Un mensaje breve y contundente, pero lleno de urgencia.
Así fue como José Jerí, presidente interino de Perú, anunció la implementación del estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao.
Desde la medianoche de este miércoles, la capital y su puerto principal estarán bajo esta medida excepcional durante 30 días, con el compromiso de detener la creciente violencia e inseguridad que ha puesto a prueba a la sociedad peruana.
La delincuencia ha ido en aumento en los últimos años.
Las cifras son claras: el 59% de los peruanos identifica la inseguridad como el principal problema del país, según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática.
Este dato refleja el descontento social ante una situación crítica, donde la violencia se ha vuelto parte del día a día en calles, comercios e incluso en el transporte público.
El estado de emergencia declarado por José Jerí no es un hecho aislado en la historia reciente del Perú.
Durante el gobierno de Dina Boluarte, se adoptaron medidas similares que no lograron disminuir significativamente la criminalidad. La diferencia ahora, según señala el propio Jerí, radica en el enfoque: “Pasamos de la defensiva a la ofensiva en la lucha contra el crimen, una lucha que nos permitirá recuperar la paz, tranquilidad y confianza de millones de peruanos”.
Desde el discurso oficial se enfatiza que esta estrategia será más concreta, con acciones palpables y no solo palabras vacías. No obstante, tanto los ciudadanos como los analistas mantienen ciertas reservas. El presidente ha optado por proyectar una imagen autoritaria, participando activamente en operativos policiales y visitando cárceles; sin embargo, aún no se han especificado los mecanismos concretos que diferenciarían esta iniciativa de intentos anteriores.
El decreto de emergencia, respaldado por el Consejo de Ministros, prevé una intervención conjunta entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Estas instituciones patrullarán las calles para restablecer el orden y enfrentar a los delincuentes. También se han establecido restricciones para las motocicletas con dos ocupantes y un refuerzo en el control carcelario, donde se sospecha que se planean muchos delitos graves.
Entre las medidas anunciadas se encuentran:
- Prohibición de circulación con dos personas en motos lineales.
- Aumento del patrullaje policial y militar en áreas críticas.
- Limitaciones en las visitas a centros penitenciarios y eliminación de antenas de telecomunicaciones ilegales.
- Compra de nuevos vehículos y equipamiento para fortalecer a la Policía Nacional.
El estado de emergencia implica suspender ciertos derechos constitucionales como la libertad de tránsito, reunión y seguridad personal. Esto ha generado inquietud entre sectores sociales y gremios, especialmente aquellos que dependen del trabajo nocturno como el artístico o gastronómico. Por ahora, no se contempla un toque de queda; sin embargo, el Ejecutivo no descarta su aplicación si las circunstancias empeoran.
Violencia en Perú: cifras, tendencias y consecuencias
La ola de violencia que justifica esta declaración tiene múltiples facetas. Las extorsiones han afectado gravemente al transporte urbano; solo en 2025, al menos 180 conductores y cobradores han sido asesinados tras negarse a pagar cuotas a mafias locales. También músicos y artistas han sido atacados; un ejemplo reciente es el asesinato de miembros de una agrupación musical en Callao. La criminalidad organizada ha penetrado profundamente en la sociedad, perjudicando no solo la economía sino también la vida cotidiana de miles.
El aumento violento responde a factores complejos: debilitamiento institucional, escasez de recursos para las fuerzas del orden público, corrupción y expansión de redes criminales operativas desde las cárceles. Las zonas más afectadas como Callao han visto un incremento alarmante en extorsiones y homicidios; esto ha llevado a alcaldes a exigir medidas urgentes al gobierno central.
Incluso el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, ha admitido que los estados de emergencia anteriores no han logrado cumplir con las expectativas generadas. “No queremos repetir lo mismo que se ha hecho durante estos años”, comentó subrayando la necesidad urgente de evitar respuestas automáticas e implementar estrategias verdaderamente innovadoras.
Los expertos advierten que sin un enfoque integral que combine seguridad con prevención y justicia social, estas medidas podrían caer simplemente en una represión temporal. La presencia militar en las calles suscita inquietudes sobre posibles excesos o abusos al controlar protestas sociales, algo ya visto anteriormente.
El desafío es mayúsculo: frenar la violencia sin pisotear derechos fundamentales ni avivar descontentos sociales.
