No hace falta ningún radar para saber que circulamos tan rápido como antes del dichoso carné por puntos. Cerca de mi casa, hay un túnel de dirección única con la velocidad limitada a 50 kilómetros por hora. Pasados los primeros meses de temor punitivo, nadie circula hoy a menos de 100 por hora.

Sólo es un ejemplo. Pero hay tantos como queramos.

Por eso, no me extraña que en el último mes se hayan producido 269 muertes en la carretera, frente a 250 del agosto pasado. Si computamos todo el año, hemos tenido menos víctimas, claro, pero la tendencia es al alza. Así que ya me dirán.

Sé que resulta más peligroso conducir en otros países, desde Turquía a Venezuela, pasando por Argelia, donde la línea continua debe suponer sólo un dibujo en el asfalto, sin ninguna otra connotación viaria, dado cómo se la pasan por la entrerrueda la mayoría de conductores.

Pero aquí tampoco nos inmutan las estadísticas fúnebres, las imágenes de accidentes ni las campañas publicitarias, que ya no saben qué inventar tras haber apelado al temor, a la solidaridad, a la persuasión y últimamente a un lenguaje moderno, como si conducir arriesgada e irresponsablemente fuese una antigualla.

Que si quieres arroz, Catalina. Siempre acabamos por pensar que eso les ocurre a otros y que nosotros somos inmunes a semejantes percances.

También contribuye a nuestra insensibilidad el no conocer a nadie privado del carné por conducción temeraria o criminal. Para reforzarlo, hubo en marzo aquella sentencia de la audiencia de Burgos, ¿recuerdan?, que exoneró de responsabilidad a un paisano que circulaba a 260 por hora. Según el magistrado, su conducta no había supuesto un “peligro concreto” para nadie.

Mientras creamos, pues, que guiar un coche es un derecho fundamental del individuo, más importante que la sanidad, la educación o la vivienda, no habrá nada que hacer. Si, en cambio, las medidas represivas lograsen quitar de la carretera a ese cinco o diez por ciento estimado de conductores peligrosos y homicidas, esto sería un paraíso.