Lo van a arreglar pagando y si sueltan suficiente pasta, hasta conseguirán que la chavala no aparezca en el Programa de Ana Rosa, contando detalles escabrosos y turbios apaños de los ‘Ceaucescu de Galapgar’.
Por el momento, la ‘explotada’ opta por no largar a la espera de que le paguen los casi 40.000 euros que reclama.
En cualquier caso, Irene Montero tendría que comparecer el próximo 20 de enero de 2020 a las 9.00 de la mañana en el juzgado por el caso de la escolta, contratada por Podemos, a la que convirtió en recadera, chófer de familiares y amigos y mecánica de sus vehículos particulares.
El magistrado titular del Juzgado de lo Social número 3 de Madrid ha fijado la vista laboral en enero ante la inexistencia de un acuerdo entre las partes por el despido de la trabajadora.
Montero ha sido citada como testigo y lo más probable es que no acuda, pero legalmente debería hacerlo
La escolta demandó a Podemos por el trato laboral «discriminatorio» recibido de la número dos del partido.
En el escrito presentado ante la Justicia, y desvelado por María Jamardo en OKdiario, la trabajadora afirmaba que Montero la obligó “de manera recurrente” -y fuera de su horario- a hacer de recadera para ella y sus hijos, comprar comida para las mascotas, llevar y traer a amigos y familiares hasta el casoplón de Galapagar, encargarse del mantenimiento de varias propiedades de la pareja y, además, ocuparse de la mecánica de sus vehículos particulares.
Podemos revela en su portal de Transparencia que ninguno de sus empleados estaba contratado en el área de Seguridad, a excepción del responsable de la misma.
La información, disponible a través de la web del partido, en el apartado ‘Personal Contratado’, está actualizada a fecha de 31 de junio de 2017.
Pero por aquel entonces la ex trabajadora que ahora demanda al partido por el trato «discriminatorio» de Irene Montero, no formaría parte de ese departamento pese a haber sido contratada, en un inicio, como escolta exclusiva de Pablo Iglesias y, más tarde, de Irene Montero.
