¿SERÁ INOCENTE/CULPABLE TRAPERO?
Aunque tengo para mí que España es un Estado de derecho, manifiestamente mejorable, perfectible, estoy acostumbrado a escuchar, cada vez que formulo dicho parecer en medio de las conversaciones que mantengo (prácticamente a diario, si exceptuamos el fin de semana) con mi contertulio habitual, Santiago, sean dentro de la papelería/librería “El Cole” (que regenta nuestro amigo común Miguel Ángel, “Fangio”), nuestro moderno y neutro foro, o fuera, en sus aledaños, la misma y, por ende, proverbial pregunta sarcástica que sale de la mui y los labios del citado Santiago: “¿Estado de derecho o de desecho?”.
Siempre que hemos tocado el controvertido tema de los jueces (ellas y ellos), he manifestado mi doble criterio de que, uno: lo lógico y normal es que estos deberían ser quienes escogieran entre ellos a los que aspiraran a formar parte del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional; y, dos: el escalafón tendría que continuar siendo el medio mejor para dar cuenta de qué puesto ocupa cada uno de los tales en la carrera, en cuya clasificación se toman en consideración el grado, la antigüedad y los méritos reconocidos.
Así las cosas, en un Estado de derecho con verdadera división de poderes (donde el ejecutivo, el legislativo y el judicial ciertamente se equilibraran y contrarrestaran), como recomendaba Charles-Louis de Secondat, señor de la Brède y barón de Montesquieu en “El espíritu de las leyes” (1748), el Gobierno no debería tener nada que hacer ni ver, salvo acatarlas, con las decisiones de los jueces.
¿Qué decisión adoptó ayer en la Audiencia Nacional Carmen Lamela Díaz, magistrada del Juzgado Central de Instrucción número 3, encargada de valorar el comportamiento del Mayor de los Mossos d´Esquadra, Josep Lluís Trapero, en lo tocante a los hechos acaecidos los días 20 y 21 de septiembre en Barcelona? Rechazó la petición de prisión incondicional, que le había pedido el representante del Ministerio Fiscal, el teniente fiscal de la AN, Miguel Ángel Carballo, y decidió dejarle en libertad, pero tomó varias medidas cautelares: le retiró el pasaporte, le prohibió salir del país, le obligó a comparecer quincenalmente y a dar un número de teléfono y un domicilio donde ser localizado de manera permanente.
Seguramente, quien lea el auto de la magistrada, como acaba de hacer servidor, tendrá su parecer al respecto. Pronostico que habrá división de opiniones, la tan traída como llevada cuarteta de Ramón de Campoamor o ley Campoamor: “En este mundo traidor / nada es verdad ni mentira. / Todo es según el color / del cristal con que se mira”. A unas/os les parecerá que se ha quedado corta, a otras/os que ha dado de lleno en el centro de la diana y a otras/os que ha ido demasiado lejos. A unas/os les parecerá cabal lo decidido por la magistrada y a otras/os injusto (por exceso o por defecto).
¿Qué opina servidor al respecto? Que los hechos (que por inacción u omisión protagonizó el Mayor Trapero, como máximo responsable de los Mossos d´Esquadra) fueron graves. La secretaria judicial y el grupo de policías que habían sido mandatados para presentarse en la sede de la Consejería de Economía a fin de llevar a cabo allí lo ordenado por una jueza, una vez coronaron dicho trabajo, no pudieron abandonar la citada sede por el tumulto organizado por los ciudadanos convocados en dicho lugar, a pocos metros de su puerta de entrada/salida.
No soy letrado, ni juez, pero soy un lector avezado, empedernido, y lo que dice el artículo 544 del Código Penal (“Son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales”), en mi modesta opinión, encaja bastante bien, viene como alianza al anular, con lo que acaeció dicho día en la sede citada de la Ciudad Condal.
Recuerdo las imágenes de cómo quedaron los tres vehículos de la Guardia Civil, cubiertos de pegatinas, con las ruedas pinchadas, inservibles, y no puedo entender que haya quienes aduzcan que aquello fue el resultado de un mero ejercicio de libertades públicas.
Estimo que el procedimiento no se ha agotado (aún queda todo lo tocante al día 1 de octubre), sino, al contrario, que va para largo. Cuando finalice la instrucción y, tras un juicio justo, habrá sentencia. Entonces veremos si, teniendo en cuenta los fundamentos de hecho y derecho, el Mayor Trapero es declarado inocente o culpable.
Ángel Sáez García
[email protected]
