Una de las primeras medidas del flamante Consejo de Ministros que preside Rajoy y controla Soraya será la aprobación de la ley orgánica de estabilidad presupuestaria.
El control del déficit es la prioridad del nuevo equipo económico de Mariano Rajoy y su principal preocupación. Aunque los recién estrenados responsables económicos distinguen orígenes del déficit.
El Estado, a pesar de llegar al 4,48 por ciento en noviembre, su límite para todo el año, no les preocupa en demasía. El ‘dolor de cabeza’ para los populares son los déficit de las comunidades autónomas y la Seguridad Social.
Como dice Marta Yoldi en ‘El Economista’, no hay temor a un déficit oculto pero sí, sobre todo, a las cuentas de la Seguridad Social.
Este organismo, todavía con un precario superávit que, sin embargo, ha caído casi un 42% en los once primeros meses de 2011, es uno de los focos susceptibles de dar disgustos.
El problema, además de la disminución de trabajadores, es que precisamente ahora a un gran número de parados se les está agotando el periodo de cobertura de l prestación por desempleo, lo que significa que van a dejar de cotizar a la Seguridad Social.
Esos parados van a engrosar el temido colectivo del paro de larga duración, que ya supone un quinto del total de desempleados. Las cotizaciones que los parados ingresan en la Seguridad Social son unos 10.000 millones de euros.
El problema no sólo es que la Seguridad Social no aporte ese superávit del 0,4% para compensar el déficit público, sino que el propio organismo entre en número rojos.
«No pasaría nada de cara a las pensiones, porque éstas saldrían de la caja del Estado, pero políticamente es aterrador», comentan fuentes populares.
En la misma línea, se encuentran los desfases de las comunidades autónomas. El nuevo Gobierno tampoco espera encontrar en este campo ‘déficit ocultos’. Lo que temen es el resquemor de las autonomías hacia las indicaciones de reducciones de gasto.
«El hecho de que la mayoría estén gobernadas por el PP no es ninguna ventaja, a pesar de que pueda parecer lo contrario», dicen en el entorno de los nuevos gobernantes populares.
La tarea de Montoro
Embridar el gasto de las comunidades autónomas será una de las tareas, y de las más duras, del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, que ayer tomó posesión de su cargo.
Montoro recibió las carteras de dos vicepresidentes del Gobierno saliente, Elena Salgado y Manuel Chaves. La primera le pasó la de Hacienda, en la que el exportavoz económico del PP repite, y el segundo, la de Política Territorial, ahora reconvertida, una vez más, en Administraciones Públicas, aunque con un carácter mucho más económico que el administrativo que tenía antes.
El exvicepresidente tercero le deseó que le fuera bien «porque, como en Andalucía, te queda bastante faena». «Deseo de verdad que lo hagan bien porque eso es bueno para el resto de los españoles».
Manuel Chaves añadió que debía pronunciar la «palabra recorte» y dejó dos mensajes a Montoro: que el Estado autonómico es una de las señas de identidad más importantes que tiene España, que funciona bien, y que los españoles contamos con una Adminsitración Pública ‘moderna’.
Cristóbal Montoro, al agradecer a su predecesores el traspaso de poderes, animó a que con el esfuerzo de todos la crisis se acabe pronto.
En seguida hizo una declaración de intenciones tras las palabras de Chaves:
«No he venido al Gobierno para hacer recortes, he venido a hacer reformas».
El nuevo ministro recordó que su política es la de la estabilidad económica, el equilibrio presupuestario y «el reordenamiento de las competencias entre Administraciones».
El Estado, dijo, «debe ser una catapulta para recuperar el crecimiento económico y salir de la crisis».
En materia territorial, Cristóbal Montoro hereda un asunto peliagudo: la reforma de la financiación local y la ley de bases de régimen local.
Las dos actuaciones son consideradas por los ayuntamientos necesidades perentorias dada su situación económica asfixiante.
Al referirse a sus nuevas tareas como titular de Administraciones Públicas, Montoro afirmó que «yo también soy funcionario» en su calidad de catedrático de la Universidad pública de Cantabria.
Beteta, a Hacienda
El ministro de Hacienda se dio prisa en formar su equipo. El primer nombre que ya se conoce es el de Antonio Beteta, que ocupará la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas.
Hasta este 23 de diciembre de 2011, Beteta era consejero de Transportes e Infraestructuras en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, desde el pasado mes de junio. Este nombramiento obligará a la presidenta Esperanza Aguirre a remodelar su Ejecutivo.
Ya es la segunda Administración madrileña que debe cambiar de caras por la formación del Gobierno central, tras la designación del alcalde Alberto Ruiz Gallardón como ministro de Justicia, que deja el bastón demando del Ayuntamiento en manos de Ana Botella.
