Venezuela vive una paradoja. A poco más de un mes de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, su sucesora temporal, Delcy Rodríguez , asegura que el país celebrará “elecciones libres y justas”. Sin embargo, evita precisar cuándo y bajo qué condiciones. Su mensaje, lanzado desde los micrófonos de la cadena NBC, mezcla un tono de apertura democrática con un claro guiño al chavismo que todavía controla gran parte del aparato político y judicial del país.
“Absolutamente, sí”, dijo Rodríguez ante la consulta sobre una eventual elección presidencial, pero enseguida matizó: el calendario dependerá del “diálogo político interno”. En otras palabras, no habrá urnas sin consenso entre las élites que quedaron tras la caída de Maduro .
Cooperación o tutela
Washington respalda a Rodríguez, pero también monitorea cada paso de su gobierno interino. La propia mandataria admitió hablar de “trabajo conjunto” con la administración de Donald Trump , la misma que ordenó el arresto de Maduro en enero y ahora administra la venta de 50 millones de barriles de crudo venezolano . Según el secretario de Energía, Chris Wright, la operación ya generó más de 1.000 millones de dólares , dinero que será transferido a Caracas “para la reconstrucción social”. Rodríguez manifestó la cooperación, aunque se apresuró a negar cualquier pérdida de soberanía.
Aun así, su discurso evidencia contradicciones: agradece la supervisión de Washington, pero reivindica a Maduro como el presidente legítimo de Venezuela . Más aún, defiende su inocencia en las acusaciones de narcoterrorismo y lo describe como víctima de una persecución política.
Amnistía y cálculo político
Rodríguez intenta sostener su legitimidad con medidas simbólicas. Destacó la liberación de más de 800 presos, negando que se trate de una concesión exigida por EE.UU., sino de una “iniciativa venezolana”. Paralelamente promueve una ley de amnistía que abarcaría casos políticos desde 1999 y promete una “revisión profunda del sistema judicial”, institución que —según dice— “protege la paz del pueblo”, pese a haber servido durante años como herramienta de represión chavista.
El petróleo como moneda de poder
Mientras tanto, Rodríguez apuesta a transformar el país en “un gran productor de crudo como EE. UU. o Arabia Saudí”. Al presentar la nueva ley de hidrocarburos, negocio que se trata de una desnacionalización, aunque abre espacios a capital privado y reduce la carga fiscal del sector. “Venezuela quiere modernizar su modelo de gestión”, sostuvo, sin admitir el fracaso de las estatizaciones del chavismo.
Entre la transición y la continuidad
La presidenta interina intenta mostrarse como figura de consenso entre Washington y los herederos de Maduro. Sin embargo, su ambigüedad —prometer elecciones sin fecha, hablar de justicia mientras defiende a un detenido por narcoterrorismo, y dependiente de los ingresos controlados por EE.UU. — dibuja el retrato de una transición atada a la diplomacia extranjera ya las viejas lealtades del poder chavista .
“La justicia, la paz y las elecciones llegarán con diálogo”, repitió Rodríguez. Pero en Venezuela, donde el poder nunca se entrega por completo, el diálogo parece ser solo otra palabra para ganar tiempo .
