Tras dos años de comenzar el Examen Preliminar referente al caso de Venezuela, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sigue con un peligroso silencio cómplice del régimen

La Corte Penal, de rodillas al chavismo: las 6 medidas para reactivar la investigación de violaciones a DDHH en Venezuela

La Corte Penal, de rodillas al chavismo: las 6 medidas para reactivar la investigación de violaciones a DDHH en Venezuela
Corte Penal Internacional PD

Un total de 16 representantes venezolanos ha remitido un duro comunicado para criticar la actuación de la Corte Penal Internacional sobre el ‘Caso Venezuela’. La carta llega a los dos años del anuncio del inicio del Examen Preliminar referente al caso de Venezuela, por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre los Crímenes de Lesa Humanidad que con carácter sistemático y generalizado se han cometido en los últimos años y se siguen cometiendo en Venezuela. Sin embargo, durante todo este tiempo no se han dado ningún paso significativo.

En concreto, durante los últimos dos años sólo se han dado los siguientes pasos:

I: El 8 de febrero de 2018 el Parlamento Europeo, mediante una resolución solicita a la Fiscalía de la CPI que inicie una investigación sobre violación de Derechos Humanos perpetrado por el régimen Venezolano.

II: Ese mismo día, 8 de febrero de 2018, la fiscal jefe de la CPI, Fatou Bensouda, anuncia el inicio de un examen preliminar sobre los hechos ocurridos en Venezuela desde abril de 2017.

III:En  fecha  8  de  marzo  de  2018,  se  hizo  público  el  Informe  del  Alto  Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, en el cual expresó su gran alarma por el aumento dramático de la desnutrición en Venezuela, especialmente en niños y ancianos, así como por la posibilidad de que allí se hubiesen cometido Crímenes contra la Humanidad y a través del  cual  informó  que  su  Oficina  había  recibido  informes  creíbles de  cientos de  ejecuciones extrajudiciales en años recientes, tanto durante protestas como durante operaciones de seguridad y  que, en el creciente éxodo de venezolanos, muchos salían del país en búsqueda de comida y servicios básicos

IV: El 29 mayo de 2018, un panel de expertos internacionales independientes, designado por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, encontró fundamentos suficientes para considerar que en Venezuela se han cometido Crímenes contra la Humanidad desde el 12 de febrero de 2014, y recomendó que el secretario general de la OEA remitiera este Informe y la evidencia recopilada por la Secretaría General de la OEA, a la Oficina de la Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI);

V: El 22 de junio de 2018, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas presentó un segundo informe sobre las violaciones de los derechos humanos en Venezuela, destacando que es “un espiral descendente que parece no tener fin”, después de analizar los hechos ocurridos durante las protestas en la República Bolivariana de Venezuela del 1 de abril al 31 de julio de 2017″. Destaca el informe, entre otras cosas, que no hay acceso a la justicia para las víctimas y sus familiares en caso de violaciones graves de los derechos humanos; las violaciones de los derechos humanos cometidas por las autoridades estatales desde abril de 2017, como el uso excesivo de la fuerza en operaciones de seguridad no relacionadas con las protestas, la práctica reiterada de las detenciones arbitrarias, la tortura y los malos tratos y la vulneración de los derechos al disfrute del más     alto    nivel    posible    de salud y a una alimentación adecuada.

VI: Ese mismo día 22 de junio de 2018 el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, en un comunicado de prensa afirmó, que dado que el Estado parece no tener la capacidad ni la voluntad de enjuiciar a los responsables de las graves violaciones de los derechos humanos, existen sólidas razones para considerar una mayor implicación de la CPI en esta materia,

VII: El 25 de septiembre de 2018, cincopaíses de América Latina y Canadá en uso del artículo 14 del Estatuto de Roma, pidieron a la Corte Penal Internacional investigar crímenes de lesa humanidad cometidos durante el régimen de Nicolás Maduro, solicitud hecha por primera vez en 16 años de historia de la CPI.

Los cancilleres de Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Canadá presentaron una carta suscrita por los presidentes de sus respectivos países solicitando la intervención de la Corte con sede en La Haya. La misiva fue acompañada de un informe elaborado por expertos internacionales de la Secretaria General de la OEA, en los que se documentan procesos extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias en el marco de las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro.

VIII: El 25 de octubre de 2018, el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que solicita a la Unión Europea sumarse a los 6 países americanos, estados parte de la CPI que soliciten a la Corte Penal Internacional, investigar al gobierno de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad.

IX: Asimismo, el 15 de abril del 2019, el Grupo de Lima hizo una exhortación a la Corte Penal Internacional para que avance en el examen preliminar del caso Venezuela.

X: El 5 de julio del año de 2019, fue presentado en Ginebra el informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) Michelle Bachelet sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela. Este informe  abarca el período  comprendido entre el mes de enero del año del 2018 al mes de mayo del año 2019. En el contenido del mismo se describen graves violaciones de derechos humanos y delitos internacionales que constituyen, según nuestro análisis, 10 de los 11 crímenes de lesa humanidad, de acuerdo al Artículo 7.1 del Estatuto de Roma y las normas de los elementos de los crímenes.

XI: El pasado 27 de septiembre del 2019, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó una resolución creando una Misión Internacional Independiente para la determinación de los hechos en Venezuela, por un periodo de un año, para que investigue las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y las torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes “Para asegurar la plena rendición de cuenta de los autores y la Justicia para las Víctimas” objetivo que a nuestro juicio, ante la falta de estado de derecho en Venezuela, como lo estableció el informe Bachelet, y el mismo informe del Consejo de Derechos Humanos, debe ser cumplido por la Corte Penal internacional, por mandato del Estatuto de Roma. Es importante resaltar que ese informe expresó gran preocupación por la alarmante situación de los derechos humanos en Venezuela y erosión del estado de derecho, en particular por la gran escasez de alimentos y medicamentos, por lo que más de 4 millones de personas se han visto obligadas a abandonar el país y 7 millones de personas se le violan los derechos a la alimentación y a la salud.

XII: El 15 de octubre de 2019, el Ministerio de Justicia de Argentina presentó en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, un informe con denuncias de graves violaciones de Derechos Humanos y Crímenes de Lesa Humanidad que habrían ocurrido en Venezuela entre 2014 y 2019, incluyendo testimonios de posibles asesinatos, torturas, encarcelamientos y privaciones graves de la libertad física, violencia sexual, desapariciones forzadas, persecución fundada en motivos políticos y uso excesivo de la fuerza para reprimir manifestaciones populares.

XIII: El 5 de diciembre del 2019, en su informe anual ante la Asamblea de los Estados Parte, la fiscal de la CPI Fatou Bensouda informó, que espera finalizar el análisis sobre la situación de Venezuela a principios del 2020 y evaluaría la admisibilidad de los casos

En este sentido, los 16 representantes venezolanos han solicitado que se implementen seis medidas inmediatas para desbloquear una situación que ‘parálisis’ que condena a la población venezolana a seguir siendo víctima de crímenes de lesa humanidad por parte del régimen bolivariano:

PRIMERO: Solicitar a los Estados parte del Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional, especialmente a aquellos miembros de la Unión Europea (UE) y de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se sumen a la denuncia presentada el 26 de septiembre del 2018 por seis (6) de estos Estados miembros ante la Fiscalía de la Corte por crímenes de lesa humanidad en Venezuela, a fin de que  se dé inicio a la investigación formal de dichos crímenes, sin más dilaciones  ni retrasos injustificados.

SEGUNDO: Por cuanto ha transcurrido un tiempo razonable para decidir por parte de la Fiscalía de la CPI y no se han resuelto las innumerables denuncias contra Nicolás Maduro y miembros de su alto gobierno, exigimos una decisión inmediata sobre el examen preliminar anunciado por la fiscal Fatou Bensouda hace dos años, el pasado 8 de febrero del 2018 y se exija su pronta conclusión y el inicio inmediato de  la investigación de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, de manera de evitar y prevenir que continúen cometiéndose hechos que agraven la crisis y la tragedia humanitaria que afecta al país, así como la posible comisión de otros crímenes de lesa humanidad, pues ella ha causado reiteradamente un retraso injustificado en la iniciación, tramitación o resolución de más de cien (100) solicitudes de investigación consignadas ante ese organismo internacional en base al artículo 15 del Estatuto de Roma y una (01) solicitud de investigación de seis (6) países o Estados parte, en uso del artículo 14 del mismo Estatuto, negligencia que representa falta grave e incumplimiento grave de las funciones de la Fiscal Bensouda, conforme a la regla 24 de procedimiento y prueba de la CPI.

TERCERO: Exigimos a la Sra. Fatou Bensouda, fiscal de la Corte Penal Internacional,  que inicie la investigación de los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela o se inhiba de seguir conociendo esas causas, pues es inexplicable e inaceptable, que teniendo conocimiento de la situación venezolana desde el año 2004 desde cuando era vicefiscal  y a partir del año 2012  cuando fue designada fiscaljefe de la CPI, han pasado más de 15  años en ambos cargos y no ha tomado ninguna decisión sobre la grave crisis o tragedia humanitaria que configurancrímenes de lesa humanidad que se han cometido o que se están cometiendo en Venezuela.

CUARTO: Respaldamos las denuncias del parlamentario venezolano Walter Márquez contra la fiscal jefe Fatou Bensouda por negligencia grave e incumplimiento grave en sus funciones y solicitud de separación del cargo, consignadas el día 19 de noviembre del 2018,  ampliada el 3 de diciembre del mismo año que cursa ante la Presidencia de la CPI y otra denuncia consignada el día 5 de agosto del 2019 ante el jefe de la Oficina del Mecanismo de Supervisión Independiente de la Asamblea de los Estados Parte (OIM) a quienes solicitamos la tramitación y resolución inmediata de esa querella contra esa alta funcionaria de la Justicia Internacional.

QUINTO: Exhortamos a los países parte, denunciantes ante la CPI, en base al artículo 14 del Estatuto de Roma, de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Nicolás Maduro, entre ellos Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú para que soliciten una actuación inmediata de la fiscal Fatou Bensouda, conforme al artículo 54.1.a del mismo Estatuto, adopte las medidas adecuadas para asegurar la eficacia de la investigación y el enjuiciamiento de los crímenes competencia de la corte, así como los derechos de los millones de víctimas, coincidiendo con lo planteado por los cancilleres de Paraguay y Colombia, así como los presidentes de Chile y Colombia, además de El Grupo de Lima, el secretario general de la OEAy el Parlamento Europeo,quienes abogaron porque ese organismo internacional actué ante los crímenes atroces de Nicolás Maduro y su régimen.

SEXTO: Invitamos a los países integrantes de la Asamblea de los Estados Parte y en particular a Colombia y Ecuador como miembros de la Mesa Permanente de La Asamblea del Estatuto de Roma, cumplan con su función estatutaria, para que en uso del artículo 112 numeral 2.b y 4 soliciten se ejerzan los mecanismos de  supervisión independiente sobre la actuación de la fiscal jefe Fatou Bensouda, así como la inspección, evaluación e investigación del funcionamiento de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, a fin de mejorar su eficiencia y alto nivel de competencia como lo exige el  Estatuto de Roma.

Los firmantes a la petición son: Diego Arria, Expresidente del Consejo de Seguridad de la ONU; Rafael Veloz; Expresidente de la Federación Interamericana de Abogados; Edgar Flórez Pérez, Senador Jubilado del Congreso de la República de Venezuela; Walter Márquez, Diputado Jubilado de la Asamblea Nacional de Venezuela; Alejandro Garrido;  Exembajador de Panamá en la India; William Cárdenas Rubio, Presidente de la Plataforma Democrática de venezolanos en España; Omar Estacio, Presidente Emérito de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela; Zair Mundaray, Exdirector general procesal de la Fiscalía General de Venezuela; Carlos Ramírez López, Abogado experto en cortes internacionales, Universidad de Washington; José Manuel Pinto, Presidente de la Fundación Viva Venezuela en La Haya; Juan Manuel Guevara, Director de Relaciones Internacionales de la Fundación El Amparo Internacional; Anacelita Hernández de Márquez, Secretaria General de la Fundación El Amparo de Venezuela; Jesús Alberto Berro, Coordinador de Investigación Académica del Colegio de Abogados del  Táchira; Gustavo Adolfo Rodríguez Barrera, Presidente de la Colegiatura de Abogados Litigantes de Colombia – COABOCOL Capitulo Norte de Santander; José Javier Tarazona, Presidente de Fundaredes Venezuela; Francisco Javier Sánchez Internacionalista. Centro de Estudios de Fronteras e Integración Universidad de los Andes – Venezuela.

Autor

José Antonio Puglisi

Periodista italovenezolano especializado en economía y periodismo de investigación.

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