Si hacemos caso del número de asesores, consultores y otros enchufados puestos a dedo en la función pública, la conclusión es que los funcionarios de carrera a quienes sustituyen son unos imbéciles inservibles.

Y no es así.

Lo que sucede es que aquí —a diferencia de Francia o Gran Bretaña, pongamos por caso— no interesa que haya unos servidores públicos bien formados y bien pagados. Éstos, más bien, resultan un incordio, pues someten las decisiones de los políticos al principio de legalidad y lógicamente entorpecen sus chanchullos. De ahí, por ejemplo, la existencia de consejos consultivos, puestos en evidencia el de la Comunidad de Madrid al ir a parar a él el ex ministro Ruiz Gallardón, con un sueldo bruto de 8.500 euros mensuales.

¿Para qué sirven estos Consejos, cuando sus resoluciones son sólo consultivas y no obligan a nadie a llevarlas a cabo? Pues para pagar —y bien, a lo que se ve— a políticos de uno u otro signo que siguen disfrutando crematísticamente del Sistema.

Si en España existiese un Consejo Consultivo nacional, que lo hay, eso ya resultaría discutible, pero es que hay 18, uno por Comunidad Autónoma, menos Cantabria, y con Cataluña que tiene dos. ¿Y cuál es la preparación jurídica de esos consejeros que dictaminan sobre altísimos temas del Estado?: muchas veces, ninguna.

Pero lo mismo puede decirse de la institución del Defensor del Pueblo —una por Comunidad, amén de la nacional que preside Soledad Becerril—, de los tribunales autonómicos de Cuentas y, a otro nivel, de los Conejos de Administración de las Cajas de Ahorro y otras empresas públicas, últimamente tan de moda.

Si a muchos de sus miembros los sometiéramos a las oposiciones a que la ley obliga a los funcionarios a quienes ellos tanto denigran, lisa y llanamente suspenderían los exámenes. Nos hallamos, pues, ante unos enchufados consultivos que no tienen criterio ni, lo que es peor, conocimiento alguno de lo que tratan.