Los secretarios generales de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Josep María Alvarez, han presentado este miércoles ante la Junta Electoral Central (JEC) y en el Congreso de los Diputados las 700.000 firmas ciudadanas que acompañan a su iniciativa legislativa popular (ILP) para conseguir una prestación de ingresos mínimos con el objetivo de «no dejar tirados» a los 6 millones de ciudadanos que viven bajo el umbral de la pobreza en España.
Su texto prevé la aprobación de una renta mensual equivalente al 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) –426 euros, actualmente– que cobrarían las familias bajo el umbral de la pobreza mientras mantengan los requisitos, y que sería compatible con otras rentas –salvo las prestaciones contributivas y no contributivas de la Seguridad Social– siempre que no superen el 75% del Salario Mínimo sin pagas extraordinarias. Según los sindicatos, la medida beneficiaría a 2,1 millones de hogares y costaría 11.000 millones al año, equivalentes al 1% del PIB, a financiar vía impuestos con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. «Esta prestación es una cuestión de democracia y de solidaridad que la sociedad española se puede y debe permitir. No podemos dejar en la estacada, tirados en la pobreza extrema, a 6 millones de personas», ha reclamado Fernández Toxo. A DEBATIR LA PROXIMA LEGISLATURAEl líder de CC.OO. ha subrayado que la pobreza y el riesgo de exclusión social han crecido «de forma muy importante» durante la crisis y que actualmente ya afectan al 22% de la población, particularmente a la que está en paro.
Además, ha recordado que el Ejecutivo ‘popular’ se comprometió en 2014 a negociar esta medida con los agentes sociales pero nunca abrió las conversaciones, lo que «obligó» a los sindicatos a plantear la ILP en abril de 2015, si bien el texto finalmente no podrá debatirse hasta la próxima legislatura. «Esperamos que corra mejor suerte que otras iniciativas y que los partidos la apoyen», ha deseado. Igualmente, Josep María Alvarez ha criticado que las diferentes prestaciones y subsidios existentes actualmente «a veces parecen más actos caritativos que derechos», indicando que su intención es establecer un «derecho universal de ciudadanía» a una renta mínima garantizada que, por tanto, no dependa de la disponibilidad presupuestaria sino que sea concedida a todo aquel que la necesite y la solicite. «Sería bueno que los partidos políticos, tal y como se comprometieron, no frustren las esperanzas de muchos ciudadanos y que finalmente la ILP sea aprobada por el Congreso. Porque es justa, necesaria y viene a dignificar los derechos de los ciudadanos», ha concluido el secretario general de UGT.
