En las democracias, los cargos públicos están al servicio de los ciudadanos y de las leyes que amparan a todos ellos. Cuando empiezan a jurar o prometer fidelidad a otras personas o conceptos, lagarto, lagarto…
Por eso, uno recela, cuando no simplemente abomina, de esas proclamas de lealtad a los Principios Fundamentales del Movimiento, en tiempos de Franco, o a la revolución bolivariana de Venezuela o qué sé yo.
En la Alemania nazi —y ustedes perdonen la alusión—, hasta los militares juraban fidelidad personal al Führer, y no al Estado. Se explica así que fracasase la Operación Valkiria contra Hitler y que el ejército alemán lo siguiese obedeciendo al precio de la destrucción total del país y la muerte de cinco millones de ciudadanos.
Todas las comparaciones son odiosas, lo sé. Pero comenzar a poner coletillas, pegas o modificaciones al juramento o promesa de los cargos públicos al cumplimiento de las leyes, conlleva un intento de saltárselas a la torera.
La cosa comenzó con aquello de acatar la Constitución “por imperativo legal” de los políticos afines a ETA al tiempo que su gente la combatía a tiros. Luego han venido expresiones más alambicadas y menos brutales de sortear la legalidad.
Digo todo esto por la fórmula con la que van acceder a sus cargos los nuevos concejales de CiU, aunque lo hagan en la población más remota de los Pirineos: “Quedo a disposición de la Generalitat para ejercer la autodeterminación de nuestro pueblo”.
Toma ya. Los ediles convergentes no se comprometen, pues, a gestionar lo mejor que puedan los intereses del municipio respectivo, sino que en lugar de eso dedicarán su tiempo a “ejercer la autodeterminación”.
Pensarán ustedes, quizá, que uno es demasiado suspicaz, alarmista o simplemente exagerado. Puede. Pero cuando se empieza a desvirtuar el mandato popular, por muy edulcoradas que sean las fórmulas con que se haga, cualquier cosa —hasta la peor de todas— puede llegar a suceder.
