Tal como va de lenta la justicia en este país —y más que irá, en vista de sus sucesivos líos, amenazas de huelga y aumento de querellas—, supongo que la expropiación del Palacio de Orellana de Salamanca seguirá coleando dentro de varias décadas.

Mientras los tribunales ventilan si es correcto o no el justiprecio del edificio, el Gobierno adeuda ya a la familia Pérez de Herrasti, anterior propietaria, 2,4 millones de euros sólo en intereses de mora, por no haber pagado aun los 29 millones en que se tasó el palacio.

Ya ven en qué han quedado las prisas que tenía hace cuatro años la entonces ministra de Cultura Carmen Calvo —¿quién se acuerda de ella?— para albergar allí el Centro de Memoria Histórica cuando ya se sabía perfectamente que el inmueble no se adaptaba para aquella finalidad.

Así que, a fecha de hoy, el absurdo panorama se resume en lo siguiente: otros locales albergarán el dichoso Centro, la apertura de éste se ha demorado, los tribunales están empapelados con los respectivos recursos sobre la tasación de marras y, finalmente, el Estado gasta en todo ello una pasta que no tiene, en un edificio que aún no puede utilizar, para un destino distinto del previsto y sin saber todavía si habrá de pagar más por su precipitada expropiación.

Semejante desaguisado ejemplifica, a escala doméstica, la improvisación, la ineficacia y el despilfarro de que muchas veces da muestras nuestra Administración.

Viene a ser lo mismo que el derroche incontrolado de fondos públicos que promete Rodríguez Zapatero, un día sí y otro también, para combatir la crisis económica o para financiar las distintas comunidades autónomas. Igual da. De lo que se trata es de ir soltando pasta a golpe de espontánea ¿e ingenua? intuición, sin saber de dónde va a salir el dinero ni a qué coste.

Es la ventaja de disparar con pólvora de rey. Mientras los demás tenemos que ajustarnos a un incómodo presupuesto, el Estado tira de chequera sabiendo que al final ese dinero, sea ahora o más tarde, acabarán por pagarlo los ciudadanos.