En relación a la población activa, 1 de cada 7 empleos tiene que ver con las administraciones públicas, y casi la mitad (43%) en educación y sanidad
El problema no son los funcionarios. No se trata de esos esforzados policías, maestros, enfermeros, jueces o bomberos, que ganan de promedio unos 22.000 euros anuales.
El agujero está en los llamados ‘empleados públicos’, metidos a dedo por los políticos y que desde sus puestos de asesores, gestores, expertos y directores varios se forran a cuenta del sufrido contribuyente.
Como explican Javier Alfonso, Carmen Larrakoetxea, Pepa Montero, Carlos Pizá y Jordi Sacristán en ‘El Economista’, hay números que nadie quiere hacer:
«Pero que vienen impuestos por la crisis y el desorbitado peso de una Administración pública que el año pasado gastó casi 123.000 millones de euros en pagar las nóminas a sus 2,7 millones de asalariados».
Por eso, en el Gobierno ya andan echando las cuentas de los empleados públicos que sobran y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, va a exigir a las autonomías que le remitan información sobre retribuciones, plantillas y tipos de personal.
Y es que, aunque nadie asegura una cifra exacta, distintas fuentes apuntan a que habría hasta 900.000 empleos públicos redundantes, fundamentalmente en las comunidades autónomas y entidades locales, con su corolario de empresas y chiringuitos creados en la época de vacas gordas, y también en plena crisis.
Como recuerda el economista Lorenzo Bernaldo de Quirós, «del total de empleados públicos que hay en España, sólo la mitad son funcionarios, y esos no sobran. Los que sobran son la otra mitad, el personal contratado en los incontables entes y fundaciones».
El presidente de Freemarket es contundente:
«Quitar la paga de Navidad no resuelve nada, lo que hay que hacer es despedir a los no funcionarios».
El primero en sugerir la cifra de 900.000 puestos públicos prescindibles fue el presidente de CEOE, Juan Rosell, y era la resultante de la diferencia entre las 820.000 personas que traspasó la Administración central a las comunidades y los 1.744.000 en nómina de las regiones, muestra de la gran duplicidad.
Otros expertos son más cautos, aunque, como afirma José Ramón Pin Arboledas, hay consenso en «los 220.000 puestos creados durante la crisis y que no corresponden a la realidad del país, ya que mientras se destruía empleo privado y se perdían autónomos, las plantillas públicas aumentaban».
Precisamente, a la luz de esas 427.000 personas que han engordado en diez años las administraciones periféricas, el profesor del IESE ve la señal de cómo «los gobiernos abusan del empleo público para frenar el paro».
«Por lo que, si se reforma la Administración para evitar duplicidades, sobrarían en torno a 500.000 empleos».
Los expertos son unánimes en el sobredimensionamiento de las plantillas periféricas. Ya lo decía la semana pasada Rafael Pampillón, catedrático de Economía de la Universidad San Pablo CEU:
«Queda mucho por hacer en las administraciones autonómicas y locales, un gran campo de recortes».
Y es que en España tocamos a un empleado público por cada 18 habitantes, más que Francia o Bélgica (1 por cada 12) y parecido a Italia y Alemania.
En relación a la población activa, 1 de cada 7 empleos tiene que ver con las administraciones públicas, y casi la mitad (43%) en educación y sanidad.
Pero, mientras que la Administración General del Estado ha reducido desde 2001 su personal el 22 por ciento (163.880 personas), las autonomías lo han subido el 44 por ciento (409.569) y las entidades locales el 39 por ciento (181.031 más).
Es decir, el alza de casi 427.000 personas (20 por ciento más) es culpa de autonomías y ayuntamientos.
Cataluña afronta el recorte
En Cataluña el sector público lo forman 230.182 personas, según las cifras que se recogen en los presupuestos de la Generalitat para 2012.
De ellas, 322 personas son altos cargos y personal directivo, 167.965 son funcionarios con plaza fija, 52.072 laborales fijos, 9.622 laborales temporales y 201 eventuales.
La cifra se mantiene estable con ligera tendencia a la baja desde hace unos años pese al aumento de la plantilla de los Mossos d’Esquadra cuyo despliegue aún no ha concluido.
El plan de recortes que está aplicando la Generalitat para este año, presupuestado en 625 millones, ha alcanzado en junio ya un ahorro de 729 millones de euros gracias a la reducción de vacantes, eliminación de días de libre disposición, la no cobertura de bajas temporales y los ajustes salariales ya realizados.
Las estimaciones no oficiales de la Generalitat auguran una rebaja de la plantilla del sector público de «varios miles de personas».
Una parte sustancial de al reducción se llevará a cabo en sociedades mercantiles públicas, consorcios y fundaciones, donde el número de empleados públicos se sitúa sobre las 37.000 personas.
Andalucía: 22.000 en la diana
El Gobierno andaluz lleva años empeñado en mantener en nómina a 266.000 empleados , y la reforma del sector público de 2010 no fue sino un trágala para incluir en la Junta a 22.000 trabajadores (20.000 sin haber pasado ninguna selección).
El plan de reequilibrio financiero aprobado en junio recoge, no obstante, un ahorro de personal de 777 millones en 2012-13. El ajuste sobre el global de las cuentas públicas es de 3.800 millones (11,8 por ciento del total).
Ese paquete de ahorro de 777 millones en nóminas no incluye despidos, sino rebaja de jornada y sueldo a interinos y reducción media del 5 por ciento en el sueldo del resto de funcionarios y personal laboral a tiempo completo.
En la picota están 22.000 empleados del sector público empresarial, adscrito a empresas y entes instrumentales que han pasado en teoría a depender de nuevas agencias públicas integradas en la Administración General de la Junta.
Sin embargo, sindicatos independientes de funcionarios como Safja (mayoritario) y CSIF han paralizado en los tribunales el traspaso de casi la mitad de esos trabajadores.
Y el Tribunal Superior andaluz ha reiterado que ese traspaso se hizo «con desprecio al Estado de Derecho», al ignorar los criterios de concurrencia competitiva y equidad. Se da la circunstancia de que esos 22.000 puestos laborales están ocupados por afiliados al PSOE o a sus sindicatos afines.
Valencia y País Vasco: paradojas
En la Comunidad Valenciana, la plantilla de la Generalitat bajó en 1.500 personas en 2010, a 130.342, dándose la paradoja de que a fin de año había casi 10.000 empleados más que puestos de trabajo (120.817), irregularidad destacada por la Sindicatura de Cuentas.
De 2011 y 2012, la Conselleria de Hacienda sólo tiene información de la Administración General, donde ha reducido la plantilla en 1.200 personas en año y medio (12,6 por ciento), con amortización de plazas.
No tiene datos de Sanidad, Educación y Justicia, el 90 por ciento de la plantilla.
En cuanto a empresas y fundaciones públicas, trabajan casi 10.000 personas, de las que la Generalitat despedirá al 40-50 por ciento en tres meses. Ya se ha presentado el ERE de 1.295 personas en RTVV.
Por lo que respecta al País Vasco, el sector público da empleo directo a 116.001 personas, incluyendo a funcionarios, contratados laborales y personal adscrito a organismos autónomos, sociedades públicas y fundaciones.
La cifra global es mayor, pues además del personal dependiente de las Administraciones vascas (Gobierno, diputaciones y ayuntamientos), hay otros 14.200 que dependen del Estado.
En plena crisis, las plantillas vascas crecieron el 9,5 por ciento, de 105.898 personas en 2007 a 116.001 en 2010. En este aumento hay un efecto estadístico, pues hasta 2010 no contabilizaba como personal público los trabajadores de fundaciones; al hacerlo arroja 1.718 empleos en 2010.
Euskadi tiene la peculiaridad de que sus gastos no se financian con los Presupuestos del Estado sino por Concierto Económico.
