Tráfico cada vez recurre más a métodos espía para vigilar las carreteras y, sobre todo, sancionar a los conductores

Los métodos de la DGT para espiar y cazarte: drones, mini radares, camiones…

Los métodos de la DGT para espiar y cazarte: drones, mini radares, camiones...
Los métodos de la DGT para espiar y cazarte: drones, mini radares, camiones... RS

Lo que sea por freirnos a multas. Entre los muchos titulares que Pere Navarro dejó en su primera etapa al frente de la DGT, es recordada aquella frase en la presentación de una flota de coches camuflados: «Cuando el conductor vea ese despliegue, la pantalla que dice ‘Alto, Guardia Civil’, pensará: la he cagado», según recoge el autor original de este artículo Félix Cerezo en elmundo y comparte Manuel Trujillo para Periodista Digital.

De aquello han pasado 14 años y casi todos los conductores españoles habrán visto uno de esos vehículos operando. A miles les habrán parado. Descubrir los otros medios espías con los que Tráfico se ha ido reforzando en los últimos años resulta mucho más complicado. Porque nos vigilan desde centenares de metros por encima de nuestras cabezas, otros tienen un tamaño diminuto e incluso pueden disfrazarse de inofensiva furgoneta. Todo sea por acabar con la sangría de muertos en accidentes mientras, qué duda cabe, se hace caja.

Helicópteros y drones
Los helicópteros llevaban años usándose para vigilar el tráfico, pero no fue hasta 2013 que pasaron a controlar también la velocidad gracias al radar Pegasus. Hay 13 en toda España y, capaces de multar a un kilómetro de distancia desde 300 metros de altura, son grandes depredadores. Su problema reside en el coste: cada hora de vuelo sale por 1.500 euros, coste del radar aparte. En 2018 volaron 3.370 horas para imponer unas 20.000 sanciones.

En cambio, cada uno de los minúsculos e invisibles drones que empezó a usar en Semana Santa la DGT sólo cuestan 5.500 euros. Tienen un alcance más limitado (500 metros) y no están homologados -parece difícil conseguirlo por su tamaño- para sancionar por la velocidad. Sí por todo lo demás que pueda grabarse, aunque también se usan para ayudar en la gestión del tráfico. Hay tres que pueden multar, otros ocho sólo vigilan y la flota crecerá en otras 20 unidades. Sus primeras sanciones llegaron este mes desde las Islas Canarias.

MINIRADARES Y CÁMARAS
La cruzada contra la velocidad excesiva o inadecuada, un factor recurrente en un tercio de los accidentes mortales, arrancó a mediados de los 2000. Entonces, había 87 radares. Este verano nos controlan más de 1.300. Los hay de pórtico, en cabinas, de tramo, móviles y los más temidos: los que se pueden instalar en trípodes o anclados, por ejemplo, al guardarraíl o al lateral de un vehículo. Son funcionalidades que cumplen a la perfección los Velolaser. Estrenados en 2018, son casi invisibles por su reducido tamaño pero están muy bien dotados: registran velocidades de hasta 250 km/h y controlan a la vez dos carriles de distinto sentido, como los de las carreteras secundarias. Además, son portátiles y pueden ser cambiados rápidamente de posición incluso a bordo de motos. Se compraron de una tacada 60 unidades, cada una con un coste de 15.000 euros amortizables con 300 multas de 100 euros cobradas al 50% por pronto pago.

Además, hace dos años la DGT estrenó las cámaras que pillan a quienes no usan el cinturón de seguridad. Ya hay más de 200 en ubicaciones fijas que se pueden consultar en la web de Tráfico.

FURGONETAS Y CAMIONES
Tráfico ya ensayó tiempo atrás con una avioneta en las Islas Canarias, donde no tiene una base Pegasus, y lleva desde finales del año pasado investigando nuevos métodos con un camión en las carreteras de Castilla y León; y con una furgoneta en Galicia, pillada este verano. Ambos, vehículos camuflados -aunque con matrícula de la Guardia Civil- y reconocibles por llevar a bordo dos agentes de uniforme.

Su misión es vigilar que no se cometan distracciones al volante, ya que estas -sobre todo las relacionadas con el móvil- han pasado a convertirse en la primera causa de accidentes mortales, con un 32% de los casos, por delante de la velocidad inadecuada (26%) o del consumo de alcohol (12%).

La elección de un camión o una furgoneta radica en que su posición más elevada permite controlar mejor a los ocupantes del resto de vehículos, con una panorámica más amplia que desde un turismo.

El proyecto, que todavía está en fase de obtención de datos, no es nuevo. En Reino Unido se empezó a usar esta forma de vigilancia desde 2016 y durante los dos primeros años impuso más de 4.000 sanciones. Dos tercios de ellas por emplear el móvil al volante, aunque también se detectaron otras conductas como maquillarse, comer o liarse cigarrillos.

LA MITAD DE LAS MULTAS, POR VELOCIDAD
La obsesión por controlar que no se conduzca más rápido de lo debido o autorizado tiene un fin noble -que haya menos muertos en accidente- pero a nadie se le oculta los cientos de millones de euros que los radares aportan a las arcas de la DGT. Además, en un entorno con una plantilla de agentes de la Guardia Civil de Tráfico muy inferior a la de comienzos de la década.

Por ejemplo, el pasado año el organismo dependiente de Interior impuso 2,3 millones de sanciones por excesos de velocidad, lo que supone más de la mitad del total de multas, aunque ese porcentaje ha llegado a casi los dos tercios en algunos ejercicios.

En cuanto a los ingresos totales por multas, los últimos corresponden a 2017, con 376,1 millones de euros que representan la cifra más baja del último lustro. Además, si hasta el año 2004 la DGT no rompió la barrera de los 200 millones de euros en ingresos por multas, luego no dejó de crecer -a medida que lo iba haciendo el despliegue de los radares- hasta alcanzar su máximo en 2009, con 466 millones de euros. Desde entonces, se han ido sucediendo subidas y bajadas en esa cantidad.

Por ley, ese dinero se tiene que destinar «a la financiación de seguridad vial, prevención de accidentes de tráfico y ayuda a las víctimas», aunque una auditoria del Tribunal de Cuentas referida al año 2015 aplica un fuerte correctivo a la DGT al no haber conseguido justificado el destino de 10 de los 407 millones recaudados ese año. El informe, que fue desvelado por El Confidencial, recoge también un desfase de 16,5 millones que no ha podido ser justificado en «la gestión de expedientes sancionadores, incluidos los recursos y las respuestas a los mismos».

Autor

Manuel Trujillo

Periodista apasionado por todo lo que le rodea es, informativamente, un todoterreno

Recibe nuestras noticias en tu correo

Lo más leído