Desde el caso Naseiro —aquel responsable de finanzas del PP—, en 1990, hasta hoy, la presunta corrupción de los partidos no ha hecho más que crecer al amparo del desarrollo inmobiliario. Al llegar a ministro de Obras Públicas en 1991, Josep Borrell, no sé si ingenua o cínicamente, dijo aquello: “Si es que hay comisiones en este ministerio, a partir de ahora mismo se acabaron”. Ja. A los dos meses estalló el caso Filesa de financiación ilegal del PSOE.
Lo que ha llovido desde entonces. Y la cantidad de dinero que ha pasado por manos de algunos tipos sin escrúpulos. Tanto, que ha puesto a toda la clase política bajo sospecha, según revela la última encuesta del CIS.
Y es que los partidos gastan como manirrotos y, claro, apenas si les llegan los 111 millones que les damos los ciudadanos en los Presupuestos Generales del Estado. Eso, sin contar con las aportaciones de los Gobiernos autonómicos y locales. Si sólo dependiesen de las cuotas de sus afiliados, los partidos, como los sindicatos, apenas cubrirían el diez por ciento de sus gastos.
Ahí, en ese desfase presupuestario, comenzaron las mordidas, los sobornos o como queramos llamarlos. No nos andemos con piadosos eufemismos. Ni tampoco echemos todo sobre la espalda de los grandes partidos. Los nacionalistas, llámense PNV, CiU, Unió, BNG o Coalición Canaria, por aquello de la mayor proximidad con sus administrados, son quienes más donaciones reciben. A lo mejor totalmente legales, pero las reciben.
Peor es lo de los ayuntamientos, responsables finales de los planes de urbanismo y sin un duro debido al incremento de sus servicios, como esas enormes policías locales, probablemente necesarias.
No nos extrañe pues que, en mitad de ese tráfago, políticos sin remilgos y sus asesores, como el inefable Juan Antonio Roca, de Marbella, acaben forrándose. La geografía española está sembrada de escándalos: de Ciempozuelos a Ibiza y de Telde a Orihuela.
Mientras los tribunales se abarrotan de querellas de final más que dudoso, colapsando así la administración de justicia, muchos implicados en malversación de fondos, fraude fiscal, cohecho o tráfico de influencias vuelven a figurar en las listas electorales. Tal parece que los partidos aún no se dan por enterados de la que está cayendo, que consideran las demandas judiciales como meros actos de un ritual electoral y que lamentablemente sólo saben decirle al otro: “Más corrupto que yo eres tú, tururú”.
Así vamos.
