En las elecciones de hoy, el hecho autonómico sólo está realmente presente en aquellas comunidades con fuerte representación de partidos nacionalistas, quienes aprovechan esta oportunidad para llevar al Parlamento Europeo sus mensajes diferenciales y, en alguna ocasión, secesionistas.

Tan fuerte es esa tendencia, que hasta el PSC, aparte de utilizar el inevitable reclamo de Rodríguez Zapatero, ha excluido de sus papeletas los nombres de los candidatos no catalanes, salvo el cabeza de lista, López Aguilar, por supuesto. Así, ascienden en el orden de prelación María Badía, Raimon Obiols y los otros cuatro socialistas autóctonos.

Por lo demás, al igual que Holanda —primer país cuyos resultados electorales han sido conocidos—, España vota en estos comicios en clave nacional: son “las primarias para acabar echando a Zapatero”, según insiste Mariano Rajoy.

La otra variable de un calado muchísimo menor consiste en saber si Sosa Wagner, el candidato del partido de Rosa Díez, consigue sentarse en Estrasburgo. Se ratificaría así una tercera vía —tras su modesto éxito a escala nacional y de Euskadi— que tanto parece incomodar a los dos grandes partidos.

Lo más valenciano de esta campaña han sido las alusiones al caso Gürtel. Por parte de Jorge Alarte, tratando de minar con él la credibilidad del PP. Y por el Partido Popular, en cambio, ensalzando la honradez de Paco Camps, con un multitudinario mitin al que el conseller de inmigración, Rafael Blasco, consiguió atraer a 2.600 residentes extranjeros.

Todo lo demás es anecdótico. Se sabe ya de antemano, dados sus puestos de salida, que obtendrán escaño los populares García Margallo y Eva Ortiz y los socialistas Andrés Perelló y Josefa Andrés, con independencia de que su papel en esta campaña haya sido forzosamente secundario.

Ningún otro candidato valenciano de los 35 partidos presentes en estas elecciones llegará al Parlamento Europeo. Alguno, como el líder de UV, José Manuel Miralles, se presenta, bendita ingenuidad, para lograr esos magros espacios publicitarios oficiales que luego nadie escucha.

Sin embargo, vaya si se dilucidan en Bruselas cosas que nos afectan dentro de un gigantesco presupuesto de 150.000 millones. No sólo hay que tratar de sacar la mejor tajada de los distintos fondos comunitarios, sino que la legislación de la UE influye ya en el 75% de nuestra vida cotidiana y que algunas de sus decisiones —por ejemplo, el informe de la comisaria Margrete Auken sobre los excesos del urbanismo valenciano— han tenido un efecto demoledor en nuestra vulnerable economía.

Lo paradójico del caso es que, mientras no se ratifique el Tratado de Lisboa, los parlamentarios europeos siguen sin tener un papel político determinante. Quizás por eso, todos los países suelen enviar a esa institución a políticos ya amortizados y muchos de ellos, incluso, sin el suficiente conocimiento de idiomas.

Pero es que gran parte del poder real radica en el Consejo y en la Comisión —con el protagonismo indiscutible de Javier Solana— y también en esos 34.000 funcionarios cuya influencia se disputan entre bastidores cientos de lobbies de toda índole y 268 oficinas regionales. Lo han leído bien: 268. Ahí, en saber introducir en ese difuso entramado de poder a eficaces valedores, radica el papel fundamental de los distintos países y sus diversas comunidades autónomas.

La valenciana, en esta labor, no va a la zaga de nadie y su delegación europea —creada en su día por Joan Lerma— es una de las más numerosas con 60 personas que organizan encuentros, seminarios, proyectos, presentaciones,… bajo la dirección de Juan Manuel Revuelta.

Gracias a esa prolija red de intereses preestablecida, sea cual fuere el resultado electoral de hoy no cambiará sustancialmente el rumbo de la UE. Sin embargo, si desde mañana mismo los políticos de la Comunidad Valenciana no aprovechan las oportunidades inexploradas que nos ofrece Europa, el futuro que se avecina puede resultar aun más oscuro que el incierto presente en que vivimos.