Los correos electrónicos divulgados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ofrecen una imagen nítida: Koldo García e Isabel Pardo de Vera, ex presidenta de Adif, operaban como un solo ente.
La trama se encargaba de la contratación de mascarillas y, en solo dos horas y media, todo quedaba resuelto.
Este hallazgo proviene de mensajes intercambiados antes de las adjudicaciones a Soluciones de Gestión SL, empresa vinculada a Víctor de Aldama, que obtuvo más de 40 millones de euros durante la crisis sanitaria.
La exclusiva, promovida por el periodista Carlos Cuesta, pone en evidencia cómo Koldo, ex asesor del ministro José Luis Ábalos, intervenía directamente en la elección de proveedores.
Mientras tanto, Pardo de Vera ejecutaba las directrices desde Adif. Un intercambio epistolar revela que, tras las instrucciones de la trama, los contratos se formalizaban a una velocidad sorprendente. La UCO deduce que fue Koldo quien influyó en la selección de Soluciones de Gestión, y que a través de Isabel, la contratación se hacía efectiva en el organismo público.
Mensajes que lo cambian todo
La UCO ha revisado dispositivos incautados y ha encontrado comunicaciones eliminadas. Parte del contenido correspondiente al periodo crítico ha desaparecido, generando sospechas sobre intentos deliberados por ocultar pruebas.
- Intercambio previo: Mensajes entre Koldo y Pardo de Vera justo antes de adjudicar contratos a Soluciones de Gestión para Adif y también para Puertos del Estado.
- Rapidez extrema: La orden para contratar se cumplía en tan solo dos horas y media, con firmas electrónicas de altos cargos como Michaux Miranda, jefe del personal en Adif.
- Papel relevante: La UCO subraya el «papel relevante» desempeñado por Pardo de Vera en los trámites, gestionando cantidades y facturas proforma que ascendieron a 12,5 millones de euros.
La defensa de Koldo utiliza estos datos para señalar a Pardo de Vera y a técnicos de Adif como los verdaderos responsables. Argumentan que él solo facilitó contactos en una situación crítica, sin poder modificar los expedientes administrativos. Insisten en que altos cargos como Pardo de Vera y Michaux Miranda fueron quienes contactaron directamente con la empresa, firmaron y dirigieron el proceso.
Implicaciones judiciales en marcha
El Tribunal Supremo mantiene bajo prisión sin fianza a ambos, tanto a Ábalos como a Koldo, debido al riesgo potencial de fuga, ante penas que pueden llegar hasta los 30 años solicitadas por acusaciones populares. La Fiscalía reclama 24 años para el exministro y 19,5 para el exasesor.
Además, la actividad reciente delictiva no se detiene ahí. La UCO ha registrado contactos posteriores a las declaraciones: tan solo unas horas después de testificar como testigo el 21 de febrero del 2024, Pardo de Vera proporcionó a Ábalos el contacto con una abogada penalista. El exministro respondió sorprendido: «No estoy involucrado en la investigación que se sepa».
| Aspecto clave | Detalle | Implicación |
|---|---|---|
| Mensajes UCO | Intercambio entre Koldo y Pardo de Vera previo a contratos | Muestra coordinación directa en la selección de Soluciones de Gestión |
| Borrados detectados | Contenido eliminado en dispositivos | Sugiere intentos por ocultar pruebas |
| Tiempo de ejecución | 2,5 horas desde orden hasta cumplimiento | Velocidad anómala en adjudicaciones públicas |
| Responsables señalados | Pardo de Vera, Michaux Miranda | Firmas y gestión directa sobre 12,5M€ |
La defensa del exasesor solicita juzgar el caso en la Audiencia Nacional donde el juez Ismael Moreno lleva adelante la investigación. Critican no haber interrogado a Pardo de Vera ni a Michaux como testigos, además cuestionan la auditoría del Ministerio de Transportes (MITMA) por omitir documentos cruciales. Alegan una «selección estratégica» en las imputaciones que ignora a funcionarios clave.
Estos descubrimientos amplían aún más la trama relacionada con las mascarillas, ya salpicando también a Puertos del Estado. La UCO concluye que Koldo utilizó a Pardo de Vera para manipular contratos, lo cual contradice su testimonio del 2024 donde minimizó su implicación. Mientras tanto, el caso avanza con indicios sólidos sobre amaños durante las compras realizadas durante la pandemia.
La justicia continúa atando cabos en esta red compleja donde los contratos exprés han resultado un verdadero coste para las arcas públicas.
