Haz lo que digo, no lo que hago. Ese es el mantra de las hermanas Pardo de Vera.
A pesar de que ambas presumen de sus ideales ‘progresistas’, no desaprovechan una oportunidad para consolidarse en la casta.
En octubre de 2015, Ana Pardo de Vera se regocijaba en las redes sociales con la noticia de una presunta relación del hijo de José María Aznar con “fondos buitres que compraron pisos sociales”. Ahora, sus lecciones morales al hijo del expresidente del Gobierno se le atragantan por culpa de su propia hermana.
¿El motivo?, que Isabel Pardo de Vera fue fichada como presidente de la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval), una organización capitaneada por fondos como Blackstone y Arbes. Un cargo, que hasta la fecha, estaba en manos de Joan Clos, pero que finaliza su cargo este mes de diciembre.
La junta rectora de Asval propondrá el relevo a todos sus asociados en la próxima junta convocada para el 20 de diciembre. El nombramiento está pendiente de la resolución de la Oficina de Conflictos de Interés, que debe dar el visto bueno al haber ocupado Pardo de Vera un cargo público.
Para quien no lo sepa, estas dos Pardo de Vera son hermanas. Nunca aceptéis la menor lección moral de este tipo de gente. pic.twitter.com/HO2OQvzXPh
— Pastrana (@JosPastr) December 15, 2023
Dichas fuentes han apuntado que, por el momento, la solicitud ha sido enviada a la Oficina de Conflictos de Interés, pero desconocen cuándo se resolverá la misma. Asimismo, han apuntado que, de confirmarse el cargo, este se haría efectivo a partir del próximo 1 de enero.
Por su parte, estas mismas fuentes han señalado que la salida de Clos se produce «de manera amistosa», tras agotarse su mandato en Asval.
Isabel Pardo de Vera fue nombrada secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en sustitución de Pedro Saura, en la pasada legislatura, a propuesta de la anterior ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez.
Antes de este nombramiento, Pardo ocupaba el puesto de presidenta de Adif, compañía en la que ingresó en 2007 a través de una Oferta de Empleo Público y tras haber trabajado en el sector privado de la ingeniería y consultoría de proyectos de infraestructuras ferroviarias y de carreteras.
Tras más de dos años y medio desde su nombramiento, Pardo presentó su dimisión, junto al entonces presidente de Renfe, Isaías Táboas, tras el problema que hubo sobre las dimensiones y el diseño de los trenes de Cercanías para Cantabria y Asturias.
Tras su renuncia, Pardo apuntó, sobre su dimisión tras la polémica de este caso, que «nunca» ha tenido «apego al puesto» ni problema por poner su cargo «como siempre a disposición» y aseguró que «nunca se han fabricado trenes que no cabían por túneles y nunca se ha desperdiciado ni un solo euro».
Ana Pardo de Vera
Otras polémicas
El diario Vozpópuli desvela que la secretaria de Estado de Transportes (y hermana de la exdirectora de Público, Ana Pardo de Vera) cesada por el caso de los trenes que no servían para los túneles de Asturias y Cantabria tiene asignada una percepción mensual de 7.306 euros en compensación a su despido.
La cifra consta en una relación de indemnizaciones que perciben altos cargos del Gobierno tras el abandono de sus cargos. De acuerdo a esta relación, Isabel Pardo de Vera cesó en su puesto como secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana el 21 de febrero de 2023, cargo que se considera como el ‘número dos’ de la cartera y de máxima confianza de la ministra, Raquel Sánchez.
«A propuesta de la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 21 de febrero de 2023. Vengo en disponer el cese de doña Isabel Pardo de Vera Posada como Secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, agradeciéndole los servicios prestados», rezaba el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicado esa misma fecha en relación con el asunto.
Pardo de Vera solicitó la indemnización que, por ley, le correspondía tras su cese al frente de la secretaría de Estado de Transportes. Comenzó a percibirla el 1 de marzo de 2023, una semana después de su destitución, y la cobrará hasta el 25 de septiembre de 2024: un año y casi siete meses. A razón de 7.306 euros al mes.
Esta compensación económica y mensual consta en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 1981, donde se recoge que algunos altos cargos del Gobierno, Casa Real u otros organismos públicos, como la Fiscalía General, pueden reclamar el cobro de una indemnización mensual que correspondería al 80% de su retribución anual asignada al puesto que ocupaban antes de su destitución.
Los interesados en reclamar esta indemnización por cese no pueden recibir ninguna otra retribución económica generada por actividades públicas o privadas. También puede renunciar en cualquier momento a percibir los pagos mensuales.
