Palpito Digital

José Muñoz Clares

Justicia Malaya

La instrucción del caso Malaya, de cuyo comienzo se cumplen diez años, se sacó adelante a base de buenas maneras y soluciones ingeniosas – aunque en algo disonantes con la ley – por parte de unos magistrados con orgullo profesional que suplieron con sentido común la incapacidad institucional en que está la justicia penal española para llevar adelante macrocausas. Ninguna de las últimas reformas procesales pondrá fin a los desaguisados ya en marcha en diversas provincias, particularmente del sur peninsular, más dado a mirar para otro lado por parte de las autoridades.
En el caso de Murcia hay varias macrocausas de nombres vistosos – UMBRA, BIBLIOTECA, NINETTE… – que, consideradas en conjunto, bien podrían haber compuesto un paisaje parecido al de Valencia si no respondieran, en gran medida, a un delirio paranoico de las acusaciones, incluida la pública, y si los llamados a instruir hubieran apuntado alto y conectado unas cosas con otras fuera de esta comunidad. Pero si una macrocausa se atranca sola, tres o cuatro juntas nos conducen a un triste récord: la más antigua, por la que estuvo preso preventivamente un consejero autonómico socialista, cuyos hechos datan de 1996/1997, sigue aún sin juzgar por incapacidad absoluta de sacarla adelante después de VEINTE AÑOS de instrucción. Es cierto que veinte años no son nada según la letra del tango, pero en estas cuestiones marcan la diferencia entre hacer justicia y hacer el ridículo, como aquí ya se ha hecho, y muy bien.
La responsabilidad habría que buscarla en una fiscalía ineficaz y unos jueces que no siempre son los mejores, según asegura el sistema de oposición al que sigue aferrada la mediocridad imperante. Y si a eso le añadimos que el más obligado a velar por la buena marcha de la justicia se las andaba tomando con algún prominente del escalafón político, no es difícil adivinar que la pólvora se ha desperdiciado en salvas porque a la cabeza, lo que se dice a la cabeza, no iban a apuntar mientras el principal perseguidor comía en un  determinado restaurante y spa con quien debería haber sido objeto de sospecha por la misma razón por la que todos pensamos que no es posible lo que sabemos de Madrid, de la calle Génova y de Valencia y que Rajoy no supiera nada.
Indicios había de sobra, sobre todo después de que el gran capo de la política local fichara a un fiscal del TSJ como consejero; el mozo, que era un buen fiscal pero resultó ambicioso de más, se dejó seducir y, embriagado por el poder, no supo ver lo que sí vimos todos: que se lo habían llevado como chaleco antibalas del gran jefe y así estuvo, parándole las balas durante siete años hasta que al final salió al revelarse incapaz de poner en marcha un aeropuerto que lleva ya cuatro años dedicado a usos peatonales. Y no digo – al contrario, niego – que cometiera irregularidad alguna para impedir la investigación, pero debió ser consciente de que lo de propiciar los encuentros del gran jefe perseguidor y el posible gran jefe de los perseguidos no era, precisamente, la mejor manera de aparentar imparcialidad. Y así hemos llegado al momento en que todo lo que pudiera haber está más que prescrito, pese a que el fiscal pretendidamente anticorrupción apreció en su día, y por escrito, que había una conexión entre un pariente cercano del gran capo y de un exconcejal de urbanismo con una empresa valenciana relacionada con la corrupción urbanística en Murcia, extremo que, ingenuamente, reconoció que no había sido investigado pero nunca dijo por qué, si para no amargar las comidas de los capos antes citados o por falta de estímulo jerárquico. Porque, en otro supuesto, la no persecución de concejales del grupo socialista no impidió primeramente perseguir a los del PP que habían votado en idéntico sentido, hasta acabar persiguiendo sólo al alcalde que, curiosamente, fue el único que no asistió al pleno en que supuestamente se aprobó una resolución prevaricadora, reunión en que el jefecillo socialista municipal avaló expresamente la resolución tras asegurar que había hechos los cálculos “a la peseta”.
Ahora toca renovar en la fiscalía del TSJ de Murcia. Opta a la reelección el mismo que se las tomó con el nunca investigado. Ha tenido la suerte de que unos malaconsejados le planteen dos querellas, una por hechos de hace más de treinta años – todo va lento en Murcia – por algo que entonces ni siquiera constituía delito; la otra es más sutil y tiene que ver con la adjudicación a la hija del candidato de un servicio sensible y de muchos miles de euros, adjudicación que resultó controvertida. De modo que lo que se arbitró como obstáculo se va a convertir en aliciente para mantenerlo en el puesto, y bajo su mando las macrocausas murcianas se seguirán eternizando a base de una acusación entre delirante e indecisa y unos instructores poco dados al trabajo eficiente.
Justicia malaya, por tanto, pero no en el sentido de la macrocausa malagueña, que llegó a puerto con un 50% de absueltos y una rebaja escandalosa de penas para los condenados, sino en el sentido de aquella bota malaya que como instrumento de tortura se usaba para reventar los pies, en este caso de la justicia. Es decir, el precedente medieval del actual tiro en el pie.

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José Muñoz Clares

Colaborador asiduo en la prensa de forma ininterrumpida desde la revista universitaria Campus, Diario 16 Murcia, La Opinión (Murcia), La Verdad (Murcia) y por último La Razón (Murcia) hasta que se cerró la edición, lo que acredita más de veinte años de publicaciones sostenidas en la prensa.

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