Es ver publicado un nuevo sondeo de opinión política y me pongo en estado de alerta tranquila, del mismo modo que cuando veo una rasante en la carretera mientras voy conduciendo con el coche.

En la memoria tengo frescas todas y cada una de las encuestas que daban por seguro el notable sorpasso podemita al Psoe en las últimas generales españolas del 26 de junio de 2016, cuando, la realidad ha sido bien distinta, como todos sabemos.

Es menester preguntarse si todos esos estudios (tanto de empresas privadas como de entes públicos) han errado por alguna deficiencia técnica en sus respectivos métodos o estaban ya cocinados (conspiraciones varias).

A nadie escapa que las encuestas y sondeos condicionan directa o indirectamente el voto final del electorado, y que todos los ciudadanos tenemos garantizado constitucionalmente nuestro Derecho a una Información Veraz, y mucho más si cabe en esta era dominada por la red de ecos (Internet).

Por ello, no es suficiente la actual regulación española al respecto descrita en el artículo 69 de la LOREG.

Rescato una reflexión de mi padre (Paulino González) al respecto que, por haberla escrito hace ya más de 40 años, y, vista el status quo actual de la cuestión, van como anillo al dedo: «Hacia una ley reguladora de los estudios de opinión pública: Si el Estado no dispone de unos mecanismos de control de la fiabilidad de las prospecciones parece lógico aventurar que la manipulación pueda aparecer.

El impacto de ciertas encuestas y sondeos es de tal índole que puede realmente interferir en las actitudes de los ciudanos. Los instrumentos de medida de la Opinión Pública pueden, si son aplicados válidamente, clarificar el panorama. Pero también pueden presionar ilícitamente, distorsionando la realidad.

Para que la sociedad no sufra las consecuencias de posibles tentaciones parece necesario que el Estado tome cartas…

A cuidarse, meus.

P.