Por fin, se van a poder abordar en la Comunidad Valenciana graves cuestiones veladas hasta ahora por el omnipresente caso Gürtel.

Lo cierto es que la inacción política de un Paco Camps lógicamente preocupado por su defensa judicial ha dejado en estos dos últimos años la comunidad autónoma al borde del colapso financiero.

Si un día se destapa lo que puede haber bajo las alfombras de la Generalitat, quizás se queden cortos a su lado los excesos denunciados por De Cospedal y por Monago al llegar a las presidencias respectivas de Castilla-La Mancha y de Extremadura. En Valencia, por ahora, al haberse sucedido el PP a sí mismo, con Alberto Fabra en lugar de Camps, el silencio parece garantizado.

Mucho va a tener que trabajar, no obstante, el nuevo presidente para arreglar tanto desaguisado de déficit público, sobrecostes injustificados, impago a proveedores —con retrasos de hasta año y medio—, estructuras mastodónticas como el ruinoso Canal Nou y una deuda autonómica del 17% del PIB, la más alta de España por habitante.

Todo esto, además, en un ambiente de opacidad informativa recogido en varias sentencias del Tribunal Constitucional.

Para mayor inri, Alberto Fabra va a tener que afrontar esta ingente tarea sin la colaboración de un partido socialista empequeñecido por sus fútiles y habituales rencillas internas.

Menos mal que la valenciana es una sociedad de probada vitalidad y que ha remozado unas instituciones empresariales tradicionalmente dóciles al poder con dirigentes como Boluda, Morata o José Vicente González, más dados a buscar soluciones que a practicar el halago sumiso de sus predecesores.