Madrid asume la mayor parte del peso en la solidaridad interterritorial bajo el nuevo modelo de financiación autonómica que ha presentado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Según estimaciones de expertos como Fedea, la Comunidad de Madrid mantendría su aportación en torno a los 8.000 millones de euros, en contraste con los escasos 810 millones que aportaría Cataluña, lo que genera una diferencia diez veces superior y ha provocado numerosas críticas.
Este desequilibrio se pone de manifiesto en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde el Gobierno propone un incremento global de recursos de 21.000 millones para el año 2027. Sin embargo, las autonomías del PP lo consideran injusto y elaborado a medida para beneficiar a Cataluña.
El nuevo modelo incrementa la cesión del IRPF al 55% y del IVA al 56,5%, lo que representa una inyección adicional de 16.000 millones solo por impuestos.
Pero el punto clave radica en la nivelación horizontal: las regiones más ricas deben aportar el 75% del exceso sobre la media para equilibrar el sistema. Así, Madrid, con su mayor capacidad tributaria, continúa siendo la principal contribuyente neta.
Por su parte, Cataluña reduce su esfuerzo solidario en 1.456 millones respecto al sistema actual, gracias a ajustes como la ordinalidad y un statu quo que garantiza no perder recursos.
Rechazo frontal de las autonomías menos Cataluña
Todas las comunidades autónomas -incluyendo las gobernadas por el PSOE-, salvo Cataluña, han expresado su desacuerdo con el plan durante el CPFF. Andalucía, la Comunidad Valenciana y otras regiones observan con preocupación cómo Madrid multiplica por diez su contribución en comparación con la Generalitat. Fuentes cercanas indican que tanto Andalucía como Valencia se sitúan por debajo de la media en financiación por habitante, pero critican que este modelo no resuelve las profundas desigualdades existentes.
El acuerdo alcanzado con ERC es evidente: no solo se reduce la aportación solidaria de Cataluña, sino que también recibe beneficios adicionales.
La comunidad obtendrá 4.700 millones más (un incremento del 12% en su presupuesto), se convierte en el segundo mayor receptor de fondos europeos del programa Next Generation EU, y ahora cuenta con una «paga extra» de 1.000 millones procedentes de estos fondos para beneficiar a Salvador Illa, además del esquema similar al cupo vasco. Esto incluye un fondo climático dotado con 1.000 millones, destinado principalmente a comunidades mediterráneas como es el caso de Cataluña.
Otras autonomías tendrán la opción de solicitar IVA para pymes (de forma voluntaria y vinculado por cinco años) o acceder al fondo compensatorio interterritorial (3.300 millones adicionales para aquellas que estén por debajo de la media). Sin embargo, el rechazo aumenta: el PP presenta su propio documento basado en acuerdos alcanzados en 2024 en Madrid, exigiendo multilateralidad y no bilateralidad con respecto a Cataluña.
Las voces críticas apuntan a posibles trampas: sin statu quo ni ordinalidad para Cataluña, esta brecha podría bajar hasta los 477 euros per cápita. Montero defiende que hay suficiencia suficiente para sanidad, educación y dependencia, así como una mayor autonomía fiscal para las comunidades autónomas afectadas. No obstante, desde Fedea advierten sobre el marcado contraste entre lo aportado por Madrid respecto a Cataluña.
Este modelo aunque opcional, viene con trampa para perjudicar a los críticos: las comunidades pueden optar por permanecer bajo el antiguo sistema si renuncian a los recursos adicionales ofrecidos ahora mismo por este nuevo esquema financiero. Las reuniones técnicas ya han comenzado; posteriormente se presentará una ley orgánica ante el Congreso para su aprobación definitiva. Mientras tanto, ERC celebra esta nueva concesión de un Sánchez desesperado por permanecer en La Moncloa.
