La familia de María José Carrascosa, la valenciana condenada en Estados Unidos, se queja de que el Gobierno español no ha echado el resto para impedirlo. Ahora trata de que cumpla su pena en España.

Por su parte, el hispanista Ian Gibson insiste en que se agujeree Granada entera hasta dar con el cadáver de García Lorca, como si ésa fuese la necesidad más urgente de este país. Claro que otros proponían que el Estado español dragase el Mar Rojo para recuperar los restos de dos connacionales ahogados allí.

Luego, claro, están los afectados por la quiebra de Air Comet, que desean que nuestro Gobierno sufrague su viaje de vuelta. Y así podríamos seguir con peticiones a cual más desaforada a cuenta del erario público. Como si nuestra economía estuviese para lanzar cohetes.

Hablamos de dramas humanos y de solicitudes muchas de ellas comprensibles aunque impracticables. Y es que nos hemos acostumbrado a que la Administración Pública se haga cargo de todo, sin importar el coste. Da lo mismo la repatriación de los marineros del Alakrana que el excarcelar a penados, la subvención a asociaciones inverosímiles que en el rescate de imprudentes excursionistas perdidos.

Eso no sucede en países más ricos que el nuestro, que se tientan la ropa muy mucho antes de soltar un duro. Por el contrario, aquí rivalizan las distintas administraciones públicas en incrementar organismos y cargos, técnicos y asesores, funcionarios y asalariados, en una competición por ver cuál de ellas es más rumbosa en la atención de asuntos perfectamente prescindibles pero, eso sí, que nos hacen un poco más pobres cada día.