Todos los ciudadanos de este país tienen alguna idea (o varias) de cómo regenerar la vida política española. Los únicos que parecen no tener ninguna son los políticos.

Ahí radica precisamente el problema. En ellos.

O sea, que si logramos reconvertir a nuestros políticos modificando su comportamiento, cambiando su modo de organizarse (o sea, los partidos políticos), exigiéndoles ser más competentes, atribuyéndoles responsabilidades (incluso penales) y obligándoles a responder directamente ante sus electores (y no ante los partidos que los manejan) habremos regenerado nuestra democracia antes siquiera de habernos dado cuenta.

Lo primero, que los políticos sean competentes. ¿De qué, por consiguiente, esa interminable serie de asesores que no son más que enchufados a costa del erario público? Si algún político necesita asesorarse (como nos ocurre a cualquiera), tiene para ello cantidad de funcionarios públicos, se supone que bien preparados y que han superado oposiciones específicas para el cometido que se les ha asignado.

En segundo lugar: ¿quiénes deben ser políticos? Muy sencillo: los que el pueblo quiera y no los que designen unos partidos condicionados por intereses endogámicos. Hay muchos sistemas para ello: desde listas abiertas hasta bajar el umbral electoral, pasando por la circunscripción uninominal, en la que un solo candidato por partido pelee en cada distrito por ganar el voto de los electores.

Finalmente, hay que concluir con la impunidad clasista de los políticos de oficio, que entran en esa profesión en la adolescencia (en vez de continuar sus estudios) y la prolongan de por vida, jubilándose en consejos consultivos, empresas públicas y otros inútiles asesoramientos de los que no tienen ni idea (en confesión propia de ex consejeros de cajas de ahorros ante las comisiones correspondientes).

Así se acabaría con el ruinoso abultamiento de lo público, la opacidad administrativa (como la de afirmar en sede parlamentaria que los contratos públicos son confidenciales, vaya por Dios) y la irresponsable ignorancia de unos políticos asilvestrados e imbéciles.

Como ven, se trata de unas ideas mínimas para aplicar el sentido común en vez de la conveniencia partidista. Pero, claro, como la reforma está en manos de los mismos que se verían perjudicados por ella, ya me dirán cómo podemos meterla mano.