El Pleno del Congreso debatirá este martes un posible giro en la política antidesahucios y de lucha contra la pobreza energética llevada a cabo en los últimos años, que se recoge en la proposición de ley que Podemos ha dado en llamar Ley 25 de Emergencia Social.
El objetivo de la iniciativa es «asegurar a los colectivos en situación de vulnerabilidad una vivienda digna y adecuada» y, para ello, se prohíben los desalojos sin alternativa habitacional y se obliga a los grandes tenedores de viviendas colaborar con las administraciones en la provisión de pisos.
Esto se traduce en que las entidades financieras, filiales inmobiliarias de estas entidades, fondos de inversión y entidades de gestión de activos –incluidos los procedentes de la reestructuración bancaria– tendrán un plazo de tres meses para presentar un registro de viviendas vacías que podrían tener que ceder temporalmente a las víctimas de desahucio.
TAMBIÉN SUMINISTROS BÁSICOS
Para completar esta medida, la iniciativa parlamentaria regula también un nuevo bono social para la electricidad y el gas, que será de cuantía progresiva en función de la vulnerabilidad de cada familia a partir de un Consumo Mínimo Vital mensual por hogar, con el objetivo de evitar cortes de suministro.
La aplicación de esta medida comenzaría por la redefinición por parte del Gobierno de lo que se considera un hogar vulnerable y la actualización de los parámetros para medirlo –que no se limitarán a la renta–. Una vez los servicios sociales certifiquen esta situación y el grado de vulnerabilidad, la familia podrá acceder al bono social, que se aplicará en forma de rebaja progresiva del coste de los suministros hasta un límite fijado anualmente por el Ministerio de Energía.
Así, los hogares con un grado máximo de vulnerabilidad estarán exentos de pagar hasta el 100% de la factura de luz o gas, y el porcentaje se irá reduciendo proporcionalmente al nivel de pobreza, teniendo en cuenta en este cálculo otras ayudas públicas contra la pobreza energética que se puedan estar recibiendo.
NO PODRÁ HABER CORTES
Además, Podemos quiere impedir con su iniciativa que las empresas energéticas puedan cortar los suministros en la vivienda habitual a las familias vulnerables, por lo que antes de proceder a esta medida los servicios sociales tendrán 60 días para verificar la situación del hogar.
El corte sólo podrá aplicarse si no existe vulnerabilidad, se ha superado el Consumo Mínimo Vital anual y han pasado tres meses desde la factura adicional de gastos adeudados. Y siempre y cuando el nivel de pobreza no haya variado, en cuyo caso se tendrá que ajustar la cuantía del bono social con carácter retroactivo.
En cuanto a quién asume el coste de esta medida, Podemos cree que deben ser las empresas energéticas las que, al menos en parte, costeen el bono social en función de su volumen de negocio. Para ello, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) tendrá que publicar anualmente qué empresas y en qué porcentaje se hacen cargo de los gastos.
La proposición de ley hace especial hincapié en el caso de las mujeres víctimas de violencia machista, que podrán solicitar una vivienda con todos los suministros básicos cuando sufran «precariedad económica debido a la violencia padecida» o sea «necesario para poder recuperarse».
Por último, el grupo parlamentario que encabeza Pablo Iglesias propone suprimir dos artículos del decreto de abril de 2012 por el que se puso en marcha el copago farmacéutico.
