Es más fácil que quiebre el Valencia C.F. de Vicente Soriano, ya que al fin y al cabo se trata de una empresa privada, que lo haga cualquier ayuntamiento, institución pública por encima de esos avatares.
Lo cierto, sin embargo, es que una gran parte de los 8.112 municipios españoles está al borde de la ruina y que sus generosas y a veces desmedidas prestaciones ya no van a ser lo que eran. El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, el alcalde de Getafe, Pedro Castro —sí, el mismo que llamó “tontos de los cojones” a los votantes del PP—, acaba de reconocer que “los ayuntamientos cobran menos del 30 por ciento de los servicios que prestan y así no podemos seguir”.
Coincidiendo con esas manifestaciones, el equipo del ministro económico, Pedro Solbes, ha hecho pública la deuda bancaria de los municipios españoles: 226.128 millones; es decir, 566 euros por habitante. Estas cifras, a escala de Valencia, gobernada por Rita Barberá, son de 801 millones en total y de 992 euros por cabeza. Toda una pasta, como se ve.
Y eso que sólo hablamos de la deuda financiera, no de lo que esas corporaciones deben a empresas y particulares.
Hace bien poco, un pequeño empresario llamado José María Solís, amenazó con quemarse a lo bonzo ante el ayuntamiento de Loeches, ya que éste le adeudaba 450.000 euros por unas obras realizadas hacía tres años. El argumento del alcalde, de que lo construido adolecía de defectos, para acabar prometiéndole sólo un tercio de lo debido, son simples excusas de mal pagador.
¿Cómo hemos podido llegar a semejante extremo?
Tres son las razones cuya confluencia ha propiciado este desastre actual: 1) la crisis económica general, que ha afectado más a los municipios que a otros damnificados por ella, 2) el exceso de un gasto a veces suntuario, como ciertos polideportivos sobredimensionados o la contratación de grupos musicales perfectamente prescindibles y 3) la falta endémica de financiación local, frente a la del Estado y a la autonómica.
Vayamos por partes.
Hasta ahora, los ayuntamientos han vivido al socaire del boom inmobiliario, nutriéndose de las licencias de obras y del subsiguiente impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), echando mano además de recalificaciones de suelo no urbanizable y de otras prácticas más o menos dudosas. Acabada la especulación, se terminó el milagro económico municipal.
En cuanto al gasto, el secretario federal de Economía y Empleo de IU, José Antonio García Rubio, afirma que los planes de ordenación urbanística de muchos ayuntamientos han resultado tan fantasiosos y tan faraónicos que, de creerlos, España debería tener 200 millones de habitantes de aquí a 4 ó 5 años.
Finalmente, los municipios han sido el patito feo de la financiación pública. Frente a la voraz demanda creciente de fondos por parte de las comunidades autónomas, la administración local sólo recibe el 13,4 por ciento de todos ellos. Esta misma semana, en Ávila, la cúpula del PP, con Mariano Rajoy y el presidente regional, Juan Vicente Herrera, al frente, abogó por una urgente línea de crédito del ICO de 5.000 millones y avales por otros 4.000 para paliar el problema.
Pero, ¿de dónde va a salir ese dinero si ya vamos directos a un déficit del Estado del 8 por ciento para fin de año? En su alegre tirar de talonario, Rodríguez Zapatero acaba de conceder 9.000 millones para la Caja de Castilla-La Mancha, 4.000 más para el nuevo fondo del G-20, otros 8.000 para dudosas obras municipales con las que, según el citado García Rubio, “se van a hacer pistas de pádel o aparcamientos y eso no crea infraestructuras ni dotaciones para el futuro”.
Nos movemos, por consiguiente, entre la irresponsabilidad y la demagogia. Recordemos que cuando gobernaba José María Aznar prometió modificar la financiación local y que esa prédica, como tantas otras, quedó en agua de borrajas. Luego, en octubre de 2007, mientras Rajoy proponía rebajar los impuestos si llegaba a La Moncloa, el alcalde popular de Salamanca, el inefable Julián Lanzarote, aumentó de un plumazo el IBI un 19 por ciento, dejando en evidencia a su líder nacional.
Así que no nos engañemos ni dejemos que nos engañen.
A falta de una imposible mayor financiación mediante los presupuestos del Estado, los ayuntamientos nos freirán a multas, como en Madrid, subirán exorbitantemente la tarifa de recogida de basuras como, en Cullera, y se inventarán impuestos sobre la telefonía móvil, como en Elche.
En cualquier caso, ya nada será como era.
