A tenor de los resultados electorales, los ciudadanos pasamos de la corrupción. Salvo en el caso clamoroso de Marbella, por supuesto, en el de la localidad canaria de Telde y poco más, los electores han seguido votando a los de siempre, sean del partido que fueren.
En la Comunidad Valenciana, esa aparente contradicción ha sido más visible, si cabe. Las imputaciones o los rumores de corrupción —más de lo segundo que de lo primero— no han inmutado al personal: en Orihuela o Torrevieja sigue mandando el partido de antes y en Castellón toda la literatura sobre Carlos Fabra tampoco ha impedido el triunfo apabullante del PP. ¿Qué sucede entonces?
Probablemente se estén produciendo varios fenómenos simultáneos, ninguno de ellos bueno. Pasó en su día en Francia, donde una clase política bajo sospecha hubo de aprobar sendas amnistías en el Parlamento para que algunos de sus miembros no acabasen en la cárcel. También en Bélgica e Italia, donde el desprestigio de los políticos provocó el surgimiento de nuevas siglas para, al final, volver adonde estaban.
Al lado de esos países, lo nuestro es peccata minuta. Además, el exceso del ruido mediático termina por ensordecer al personal, que no se entera de qué va la cosa. Primero, se amenaza con querellas a troche y moche, la mayoría de las cuales ni siquiera se sustancia. Del resto, otra mayoría no es admitida a trámite por los tribunales. Finalmente, unos juzgados saturados, faltos de medios y sin pruebas suficientes, concluyen por sobreseer los casos que llegan a esa fase del procedimiento.
Total, mucho ruido para nada. ¿Se acuerdan del escándalo hace cuatro años con los tránsfugas de la Asamblea de Madrid, Tamayo y Sáez? Se habló en su momento de “ruido de cheques”, como metáfora alternativa del “ruido de sables” de las antiguas asonadas militares. Y todo quedó en agua de borrajas.
O sea, que el personal está escaldado y ya no se cree nada de nada. Ojo: eso no quiere decir que consideremos a nuestros políticos unos angelitos. Más bien se produce una percepción opuesta y muy peligrosa: la de que todos ellos, en el fondo, son iguales.
Tal cosa no sólo resulta injusta, claro, sino que además conduce a esa falta de credibilidad de la clase política que revelan las encuestas. Por ello, más vale ir sobre seguro en las imputaciones de corrupción. Si no, el acusar por acusar termina salpicando a todos, a imputadores y a imputados, pero quien de verdad acaba perdiendo es el propio sistema democrático.
