“Ya no le queda a uno más ideología, gracias a Dios, que la libertad. Sin libertad nada es posible, ni la dignidad, ni la igualdad ni, por supuesto, la justicia. Y aunque la libertad es la única palabra que aún me parece grande, se queda en palabrería, en vana propaganda para masas O.T. si no la hacen verdadera las personas concretas, los seres libres que decía Aldecoa. En esta vieja nación disgregada y gangrenada por la incompetencia y el nepotismo de sus miles de gobiernos, y, sobre todo, por esa forma de corrupción sutil que consiste en ‘no buscarse problemas’, la existencia de jueces libres que no sirvan sino a su sentido de la justicia supone un último valladar frente a la degeneración democrática a que nos lleva el zapaterismo.”
Así empezaba, y con ese mismo título, una columna que hace casi tres años dediqué en la revista murciana Tribuna La Muralla , en mi sección Discursos zánganos , a glosar la decisión de la jueza murciana María Poza, una mujer ejemplar, que se había atrevido a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la llamada “Ley de violencia de género”. Y, concretamente, contra su disparatado sistema de sanciones, que establece distinta pena para el mismo delito en función del sexo del criminal. España es un país de cuyo sistema judicial y penal lo mejor que puede decirse es que ni está ni se le espera, o que parece concebido por el “Sindicato de delincuentes de la España plural” para beneficio de sus miembros. Pero lo que nunca pudimos imaginar es que en una democracia, cuyos pilares son la libertad y la igualdad, sancionados como principios informantes del texto constitucional, llegara a establecerse una flagrante discriminación contra los hombres por el mero hecho de serlo, a los que esa ley condena con mucha más severidad que a las mujeres por el mismo crimen: el acoso o la violencia contra sus parejas o familiares.
Se trata, repitámoslo, de una discriminación por razón de sexo explícitamente repudiada por la Constitución. ¿Alguien imagina lo que diríamos si un inmigrante rumano o argelino, aplicando el principio de frecuencia que arguyen los magistrados, fuera castigado a penas más graves que un español o un ecuatoriano por la sola razón de su origen? ¿O que se penara más la agresión a la mujer por ser musulmán el agresor, dada la consideración de la mujer en el mundo islámico, considerando ideológico que también usan sus señorías? ¿O que se castigara más el envenenamiento si lo realizaba una mujer, poque suelen matarnos así? Una sola mujer que mate a su pareja (que podría también ser otra mujer) y reciba un castigo menor sólo por ser mujer, basta para deslegitimar esta barbaridad. De la que lo más grave es, sin duda, la simpleza y la ignorancia de la vida en la que se fundamenta.
La violencia en las parejas o cualquier otra forma de violencia han de ser reprimidas y castigadas de manera ejemplar, y no como ahora (acabo de leer que un violador de 23 años, con ¡diecisiete! violaciones a sus espaldas, acaba de ser puesto en la calle porque era menor cuando las realizó). Y si es necesario reformar lo que sea para condenar a cadena perpetua a los asesinos de niños, hágase, como pide la valiente familia gitana de Huelva, que ha dado ya varias lecciones de civilización y sentido común a la «superioridad» moral de los payos.
Pero jamás puede combatirse el delito con la injusticia. Los resultados de la Ley son además apabullantes, pues los crímenes no han hecho sino aumentar exponencialmente desde que la aprobaron. El odio no se combate con el agravio, que sólo produce más odio.
Ahora bien, lo que bate todas las marcas, lo que nos pone delante de la indecencia de este simulacro democrático que vivimos, es que el llamado Tribunal Constitucional, que propongo rebautizar como el Tribunal Inconstitucional, haya legitimado tamaño desmán contra toda razón. No hay un solo español que pueda decir que una discriminación tan obvia no va contra la Constitución. Salvo, claro, los siete miembros y miembras del TC que así lo han determinado.
Caiga sobre ellos la vergüenza infinita de los que sirven a su señor, y no a la Justicia ni a los españoles. La consecuencia es aplastante: la creciente decepción y lejanía de los ciudadanos respecto de las instituciones. Ya no hay nada que esperar de unas castas instalada en el presupuesto y convertidas en nomenklatura, que juegan y viven en su endogamia de privilegiados y se nutren del humus de su desfachatez.
Ya sólo podemos confiar en que las María Poza, la gente decente que queda en un sistema judicial tan corroído de sectarismo, jueces estrella, leyes injustas e ‘hipogresía’, sea la que en el futuro nos devuelva el respeto por una Justicia independiente sin la que el único horizonte es la tiranía.
