La mutualidad de funcionarios civiles del Estado (Muface) se enfrenta a una crisis sin precedentes tras el anuncio de Adeslas, la aseguradora líder en el sector, de no presentarse al nuevo concierto para el periodo 2025-2027.
Esta decisión, comunicada el 27 de diciembre de 2024, ha sacudido los cimientos del sistema sanitario que atiende a más de 1,5 millones de funcionarios y sus familiares en España.
Adeslas, que hasta ahora cubría cerca del 50% de los mutualistas de Muface, ha argumentado que su participación en el nuevo convenio le generaría pérdidas de aproximadamente 250 millones de euros en los próximos tres años. La compañía asegura que estas cifras han sido verificadas por una firma auditora de primer nivel, poniendo de manifiesto la gravedad de la situación financiera del modelo actual.
La decisión de Adeslas llega a pesar de que el Gobierno Sánchez había anunciado un incremento del 33,5% en la prima media por mutualista para el nuevo periodo.
Sin embargo, la aseguradora considera que este aumento es insuficiente para garantizar la viabilidad económica del servicio.
SegurCaixa Adeslas, controlada por Mutua Madrileña y CaixaBank, ha declarado que el modelo de Muface es «económicamente insostenible» tras años de déficit.
El abandono de Adeslas deja en una situación comprometida a cerca de medio millón de funcionarios que deberán buscar alternativas para su cobertura sanitaria.
Aunque la compañía ha expresado su disposición a colaborar en un periodo de transición, la incertidumbre se cierne sobre el futuro del modelo Muface.
Frente a esta crisis, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha alzado la voz exigiendo soluciones urgentes al Gobierno Frankenstein.
El sindicato mayoritario en las administraciones públicas reclama la renovación inmediata del concierto de Muface para poner fin a la incertidumbre que están padeciendo los mutualistas.
CSIF ha denunciado, además, situaciones de desatención médica que se están produciendo como consecuencia de esta crisis.
Según el sindicato, se están dando casos de aplazamiento de citas, pruebas e intervenciones, lo que ha llevado a la organización a presentar una denuncia ante el Defensor del Pueblo y el Congreso de los Diputados.
La situación se complica aún más considerando que las otras dos aseguradoras que participaban en el concierto actual, Asisa y DKV, aún no se han pronunciado sobre su participación en la nueva licitación.
El plazo para presentar ofertas finaliza el 15 de enero, lo que añade presión a un escenario ya de por sí tenso.
El Gobierno, por su parte, ha anunciado que tiene previsto promover una «amplia reflexión» sobre el modelo sanitario de Muface una vez que se conozcan las conclusiones del informe de sostenibilidad encargado a la AIREF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal).
Esta declaración ha sido recibida con cautela por CSIF, que advierte que cualquier reflexión debe ir dirigida a la mejora y fortalecimiento del modelo, no a su desaparición.
La crisis de Muface no solo afecta a los funcionarios civiles.
Adeslas ha confirmado que seguirá atendiendo a los funcionarios militares pertenecientes a Isfas (Instituto Social de las Fuerzas Armadas) y sus familias, así como a los beneficiarios de Mugeju (Mutualidad General Judicial), lo que supone un total de unas 652.000 personas.
El abandono de Adeslas pone de manifiesto las dificultades que enfrenta el modelo de colaboración público-privada en la sanidad española.
La compañía ha registrado pérdidas entre 2022 y 2024, una situación que considera «difícilmente asumible» y que, de continuar, podría comprometer su solvencia y futuro.
La incertidumbre generada por esta situación ya está teniendo consecuencias prácticas.
Según denuncias recogidas por CSIF, algunas clínicas han comenzado a pedir a los funcionarios que sufraguen de su propio bolsillo los gastos de los tratamientos si desean ser atendidos, creando un clima de inseguridad y alarma entre los mutualistas, especialmente entre aquellos con enfermedades crónicas o graves.
