La dictadura de Nicolás Maduro está utilizando las vacunas COVID para extorsionar a la población. Una situación que fue denunciada por 40 organizaciones médicas y académicas ante la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet,
“Como organizaciones de la Sociedad Civil venezolana queremos hacerle llegar nuestra inquietud ante las recientes violaciones a los derechos humanos que se han venido produciendo en el país, muy especialmente, a los derechos a la vida, la salud, la no discriminación y a la equidad en el acceso a los servicios, en el marco del COVID-19″, comienza el escrito.
Afirmaron que el pasado 12 de mayo “fue denunciado, con testimonios y registros fotográficos, que en una jornada para la vacunación contra el COVID-19, a realizarse en el Puesto de Vacunación, ubicado en la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera, en la ciudad de Valencia, estado Carabobo, médicos y personas de la tercera edad no fueron vacunados por no estar registrados en el Sistema Patria”.
“Luego de una espera de varias horas, el personal a cargo de esta jornada colocó un aviso, en la parte exterior de las instalaciones, en las que se exigía como requisito para ser vacunado, la referida inscripción. A los efectos de hacer cumplir con esta providencia fue destacado en el lugar personal policial”, añadió.
Las 40 organizaciones recordaron en la carta que firmaron en conjunto que en Venezuela existe un antecedente similar cuando se pretendió exigir el documento denominado “Carnet de la Patria” en otras campañas de vacunación.
“El 7 de septiembre del 2017, en el marco del Programa Ampliado de Inmunizaciones, el vicepresidente de la República en ejercicio, Tareck El Aisami, declaró: ‘Se han administrado más de 2 millones de vacunas a 1 millón de personas, esto por el Plan Nacional de Vacunación. Hay 15.319 puntos de vacunación en todo el país, así que, si usted o un familiar necesita una vacuna, de manera gratuita, con el carnet de la patria se le suministrará la vacuna’. Esta medida fue suspendida luego de que la Sociedad de Puericultura y Pediatría de Venezuela rechazara tales declaraciones y enviara comunicaciones al mismo vicepresidente, al Defensor del Pueblo y a la Opinión Pública Nacional en las que les solicitaba desistir de la implementación de la medida anunciada”, siguió.
Volviendo a lo que sucedió hace apenas unos días, las organizaciones médicas y académicas subrayaron que el personal de salud y los adultos mayores que se movilizaron al Puesto de Vacunación ubicado en la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera, lo hicieron por motivos distintos, “el primero, porque, a pesar de ser considerado como perteneciente al primer y segundo de los grupos priorizados, de la primera fase del proceso de vacunación iniciado el 18/2/2021 (…), a los 101 días de haber comenzado la vacunación, aún hay parte de este personal que no ha sido vacunado. El segundo, por haberse enterado que algunos adultos mayores residentes en el estado Carabobo habían sido convocados a vacunar y que esta información fue difundida por las redes sociales”.
En la carta, las 40 asociaciones denunciantes le manifiestan a Bachelet que la información descrita “tiene el propósito de proporcionarle elementos que le permitan contextualizar la situación particular de los eventos ocurridos que motivan esta comunicación, relacionada con el hecho que miembros del personal de salud del estado Carabobo -que podría ser extensiva al resto del personal de salud del país que trabaja, en el sector público y privado en Venezuela- reclama su derecho a ser vacunado, y que ese derecho se garantice en el orden de prioridades establecido en el documento citado que aún no ha sido publicado ni divulgado”.
