Son cutres como ellos solos. Los de Unidas Podemos han sido pillados con el carrito del helado tratando de ahorrarse un pastizal en el tema de la contratación de escoltas y la ‘broma’ les puede salir por un ojo de la cara.
Según cuenta con detalle este 27 de noviembre de 2019 Okdiario, la formación de Pablo Iglesias ha querido ahorrarse un montante anual de 30.000 euros por cada escolta que tenía al servicio del partido. ¿Y cómo era posible este ‘chollo’? Pues muy sencillo, aplicando una especie de modelo mixto en el que a esos agentes de seguridad se les daba de alta como chóferes al adscribirlos al Área de Logística y de Transporte, lo que suponía abonarles una cantidad menor de lo estipulado en su salario.
De hecho, la ilegalidad que estaba cometiendo la formación morada queda patente en un informe interno confeccionado en 2016 por el entonces jefe de Seguridad de Podemos, Sergio Illanes, donde se detallaba vía mail, a la cúpula del partido cómo los trabajadores contratados en Logística y Transporte, eran «los chóferes» que hacían «las funciones de conducción” pero dejando la puerta abierta a que pudiesen “formarse como escoltas”.
En dicho caso, el partido les pagaría los cursos necesarios para obtener la titulación oficial y de esta manera quedar habilitados y realizar, por el mismo sueldo, una doble función. De hecho, esta frase del informe es demoledora:
Si invertimos en formar a nuestro personal de Logística Transporte en materia de seguridad privada, ahorraremos a los presupuestos del partido, aproximadamente unos 30.000 euros anuales por trabajador.
Illanes subrayaba en ese informe la importancia de la profesionalización en materia de seguridad de los compañeros de Logística y Transporte, pasa por evitar problemas legales en las funciones que se desempeñan a diario y que obligaba a la formación a contratarlos a través de una empresa especialista autorizada por Interior. Pero Podemos no cumplió el requisito y de esos escoltas-chóferes estaban el de Irene Montero, un hecho ilegal por el que el partido puede verse abocado a una sanción de 600.000 euros.
La ley vigente establece que la actividad de protección de personas, a título particular, podrá ser desarrollada únicamente por escoltas privados integrados en empresas de seguridad. Esto es, a través de especialistas proporcionados por empresas inscritas para el ejercicio de dicha actividad y que cuenten con la autorización específica del Ministerio del Interior para la contratación de servicios de protección.
