Rabat hace nuevamente presión y el Gobierno de Pedro Sánchez se ampara en el procedimiento correspondiente.
La discusión en torno a los menores marroquíes no acompañados, comúnmente conocidos como menas, se ha intensificado tras las exigencias del Ejecutivo de Marruecos y la respuesta de Moncloa, que enfatiza que no hay devoluciones automáticas y que lo primordial es el interés superior del menor, tal como indicó OKDIARIO.
La presión política llega en un momento complejo. Rabat sostiene que España tiene a estos menores retenidos debido a “obstáculos” administrativos y judiciales, mientras que el Gobierno español argumenta que el retorno debe llevarse a cabo de manera individual, asegurando identificación, garantías y verificación de la situación familiar.
Detrás de este desencuentro no solo hay un enfrentamiento legal, sino también una disputa diplomática, ya que puede influir en la relación con un vecino capaz de poner en jaque la situación en Ceuta, la colaboración migratoria y el clima bilateral.
Qué demanda Rabat y qué replica España
El mensaje de Marruecos ha sido contundente en los últimos días. De acuerdo con las informaciones disponibles, el ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi, solicita que España devuelva a los menores marroquíes que han llegado a Ceuta y que se establezca una vía “legal y política” para abordar el tema. Marruecos deja claro que no pretende renunciar a ninguno de sus menores y que el retorno debe facilitar su reagrupación con las familias.
La respuesta de España se enmarca en una perspectiva diferente. La Ley de Extranjería establece que estos menores deben ser tratados como una población especialmente protegida, lo que imposibilita su expulsión en conjunto. Félix Bolaños comentó que ya se han podido identificar a 1.527 menores que llegaron a Ceuta tras la masiva entrada de finales de julio, y la prioridad del Gobierno es el reagrupamiento familiar y la cooperación con Rabat.
- Rabat señala a la burocracia española como responsable del bloqueo.
- Moncloa defiende un proceso donde se considera cada caso individualmente.
- Ceuta sigue siendo el epicentro de la crisis.
- La negociación depende de la verificación de identidad y del entorno familiar de cada menor.
El conflicto subyacente: ley, política y cifras
Este enfrentamiento no es nuevo. En los últimos años, el retorno de menores marroquíes ha avanzado de forma muy limitada, y las cifras que llegan a la prensa española revelan una gran desigualdad entre el número de acogidos y el de repatriados. Estas estadísticas alimentan la narrativa marroquí de que España ha frenado el proceso debido a su propia normativa legal, aunque desde el punto de vista español se argumenta que la protección del menor no puede ser sacrificada en pro de un retorno rápido.
Paralelamente, la controversia tiene un claro matiz político. Para Rabat, insistir en la repatriación refuerza la idea de corresponsabilidad en el manejo de los menores. Por otro lado, para el Gobierno español, aceptar una solución apresurada podría abrir una caja de Pandora jurídica y nacional. Así, la cuestión no radica solo en cuántos menores hay en España, sino en cuáles son las condiciones para su retorno y quién asume los riesgos si ocurre algún percance.
| Clave | Posición de Rabat | Posición de España |
|---|---|---|
| Retorno | Exige devoluciones | Solo caso por caso |
| Obstáculo | Burocracia y jueces españoles | Garantías legales y protección del menor |
| Prioridad | Reagrupación familiar | Interés superior del menor |
| Escenario | Acuerdo bilateral urgente | Tramitación individualizada |
Ceuta como termómetro de una relación más amplia
La crisis de los menores se entrelaza con una relación ya cargada de tensiones. Marruecos desea dejar patente que controla la agenda migratoria y que tiene la capacidad de aumentar la presión cuando desee. España, por su parte, busca evitar que este enfrentamiento devenga en un choque frontal y, por ello, intenta hallar una salida administrativa que sea firme, aunque más lenta.
Mientras tanto, la prensa marroquí oficialista ha capitalizado este episodio para retomar mensajes más profundos sobre Ceuta y Melilla, presentándolas como territorios separados de su contexto natural. Este escenario explica por qué la problemática de los menas trasciende una simple discusión humanitaria o técnica: se convierte en una herramienta política en una relación en la que ambos gobiernos se necesitan, aunque no cuentan con una confianza plena entre ellos.
Si las negociaciones prosperan, es probable que España busque regular retornos selectivos, con un control documental más estricto y una mayor colaboración con los servicios sociales marroquíes. Si se produce un estancamiento, el asunto regresará a las comunidades autónomas y al debate interno sobre la acogida, el reparto y la verdadera capacidad del sistema.
Por lo tanto, el pulso continúa, con Rabat presionando y Madrid calibrando cada paso a seguir. En una frontera tan delicada, hasta la gestión de los documentos se convierte en un instrumento de poder.
Un aspecto menos formal, pero no por ello menos relevante: en este tipo de crisis siempre se repite el mismo patrón. Primero vienen los reproches, luego el discurso de la “cooperación” y, al final, el intento de transformar un problema humanitario en una exhibición de poder político.
