Vamos a aplicar un plan de extrema dureza, de extrema penalización contra la evasión fiscal
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado este 11 de abril de 2012 que el pago en efectivo «en el que intervenga un empresario profesional» se verá limitado a un máximo de 2.500 euros.
Ésta será la medida estrella del plan de lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida, que aprobará este viernes el Consejo de Ministros tal y como adelantó el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.
El jefe del Ejecutivo ha especificado esa cifra durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso de los Diputados, en respuesta a una pregunta sobre la amnistía fiscal del coordinador general de IU, Cayo Lara.
Además, Rajoy ha avanzado que los que incumplan esta prohibición se enfrentarán a multas del 25% del importe del pago hecho en efectivo.
El departamento dirigido por Montoro lleva trabajando en esta medida desde enero, pero ha acelerado los tiempos para contrarrestar las críticas recibidas por la aprobación de una amnistía fiscal para este año, según contemplan los Presupuestos.
En aquella ocasión se planteaba la posibilidad de que el límite para los autónomos se estableciese en 1.000 euros y en 3.000 para las empresas. Esas cifras, establecidas por los técnicos de Hacienda (Gestha) fue considerada como el importe óptimo, que serviría para recaudar unos 26.000 millones de euros.
Economía sumergida
«Vamos a aplicar un plan de extrema dureza, de extrema penalización contra la evasión fiscal», anunció el ministro el día que presentó las cuentas públicas.
Además, el proyecto de ley al que el Gobierno dará luz verde incluirá el desarrollo de la gestión económica de las tasas judiciales que recogen los Presupuestos, según fuentes de Hacienda.
Las cuentas incluyen el copago de los recursos en segunda instancia, a excepción de los procesos penales, con cantidades que oscilan entre los 50 y los 600 euros en función de si se trata de litigios civiles, contencioso-administrativos o sociales.
El Gobierno ha anunciado en los últimos días su intención de ampliar la lucha contra la economía sumergida a otros ámbitos. El 2 de abril, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció un plan de lucha contra el fraude en la Seguridad Social y en las prestaciones por desempleo.
La ministra de Empleo, Fátima Báñez, se marcó el plazo de «un mes» para presentarlo.
