La capitulación de Gustavo Petro marca un precedente en la respuesta regional a las medidas de Donald Trump.
La primera semana de la Administración Trump ha sacudido el tablero migratorio en el continente americano.
Con su promesa de llevar a cabo «la mayor deportación de la historia de Estados Unidos», el mandatario republicano ha puesto en jaque a los gobiernos latinoamericanos, que se debaten entre la resistencia y la aceptación de las nuevas políticas migratorias de Washington.
El caso más emblemático hasta el momento ha sido el de Colombia, donde el presidente Petro pasó de una postura desafiante a una rápida claudicación ante las amenazas económicas de Trump.
Este giro ha marcado un precedente que podría influir en la respuesta de otros países de la región.
El pulso entre Trump y Petro
El domingo 26 de enero de 2025, Petro prohibió muy farruco la entrada de aviones estadounidenses con migrantes colombianos deportados, exigiendo un «protocolo de tratamiento digno».
La respuesta de Trump fue contundente: amenazó con imponer aranceles del 25% a todos los productos colombianos, con la posibilidad de aumentarlos al 50% en una semana.
Apenas 24 horas después, el gobierno colombiano se la envainó.
En un comunicado, la Casa Blanca anunció que Colombia había aceptado «todos los términos del presidente Trump«, incluyendo la recepción de deportados en aeronaves militares estadounidenses «sin limitaciones ni demoras».
Este episodio ha dejado en evidencia la fragilidad de la posición latinoamericana frente a las presiones de Washington.
Sandra Borda, experta en relaciones internacionales de la Universidad de los Andes, comentó: «El reclamo de Petro a Trump pudo haber sido legítimo, pero creo que subestimó la capacidad de respuesta y la determinación del gobierno estadounidense».
La capitulación de Petro ha tenido un efecto dominó en otros países de la región:
- México: La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que ya han recibido unos 4.000 migrantes deportados, en su mayoría mexicanos. El gobierno mexicano ha optado por una postura de colaboración, fortaleciendo sus redes consulares en EE.UU. y preparando un plan de contingencia para recibir a los deportados.
- El Salvador: El presidente Nayib Bukele ha mostrado una actitud más conciliadora. Se ha revelado que su gobierno está negociando un acuerdo de «tercer país seguro» con EE.UU., que permitiría deportar a El Salvador a migrantes de otras nacionalidades.
- Guatemala: Las autoridades guatemaltecas han confirmado la llegada de 265 deportados en tres vuelos, dos de ellos operados por militares estadounidenses.
- Brasil: El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva ha protestado por el trato «humillante» a los deportados brasileños, que llegaron esposados y encadenados al aeropuerto de Manaos.
La amenaza de sanciones económicas ha demostrado ser una herramienta efectiva para la administración Trump. El caso colombiano es particularmente ilustrativo: EE.UU. es el principal socio comercial de Colombia, y las exportaciones a ese país representan casi una cuarta parte del total.
Ajay Banga, presidente del Banco Mundial, advirtió sobre las consecuencias de estas medidas: «He lidiado con él [Trump] en el pasado. Es un hombre muy práctico, entiende los números, entiende el apalancamiento y entiende las ventajas».
Perspectivas a futuro
La claudicación de Petro ha sentado un precedente que podría debilitar la posición negociadora de otros países latinoamericanos.
Marco Rubio, nuevo Secretario de Estado de EE.UU., ha dejado claro que la prioridad en las relaciones con el hemisferio occidental será «la seguridad de nuestras fronteras, el fin de la migración ilegal y desestabilizadora, y la negociación de la repatriación de inmigrantes ilegales».
Esta postura se verá reflejada en la gira que Rubio realizará esta semana por El Salvador, Guatemala, Costa Rica, República Dominicana y Panamá.
