El candidato de UPyD a la Presidencia del Gobierno, Andrés Herzog, ha presentado este miércoles en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) una denuncia para que se abra una investigación contra Abengoa y su consejo de administración por posibles infracciones muy graves de falta de transparencia e integridad, especialmente la supuesta ocultación de la verdadera deuda de la compañía, y todo ello con la intención de que las posibles multas que se puedan imponer recaigan sobre quienes han «hundido» la compañía.
En el texto de la denuncia, que recoge Europa Press, la formación magenta señala que tanto la empresa como los miembros o exmiembros del consejo de administración –sin perjuicio de otros responsables que se puedan identificar– podrían haber cometido infracciones muy graves y/o graves en relación con el incumplimiento de las obligaciones de transparencia e integridad del mercado. En primer lugar, porque podrían haber «ocultado» información sobre la verdadera situación económico-financiera de la compañía, sobre la que existían «sospechas» al menos desde hace un año, tal y como ponen de manifiesto informes de la agencia Fitch. Una situación que «podría haber afectado de forma determinante a su cotización en Bolsa de haber sido debidamente alertada», con lo que se ha generado un «importante perjuicio» a los accionistas e inversores, sobre todo a los más pequeños, que no podían saber por ninguna otra vía que la deuda de Abengoa era el doble de la que se recogía en la documentación oficial. «OPACIDAD CONSTANTE»Esta «opacidad constante» ha provocado que ni siquiera ahora, tras declararse el mayor preconcurso de acreedores de la historia de España, se conozca con claridad la situación real de endeudamiento de la compañía, que «ni siquiera es capaz de dar una cifra definitiva» porque «las cuentas no cuadran».
UPyD critica también que Deloitte, que ha auditado las cuentas de Abengoa desde 2013, «no puso hasta hace apenas un mes ni una objeción a las cuentas de la compañía ni a los riesgos de sus estados financieros», aunque en la denuncia no se señalan posibles responsabilidades de la auditora. Por otra parte, la denuncia señala el «sospechoso comportamiento» de algunos consejeros, como Manuel Sánchez Ortega, que hace pocos meses dejó la compañía «supuestamente por motivos de salud» y acabó fichando por otra empresa que «atacó» a Abengoa, en lo que Herzog ve un «claro indicio» de «información privilegiada». «Parece que al menos una parte de los consejeros eran conscientes de los estados financieros reales, o al menos sospechaban», insiste, reprochando que pese a ello nadie hiciera nada para frenar el «excesivo» apalancamiento financiero que se llegó a alcanzar –entre 20.000 y 30.000 millones de euros– que, sin embargo, no parece haber afectado a ninguno de los principales accionistas o directivos de Abengoa, «que habrán de ser oportunamente investigados». RETRIBUCIONES «INDECENTES»El candidato de UPyD incluye en su denuncia la petición de que se investiguen también las «indecentes» retribuciones y «millonarias» indemnizaciones que algunos de los directivos de la empresa han recibido pese al «agujero» que han dejado en las cuentas.
Como ejemplo, se cita al expresidente ejecutivo Felipe Benjumea, que habría recibido 11,4 millones de euros de indemnización pese a haber «podido colaborar» en la quiebra de la empresa. En este sentido, se recuerda que según la normativa para considerar un remuneración abusiva no sólo se debe mirar el «límite formal de la capacidad de los administradores» sino también criterios legales como la «lesión del interés social y la infracción de los deberes de los administradores». Finalmente, UPyD recuerda en su texto que la Comisión Europea (CE) ha abierto recientemente una investigación formal contra Abengoa y otras dos compañías del sector por posible manipulación de los precios de referencia del etanol, comportamiento que podría haber alterado el consumo de los biocombustibles, con consecuencias negativas tanto para los consumidores como para el medioambiente. Algo que debería ser también «objeto de la correspondiente investigación». El objetivo, en última instancia, es que se dirima si corresponde imponer multas por estos comportamientos, sanciones que podrían llegar hasta el doble de los beneficios obtenidos y que UPyD quiere que abonen «esos señores que a pesar de haber hundido la compañía se han llevado indemnizaciones millonarias» y no la empresa, cuya viabilidad y mantenimiento del empleo debería asegurarse. «Aspiramos a que esos señores por lo menos devuelvan ese dinero y den explicaciones», ha añadido Herzog, que lamenta que la CNMV no haya abierto una investigación de oficio, como sucedería en «cualquier país normal», como consecuencia de la «politización» del organismo cuya presidenta, Elvira Rodríguez, está «vinculada absolutamente al PP» y no tiene «incentivos para hacer su trabajo con independencia, como debería hacerlo», lo que obliga a partidos como UPyD a tener que tomar este tipo de iniciativas. «Ese es el drama de España», ha zanjado.
