Hasta ahora, 1,3 millones de españoles tienen el doble de capacidad de voto que el resto de sus conciudadanos. Son aquellos residentes en el extranjero que, sin haber estado nunca en España muchos de ellos, pueden votar tanto a Hugo Chávez en Venezuela, por ejemplo, como a Rajoy o Rodríguez Zapatero en nuestro país.

Esa perversión de la democracia parece tener los días contados ya que PP y PSOE comienzan a darse cuenta del dislate: ¿por qué ha de depender quién sea alcalde de Vigo, pongo por caso, de aquéllos que jamás han estado en la localidad gallega ni piensan estarlo?

La sesuda reflexión de nuestros políticos les ha llegado sólo en vísperas de la naturalización de 300.000 nietos de españoles con derecho a nuestra nacionalidad, a resultas de la Ley de Memoria Histórica: son ya demasiados electores foráneos para que dependa de ellos la gobernación del país.

Ya antes, en las elecciones generales de 2008, su voto hizo ganar en Barcelona un diputado a CiU, en detrimento del PP, y en Tenerife perder un senador a Coalición Canaria en beneficio del Partido Popular. Más delicado es el caso de Galicia, donde el 12% del censo vive en el extranjero y donde por poquísimos votos puede depender el signo del Gobierno autonómico.

Se comprende, por consiguiente, tanto viaje de los líderes regionales de los partidos en busca del voto emigrante. Por suerte, dentro de poco, se hará bueno, por fin, el viejo aforismo democrático de “una persona, un voto”, y los respectivos lehendakaris de las 17 comunidades autónomas tendrán un argumento menos para hacer sus habituales y onerosos viajes al exterior con el dinero de todos.