprovechamientos realizados en un tramo inferior del curso fluvial no afectan a territorios situados aguas arriba”.

“En este caso, hay 10 términos municipales de Aragón comprendidos en la cuenca del Tajo, que está sometida al principio de unidad de gestión. Por tanto, las decisiones que afecten a la cuenca deben contar con su informe previo”.

Para C’s “el agua es un bien de primera necesidad y por ello la titularidad debe ser pública aunque su gestión pueda ser pública o privada. Para C’s lo importante no es si la gestión directa sobre el agua es pública o privada, lo importante es que los ciudadanos tengan un servicio óptimo, medioambientalmente correcto y que asuma también el compromiso de mantenimiento de suministro a las familias en riesgo de exclusión social”. “La agricultura supone una importante fuente de riqueza para muchos municipios. Promoveremos el cultivo de los terrenos abandonados y en su caso la creación de huertos sostenibles en los mismos o en tierras propias del Ayuntamiento, preservando los recursos naturales y estableciendo un control sobre el uso del agua. Ayudaremos al sector de la agricultura, favoreceremos las cooperativas rurales y simplificaremos trabas burocráticas en los pequeños municipios”.

(©Juan-Ramón Moscad. Vocal J. Directiva C’s Albacete)

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