La República Dominicana se ha convertido en los últimos años en el epicentro de las sospechas sobre desvío y blanqueo de capitales procedentes de España, especialmente ligados a tramas políticas y empresariales.
El caso más sonado es el que involucra a figuras relevantes del PSOE, como el exministro José Luis Ábalos, y al empresario Víctor de Aldama, pero no es el único.
Las investigaciones en curso han puesto el foco sobre un entramado donde confluyen intereses políticos, judiciales y económicos, utilizando al país caribeño como plataforma financiera y refugio para fondos opacos.
Son varios los factores que explican por qué la República Dominicana ha escalado posiciones como destino predilecto para operaciones dudosas:
- Baja tributación y fiscalidad laxa, lo que facilita la creación de sociedades instrumentales y movimientos de capital difíciles de rastrear.
- Colaboración judicial limitada o matizada, según señalan agentes de la Unidad Central Operativa (UCO), lo que obstaculiza la labor de las autoridades españolas.
- Opacidad bancaria y financiera, con sistemas poco transparentes que permiten ocultar la titularidad real de cuentas y activos.
- Un flujo creciente de inversiones inmobiliarias, especialmente en propiedades de lujo, que sirven para canalizar fondos presuntamente ilícitos.
Estos ingredientes han convertido a la isla en un auténtico “paraíso” para quienes buscan mover grandes sumas sin levantar sospechas inmediatas.
El caso Koldo-Aldama: mascarillas, comisiones y fondos caribeños
El mayor escándalo reciente vinculado a esta dinámica es el conocido como “caso Koldo”. Tras la pandemia, la empresa Pronalab, relacionada con el empresario Víctor de Aldama, gestionó contratos millonarios para suministrar material sanitario al Estado español. La Guardia Civil sitúa a Aldama como cerebro financiero que usó la República Dominicana para desviar parte del dinero público cobrado a través de comisiones ilícitas.
- Testimonios recogidos por la UCO revelan envíos regulares de efectivo a través de intermediarios. Se han documentado entregas en metálico –como dos tandas de 10.000 dólares–, transferencias bancarias y creación de empresas pantalla.
- El dinero terminaba en cuentas dominicanas o se invertía directamente en activos inmobiliarios. Posteriormente, podía ser “repatriado” a España o blanqueado mediante operaciones comerciales ficticias.
Los mensajes intervenidos por la Guardia Civil muestran cómo se intentaba borrar cualquier rastro digital tras cada operación. Los implicados solicitaban explícitamente eliminar comunicaciones que pudieran ser comprometedoras.
Subvenciones públicas bajo sospecha
El seguimiento realizado por algunos diputados ha destapado una cascada llamativa de subvenciones oficiales desde España hacia entidades dominicanas:
- Más de 30 transferencias públicas desde la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID) a fundaciones, organismos oficiales e incluso ayuntamientos dominicanos.
- Partidas destacadas: 610.000 euros a una fundación educativa sin contraprestación clara, 350.000 euros al Ministerio de la Mujer dominicano, 250.000 euros a la Policía Nacional Dominicana o ayudas directas al Consejo del Poder Judicial del país caribeño.
- Entidades agrarias, estadísticas o municipales han sido también receptoras habituales.
Este flujo inusual ha despertado recelos en la UCO sobre si parte del dinero público podría estar siendo canalizado hacia estructuras opacas o utilizadas como tapadera para otras operaciones menos limpias.
Viajes secretos y vínculos personales
Otro elemento recurrente son los frecuentes viajes a República Dominicana por parte de altos cargos socialistas –algunos realizados en aviones oficiales Falcon– y empresarios vinculados a tramas investigadas:
- La Guardia Civil detectó desplazamientos reiterados durante los años clave del reparto irregular de contratos públicos.
- En algunos casos, los investigados justificaron sus viajes alegando motivos personales o turísticos (“me gusta el tema de los puros”, llegó a declarar uno ante el juez), pero los indicios apuntan a movimientos coordinados para supervisar inversiones o recoger efectivo.
- Estas visitas coinciden temporalmente con grandes transferencias financieras investigadas por las autoridades españolas.
La sombra persistente sobre exdirigentes socialistas
Más allá del caso Ábalos-Aldama, otras figuras históricas del PSOE aparecen en investigaciones periodísticas como beneficiarios del régimen fiscal dominicano o titulares de doble nacionalidad:
- Nombres como José Bono o José Luis Rodríguez Zapatero han sido señalados en reportajes por sus vínculos personales o patrimoniales con República Dominicana.
- La doble nacionalidad facilita movimientos bancarios discretos y adquisición de propiedades sin levantar alertas inmediatas en España.
La respuesta judicial: entre el archivo y la sospecha
A pesar del volumen mediático e indiciario, hasta ahora los tribunales españoles han archivado las denuncias formales contra ministros actuales o altos cargos socialistas por falta de pruebas concluyentes:
- El Tribunal Supremo ha desestimado varias denuncias porque solo se apoyaban en declaraciones periodísticas o listados sin fundamento documental sólido.
- Los jueces han recalcado la ausencia “de indicio mínimamente fundado” y han recordado que una tabla casera con supuestos datos bancarios no constituye prueba legalmente válida.
- Sin embargo, las pesquisas policiales siguen abiertas sobre otros actores secundarios –empresarios interpuestos– y operaciones financieras concretas aún por esclarecer.
Un fenómeno transversal: no solo políticos
Cabe destacar que este tipo de operativa no es exclusiva del ámbito político. Otras tramas vinculadas al narcotráfico gallego o fraudes internacionales también han utilizado República Dominicana como vía para blanquear beneficios ilícitos.
Claves actuales sobre el fenómeno
- El auge reciente responde tanto a factores estructurales (fiscalidad baja, opacidad) como coyunturales (pandemia, incremento del control europeo).
- Hay una creciente cooperación entre las fiscalías española y dominicana, aunque limitada por diferencias legales.
- El tema sigue generando debate político intenso en Madrid, especialmente tras cada viaje oficial o sospecha mediática ligada al Caribe.
En definitiva, República Dominicana se ha consolidado como punto neurálgico para el desvío y lavado de dinero procedente tanto del sector público español como del privado. Aunque los tribunales aún no han encontrado pruebas definitivas contra los principales nombres políticos implicados, las investigaciones abiertas muestran un patrón claro: el país caribeño ofrece todas las facilidades para quienes buscan dar una segunda vida –y un nuevo nombre– a fondos cuya procedencia original resulta difícilmente justificable.
