Imaginemos llegar a España con un billete de autobús en el bolsillo. De repente, aparece la posibilidad de obtener un permiso de trabajo.
Así de sencilla parece la regularización exprés que ha puesto en marcha el Gobierno de Pedro Sánchez. Esta medida, aprobada por real decreto para evitar pasar por el Congreso, busca beneficiar a medio millón de personas sin documentos. La ministra Elma Saiz califica esta iniciativa como «histórica», aunque ha desatado una tempestad de críticas por su excesiva flexibilidad.
El proceso comenzará en abril de 2026 y se extenderá hasta junio. Solo hace falta demostrar que se han residido cinco meses continuos en territorio español antes del 31 de diciembre de 2025 –o haber solicitado asilo antes de esa fecha– con cualquier tipo de documento: un recibo médico, un justificante de remesas, un contrato de alquiler o, efectivamente, ese billete de autobús que ha levantado tantas cejas. No se requiere empadronamiento obligatorio, lo cual facilita la situación a quienes trabajan en la economía sumergida.
Además, aunque se pide no tener antecedentes penales, aquí está el detalle revelador: solo se requiere una declaración responsable del solicitante, sin ninguna verificación por parte del Gobierno. Si el certificado del país de origen no llega en un mes, se acepta la palabra del interesado.
Requisitos que levantan ampollas
Esta regularización masiva es más flexible que las seis anteriores en democracia.
La propuesta de Sánchez es la más laxa hasta la fecha: permite incluso regularizar a quienes estén inmersos en procesos judiciales pendientes, siempre que no cuenten con una condena firme superior a un año. Las expulsiones automáticas quedan suspendidas al presentar la solicitud y el permiso inicial es por un año, lo que da acceso inmediato a empleo, sanidad y Seguridad Social. Para los hijos menores, se extiende a cinco años la autorización.
El Gobierno justifica esta medida apelando a necesidades demográficas y al récord histórico del empleo: sectores como la agricultura, la hostelería o el cuidado de ancianos requieren mano de obra urgente. Las organizaciones empresariales celebran esta decisión porque regulariza trabajadores irregulares sin sanciones retroactivas y aumenta las cotizaciones sociales. Pedro Sánchez defiende una «migración segura, ordenada y legal», mientras que Saiz aboga por dignificar a aquellos contribuyentes invisibles.
Críticas: ¿efecto llamada o coladero?
La oposición no escatima críticas. Desde VOX, se rechaza abiertamente lo que consideran un «plan de sustitución demográfica», alertando sobre una posible sobrecarga en los servicios públicos. Por su parte, los conservadores del PP advierten sobre un posible efecto llamada, temiendo saturaciones en sanidad, educación y vivienda; incluso prometen llevar este asunto ante el Tribunal Constitucional.
En ‘Okdiario’, se denuncia que con solo un billete de transporte y una declaración jurada podrían ingresar delincuentes potenciales: basta con demostrar vulnerabilidad –algo «evidente» para muchos indocumentados– o presentar un contrato ficticio.
Medios como Periodista Digital resaltan los peligros asociados: sin controles rigurosos, el sistema podría convertirse en un coladero. ¿Y si alguien presenta una declaración falsa? El decreto no especifica cómo se comprobarán los datos proporcionados, priorizando la rapidez sobre la seguridad. Los críticos ironizan al respecto: «Con un billete de Alsa y buena fe, ya eres residente». Mientras tanto, la UE observa atenta; mientras otros países endurecen sus políticas migratorias, España podría convertirse en un imán para nómadas digitales y nuevas llegadas.
El impacto entre las empresas es variado. Algunas multinacionales revisan sus plantillas para incluir trabajadores irregulares pero temen enfrentar problemas administrativos serios. El plazo establecido para resolver las solicitudes es de tres meses; sin embargo, con admisión provisional ya están trabajando en plazos reducidos a quince días. También hay espacio para familias reagrupadas dentro del proceso.
En medio del revuelo actual surgen curiosidades: la regularización más masiva hasta ahora fue la impulsada por Zapatero en 2005, pero exigía contratos reales y no meras declaraciones responsables. Por su parte, González promovió tres regulaciones durante su mandato beneficiando a cientos de miles. Hoy, con 700.000 firmas ciudadanas respaldando esta iniciativa, el debate trasciende las ideologías políticas –salvo para VOX, claro está– ¿Sabían que un simple recibo eléctrico podría ser suficiente para «demostrar» esos cinco meses? El autobús está listo para partir desde esa parada.
