Hoy, viernes 9 de mayo de 2025, Estados Unidos ha confirmado un recorte de 50 millones de dólares anuales en ayuda sanitaria a Zambia, tras descubrir un «robo sistemático» de medicamentos y suministros médicos donados que debían distribuirse gratuitamente entre la población zambiana.
Esta decisión llega en un momento especialmente delicado para el país africano, que ya sufre las consecuencias de una grave sequía y de los recortes generalizados en la ayuda exterior implementados por la administración Trump.
Según anunció ayer el embajador estadounidense en Zambia, Michael Gonzales, una investigación realizada entre 2021 y 2023 en aproximadamente 2.000 farmacias del país reveló que casi la mitad de ellas vendían medicamentos y productos sanitarios financiados con fondos de ayuda estadounidense, que deberían haberse distribuido de forma gratuita.
La decisión de Washington no ha sido precipitada.
El gobierno zambiano fue informado de estas irregularidades en abril de 2024, pero según el embajador Gonzales, las autoridades locales «no han hecho lo suficiente para abordar la corrupción». Los 50 millones de dólares recortados forman parte de un paquete anual de 128 millones que Estados Unidos destina al sector sanitario zambiano para medicamentos, suministros médicos y otros apoyos.
El impacto de esta medida será significativo, ya que afectará directamente a los medicamentos para el VIH, la tuberculosis y la malaria, tres enfermedades críticas que afectan a la población zambiana. El embajador Gonzales ha recomendado a Washington que los recortes comiencen a aplicarse a partir de enero del próximo año, para dar tiempo a Zambia a planificar nuevas adquisiciones de estos medicamentos esenciales.
Es importante destacar que, según el diplomático estadounidense, esta acción es independiente de la decisión del presidente Donald Trump de recortar la ayuda exterior de Estados Unidos a nivel mundial. «Estados Unidos está tomando las medidas necesarias para salvaguardar y garantizar la responsabilidad de los fondos de los contribuyentes estadounidenses», afirmó Gonzales.
Crisis sanitaria en un contexto de vulnerabilidad extrema
Este recorte específico a Zambia se produce en un momento especialmente crítico para el país africano, que se encuentra en primera línea de la crisis climática. El año pasado, graves sequías expusieron a más de seis millones de zambianos pertenecientes a familias de agricultores al riesgo de sufrir escasez aguda de alimentos y desnutrición, con la mitad de las tierras de labranza del país enfrentando la pérdida total de las cosechas.
La situación es particularmente alarmante considerando que Zambia es uno de los países que más depende de la ayuda internacional para mantener su sistema sanitario. Antes de este recorte específico, el país ya recibía unos 600 millones de dólares en ayuda anual de Estados Unidos, fondos que ahora están en riesgo debido a la política de la administración Trump.
La investigación estadounidense también descubrió que medicamentos y suministros para Zambia pagados por el Fondo Mundial y otros donantes internacionales estaban siendo igualmente vendidos en farmacias del país, lo que sugiere un problema sistémico de corrupción en la distribución de ayuda sanitaria.
Un patrón de recortes con impacto continental
Esta decisión específica sobre Zambia se enmarca en un contexto más amplio de reducción drástica de la ayuda exterior estadounidense. Desde que el presidente Trump asumió el cargo en enero, su administración ha realizado recortes radicales en USAID, el programa de ayuda exterior del país, paralizando desde iniciativas de lucha contra la malaria en Myanmar hasta servicios de traductores en Ucrania.
Los efectos de estos recortes ya se están sintiendo en todo el continente africano. Por ejemplo, Estados Unidos canceló repentinamente un contrato de 90 millones de dólares a una empresa que suministraba equipos y consumibles que habrían protegido a 53 millones de personas en los 14 países africanos más propensos a la malaria.
En el caso específico del VIH/SIDA, la situación es igualmente preocupante. Estados Unidos destinó en 2023 hasta 4.200 millones de dólares al PEPFAR (Plan Presidencial de Emergencias para Alivio del Sida), cubriendo a más de 20 millones de personas en todo el mundo, la mayoría en África. «En países como Tanzania, Zambia, Malaui, Kenia o Uganda más del 60% de la respuesta al sida se financiaba a través de fondos estadounidenses y ahora están en total inseguridad porque ha sido todo dramáticamente repentino», explicó la directora para África oriental de ONU Sida, Anne Githuku-Shongwe.
Reacciones y perspectivas de futuro
Hasta el momento, el gobierno zambiano no ha emitido comentarios oficiales sobre este recorte específico. Sin embargo, la medida probablemente agravará la ya difícil situación sanitaria del país, especialmente para los sectores más vulnerables de la población.
Expertos en salud pública advierten que estos recortes podrían provocar un aumento en los contagios y posiblemente en las muertes por sida, malaria y tuberculosis en Zambia. Salim Abdool Karim, director del Centro del programa de investigación sobre el sida de Sudáfrica (Caprisa), ha calificado la forma en que el gobierno estadounidense ha puesto fin a su financiación como «deliberadamente brutal».
«La forma en que el gobierno estadounidense ha puesto fin a su financiación ha sido deliberadamente brutal y se ha diseñado para demostrar que Estados Unidos es todopoderoso; no ha habido debate, ni negociación, ni oportunidad de cerrar estos programas. Simplemente nos escribieron una carta y nos dijeron que dejáramos de trabajar», señaló Karim.
A pesar de este panorama sombrío, el embajador Gonzales ha afirmado que Estados Unidos «sigue comprometido con el apoyo a Zambia y al pueblo zambiano», aunque ahora con un enfoque más estricto en la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de los fondos de ayuda.
La comunidad internacional observa con preocupación cómo estos recortes, tanto los generalizados como los específicos por casos de corrupción, podrían desestabilizar aún más a países ya vulnerables como Zambia, poniendo en riesgo décadas de avances en salud pública y desarrollo.
