UPyD busca que Guindos aclare en el Congreso cómo garantizará una solución para los accionistas de Bankia

El portavoz de Economía de UPyD en el Congreso, Alvaro Anchuelo, interpelará el miércoles en el Pleno del Congreso al ministro de Economía, Luis de Guindos, para intentar que aclare cómo piensa garantizar una solución «rápida y efectiva» para los «estafados» por la salida a Bolsa de Bankia, así como en qué modo depurará las posibles responsabilidades por el falseo de las cuentas de la entidad.

La formación magenta ya preguntó en la última sesión de control al Gobierno sobre este asunto a De Guindos, quien se limitó a recordar que la salida a Bolsa de Bankia se produjo durante la pasada legislatura, cuando aún gobernaban los socialistas, y a garantizar que BFA-Bankia hará frente a todas las posibles sentencias condenatorias que puedan producirse en este asunto.

El Gobierno y Bankia asumirían unos costes de unos 600 millones de euros para afrontar posibles litigios derivados de su salida a Bolsa en 2011, en la que peritos del Banco de España detectaron diversas irregularidades contables, y para indemnizar a los inversores que adquirieron acciones en ese momento.

SON SOLO ESTIMACIONES

En concreto el Estado, a través del holding BFA, asumiría unos 372 millones de euros, mientras que los 228 millones restantes serían sufragados por el banco que preside José Ignacio Goirigolzarri, lo que también supone en la práctica capital público puesto que la entidad está nacionalizada.

No obstante, esas cantidades son meras estimaciones, ya que las eventuales reclamaciones no se conocen todavía. En la operación se colocaron unos 3.000 millones de euros entre mayoristas y minoristas, si bien se espera que sólo estos últimos reclamen.

Además, este viernes el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha impuesto una fianza de 800 millones –una tercera parte de la suma invertida por los accionistas minoritarios, que alcanzó los 1.800 millones– a Bankia, a BFA, al expresidente Rodrigo Rato y a los antiguos miembros del consejo de administración Francisco Verdú, José Luis Olivas y José Manuel Fernández Norniella en concepto de responsabilidad civil solidaria para asegurar las eventuales responsabilidades que se deriven de la causa.

Y es que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 considera que se ha podido cometer un delito de falseamiento de cuentas y responsabiliza de «tal ficción» a Bankia, a su matriz y a quienes participaron en el acuerdo de junio de 2011 que dio lugar a la inclusión de la información contenida en el folleto de salida a Bolsa.

En estas circunstancias, Anchuelo no ve suficientes las declaraciones del ministro, por lo que insistirá en la materia mediante una interpelación con la que buscará que De Guindos aclare cómo va a garantizar que los accionistas perjudicados son «resarcidos rápida y efectivamente».

De hecho, el diputado no entiende que el FROB, «que no ha realizado actividad alguna para exigir a BFA-Bankia el resarcimiento de daños, se haya comprometido a asumir un coste de cerca de 600 millones con la habitual opacidad y sin que se sepa si esa decisión está sustentada en algún dato o informe».

DEPURAR RESPONSABILIDADES

Igualmente, el diputado magenta cree que hace falta depurar responsabilidades en esta operación, que se realizó usando estados financieros «maquillados» y «falsos» durante la presidencia de Rodrigo Rato, con el «conocimiento» de las autoridades económicas y bajo la responsabilidad del entonces gobernador del Banco de España Miguel Angel Fernández Ordóñez.

«Esa manipulación no puede achacarse bajo ningún concepto a circunstancias externas, pues fue parte de una deliberada estrategia de ocultación y falseamiento contable que se remonta a la propia creación del Grupo Bankia», acusa UPyD en su texto, que recoge Europa Press.

Además, critica que el FROB, que representa a los españoles, que han costeado el «multimillonario rescate» a la entidad, no se haya personado en el procedimiento judicial como acusación sino «como un mero ‘interesado'», no haya pedido «ni una sola diligencia de investigación» en tres años, ni tampoco haya apoyado la exigencia de una fianza suficiente a los imputados para garantizar el resarcimiento de su eventual responsabilidad civil.

La formación que lidera Rosa Díez también tiene registrada una solicitud de comparecencia del titular de Economía ante la correspondiente comisión parlamentaria para que explique qué cuantía de indemnizaciones a los accionistas de Bankia asumirá el Estado.

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